Hace unos años, en un encuentro más político que científico, las ponencias de algunos lingüistas catalanes señalaban que una supuesta independencia de Cataluña podría suponer una amenaza para la supervivencia de la lengua catalana.
Según estos xenófobos con título académico, al declararse la independencia de Cataluña, los castellano hablantes pasarían a constituir un grupo minoritario y, por lo tanto, podrían reclamar un estatuto jurídico propio que protegiera sus derechos lingüísticos al estilo del que los nacionalistas reclamaron para sí durante la transición. La conclusión fue que concederles esa situación amenazaría la extensión y el predominio de la lengua catalana.
La anécdota, real, refleja muy bien en qué condiciones se encuentra de verdad la aparentemente calmada situación lingüística en Cataluña. Muchas personas creen que en esa región no sucede nada alarmante con los idiomas y que los castellano hablantes gozan de todos los privilegios, cuando no de una situación de superioridad con respecto al catalán.
En esta página aparecen de vez en cuando comentarios en el mismo sentido y que se sorprenden ante quienes criticamos la persecución que sufre el castellano en Cataluña. Se nos tacha a quienes tal afirmamos de desconocer la realidad, aunque la vivamos personalmente cada día en ciudades como Barcelona.
En los artículos El castellano, idioma de taxistas y en Hay que ser maleducado / S'ha de ser mal educat aparecen textos como los siguientes:
- “No os dejéis manipular en Cataluña cada uno habla y escribe como le da la real gana... no hay una Ciudad en España mas tolerante que Barcelona en todos los aspectos basta con darse una vuelta por la ciudad”
- “Soy bilingüe aunque mi lengua de uso habitual es el castellano. Vivo en Barcelona y te aseguro, querido amigo, que nunca, absolutamente nunca, me he sentido discriminado por el simple hecho de hablar en mi lengua.”
- “A veces parece que olvidamos que la lengua de aquí es ante todo el catalán.”
Desde hace años, la clase política y los medios catalanes se esfuerzan por hacer llegar el mismo mensaje al resto de España: en Cataluña no existe el menor problema lingüístico. Y así es… siempre que los castellano hablantes renuncien a ejercer sus derechos.
Para el nacionalismo y buena parte del socialismo, la víctima, la perseguida sigue siendo la lengua catalana. Sin embargo es bien curiosa la transformación que ha experimentado la práctica política nacionalista y sus reivindicaciones lingüísticas de un tiempo a esta parte. Ambas, medidas políticas y reivindicaciones, desvelan la falsedad del mensaje de la normalidad: hace unos años, los nacionalistas pedían la normalización lingüística en Cataluña, hoy la piden en España.
En la actualidad los nacionalistas y buena parte del PSC reivindican el uso de la lengua catalana en Madrid, en las instituciones, en Europa, quieren que sea enseñada en universidades de toda España, etc. Y ese no es un cambio casual. Acometer semejante salto cualitativo en la reivindicación requiere haber satisfecho de una manera sustancial las aspiraciones en el ámbito regional.
Después de décadas aplicando una eficaz legislación en materia lingüística basada en la discriminación positiva, ahora la operación de aislamiento del castellano en Cataluña transcurre por otros derroteros.
En primer lugar el nacionalismo niega la existencia del castellano considerado como una lengua propia de un país. En paralelo a la pretensión de negar la existencia de España como nación (se trataría, según ellos, de una “nación de naciones”, una suerte de mini ONU), los nacionalistas niegan una de sus señas de identidad: el idioma castellano (o español).
Este frente del nacionalismo suele estar a cargo de lingüistas y profesores de universidad en un intento de legitimar sus afirmaciones desde presupuestos supuestamente científicos.
Un buen representante de este frente pseudo científico es Albert Bastardas, profesor de Lingüística en la Universidad de Barcelona, quien sostiene que el castellano no es la lengua que se usa en España, el idioma propio de los españoles, sino tan solo una “lengua franca”, el idioma que unos y otros utilizamos para entendernos en nuestra ONU peninsular. Si no existiera el castellano, viene a decir, las distintas “naciones” que habitamos en esto que llamamos España no nos entenderíamos entre nosotros.
De este modo, el castellano deja de ser el idioma que hablamos todos en España para convertirse en lo que fue el latín de la baja edad media, o el inglés en las actuales relaciones internacionales, una especie de esperanto que nos hemos dado los distintos pueblos para uso común cuando tropezamos unos con otros en el “extranjero”, o sea, en el territorio que se extiende más allá de nuestras regiones.
Dice el profesor Bastardas:
“Aun pudiendo reconocer la lógica práctica de instaurar lenguas francas, de intercomunicación, entre colectivos lingüísticos que comparten un mismo Estado, una aplicación radical y excluyente de este principio puede conseguir la generalización del conocimiento de la lengua estatal en todo su territorio lingüísticamente diverso.”
El argumento es siniestro: “instaurar lenguas francas de intercomunicación entre colectivos lingüísticos que comparten un mismo Estado” es práctico, pero amenaza las lenguas verdaderamente “nacionales” ya que la “lengua franca” es conocida por más gente que las lenguas “nacionales”.
Este análisis permite a los nacionalistas dar el siguiente paso: si el castellano no existe más que como lengua franca, su uso fuera del ámbito de las “relaciones exteriores” supone una agresión. Lo argumenta de este modo nuestro maestro de la lingüística xenófoba:
“La actual prohibición de usar el catalán en los organismos centrales comunes resulta anacrónica y desfasada y lo único que consigue es, como reacción, el distanciamiento cognitivoemotivo de buena parte de la población de la entidad España.”
Esquerra Republicana escenifica en el Congreso con cada sesión de control al Gobierno esta “reacción”: o usted me deja hablar en catalán, aunque aquí solo cuatro conozcamos esa lengua, o mi conocimiento y mi emotividad resultarán dañados. Semejante estupidez permite legitimar la consiguiente reacción supuestamente defensiva ante la agresión: me distancio, todo lo “común” me es ajeno, me alejo, nada tengo que ver con quienes no me dejan hablar catalán en “los organismos centrales”.
Aquí ya nos hemos olvidado del carácter “práctico” de la supuesta lengua franca. Se trata simplemente de presentar al Gobierno español como culpable (“anacrónico, desfasado”) por usar el castellano en los mencionados organismos comunes y por atreverse además a hacer otro tanto en las regiones con una segunda lengua:
“En el caso español el Estado central no cumple las obligaciones que acabamos de mencionar ya que, contrariamente a reservar espacios y/o funciones exclusivas para las otras lenguas, otorga constitucionalmente un derecho de uso generalizado al castellano en todo el territorio bajo la soberanía estatal y obliga explícitamente a sus subestados -las comunidades autónomas- a reconocer también la oficialidad del castellano en sus instituciones.”
Otro teórico del lenguaje como categoría étnica, el profesor de la Universidad de Gerona Josep Serra, lleva el argumento hasta sus últimas, absurdas consecuencias. Según Serra, el catalán no sería solamente una lengua, la única posible, sino una garantía para el sistema democrático:
“En el caso de Catalunya, hay bastante consenso respecto a que cualquier propuesta tiene que partir de una plataforma en la que la lengua catalana sea una lengua vehicular. Esto significa que no tiene que ser entendida como lengua propia del sistema educativo en tanto que es lengua propia de un territorio, sino como la única forma de promover los derechos lingüísticos de todas las personas.”
Para el secesionismo avalado por universidades que valoran la identidad por encima de la razón, la conclusión es sencilla: el castellano debe desaparecer de Cataluña, donde la única lengua oficial ha de ser el catalán.
Así lo argumenta el lingüista Bastardas:
“Podría establecerse como hipótesis que, aunque el castellano continuara con su exclusiva función de lengua de intercomunicación entre los distintos colectivos lingüísticos en el marco español, éstos, en su nivel de gobierno, no tendrían que reconocer de forma obligada y automática como hasta ahora su estatus oficial.”
Los previos circunloquios, entre patéticos y ridículos, nos han conducido a una conclusión deseada y que es un hecho desde hace muchos años en Cataluña: el castellano no es allí una lengua en extinción pero está sometido al tenaz acoso del Gobierno autonómico y de los partidos nacionalistas. No ha desaparecido del habla de la gente porque incluso la irracionalidad tiene límites y la cordura termina imponiéndose a las más eficaces campañas cuando estas no responden a la realidad. Pero sí ha sido borrado prácticamente de las calles, donde la rotulación en castellano (o en los dos idiomas) es absolutamente minoritaria y no guarda la más mínima proporción con el número real de hablantes. Y no existe ya en las instituciones.
Albert Bastardas: Constituciones y lenguas
Josep Serra: La realidad lingüística catalana está cambiando
