Más racismo étnico-lingüístico
No hablan de raza. Hablan de lengua. Pero la han convertido en la manifestación de una nueva forma de racismo.
Contábamos hace pocos días una escandalosa historia referida al País Vasco, al tiempo que en la prensa de papel Xavier Pericay relataba un caso idéntico acaecido en Cataluña. No son los únicos:
"Me van a perdonar que insista: son unos canallas. Hace quince días les contaba el caso de una familia castellanohablante cuyos hijos, sordomudos, estaban siendo escolarizados en catalán en una escuela pública del Baix Llobregat, a pesar de las quejas de sus padres, sabedores de que estos niños sólo podrán progresar en el campo de la comunicación si en clase se les habla en el mismo idioma que en casa.
"También les indicaba entonces que ni siquiera los logopedas enviados expresamente por la Generalitat para asistir a estas criaturas se dignaban a hablarles en castellano. Pues bien, lo que podía haber sido una excepción, triste y miserable, pero una excepción al cabo, debe de ser la norma. Y es que el pasado domingo, en la sección donde la edición catalana del diario «El País» concentra la opinión del lector, aparecía una carta de una madre belga denunciando un caso calcado: el de su hija sorda, a la que la Generalitat no ofrece más que clases de logopedia en catalán, a pesar de que la lengua familiar de la niña es el castellano.
"Ante semejante despropósito -la Administración ha sugerido a la familia que se ponga a hablar catalán en casa, dado que la niña no puede aprender más que un idioma- la madre termina su carta preguntándose: «¿A quién se puede acudir?»
"Me temo que a nadie, señora. Basta leer el contenido de la carta que el Síndic de Greuges mandó al Defensor del Pueblo después de que este hubiera solicitado al Ministerio de Educación que la futura Ley Orgánica de Educación garantice el derecho a la libertad de opción lingüística en las aulas.
"Decía el Síndic Ribó, y lo ratificaba con su firma, que la ley de política lingüística, al tiempo que pretende «ayudar a normalizar la lengua propia de Cataluña», «garantiza el respeto escrupuloso a los derechos lingüísticos de todo el mundo». Ya ve, señora, a qué llama respeto escrupuloso alguien cuyo principal cometido es defender a los ciudadanos de Cataluña de cuantos agravios se les puedan causar. Y a qué llama derechos lingüísticos.
"Pero es que esta misma semana, Josep Vallcorba, subdirector de Lengua y Cohesión Social del Departamento de Educación de la Generalitat -es decir, alguien que, por su cargo, debería ser especialmente sensible a las prácticas de esos logopedas-, declaraba a Europa Press que su departamento está ultimando la redacción de un decreto para reforzar la presencia del catalán en las aulas.
"Según el subdirector, aún quedan focos de resistencia en el sistema educativo, escuelas e institutos donde se sigue usando el castellano en clase, y esto no puede ser. Como no puede ser -insiste Vallcorba- que algunos alumnos acaben la secundaria y no dominen el catalán. Sobre el dominio que estos u otros alumnos tienen del castellano nada dice el subdirector, por supuesto. Al fin y al cabo, el castellano no es la lengua de la escuela.
"Y, aunque el decreto no se hará público hasta dentro de un par de meses, y no se aplicará hasta el próximo curso, sus líneas maestras parecen bien definidas. En unas jornadas sobre inmersión lingüística celebradas en Barcelona en noviembre de 2004, el propio Vallcorba ya había dado una pista certera sobre las intenciones de su departamento: «No basta con que toda la enseñanza se haga en catalán: debemos recuperar el patio, el pasillo, el entorno».
"O sea, el problema ya no es la aplicación de una ley que ha permitido -con los votos de todas las fuerzas parlamentarias catalanas, excepto ERC y PP- convertir el catalán en la única lengua de la enseñanza; el problema es la necesaria expansión de esta ley fuera incluso de los dominios que se supone que le son propios. El patio, el pasillo, el entorno.
"Paso a paso, pues, hasta dejar atrás el ámbito de lo público y meterse de lleno en la esfera privada de cada cual. En este sentido, nada hay tan ejemplar como la solución dada por el departamento de Educación al caso de estas criaturas sordomudas: como el castellano está prohibido en la escuela y el niño o la niña no pueden aprender más que un idioma, que la familia se ponga a hablar catalán en casa.
"Sí, paso a paso. Y sin que nadie les pare." Xavier Pericay, Canallas.
En episodios anteriores:
DE: http://www.tolerancia.org/
Por los derechos de los Ciudadanos
Según reza la definición institucional, "El Síndic de Greuges (Síndico de Agravios) de Cataluña es la Institución que defiende los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos. Con esta finalidad, supervisa la actuación de la Administración de la Generalitat y de los entes locales de Cataluña".
La Ley 14/1984 de 20 de marzo, del Síndic de Greuges, modificada por la ley 12/1989, de 14 de diciembre, en su artículo 4, dice que éste ha de cooperar con el Defensor del Pueblo y coordinar con él sus funciones propias.
Por eso, causa sorpresa que su actual titular, Rafael Ribó, arremetiera, en un comunicado del miércoles, día 5 (El País, 6-9-05), contra Enrique Múgica (Defensor del Pueblo), por haber dicho que percibe –a través de las numerosas quejas que recibe la Institución de la que es titular– "una progresiva minoración de las libertades y derechos lingüísticos de quienes optan por el uso del castellano, entre otros, en el ámbito educativo".
Parecería lógico que el Sr. Ribó se hubiera puesto en contacto –avergonzado– con el Defensor para interesarse por esas denuncias de ciudadanos del territorio que es de su competencia y, antes de hacer un comunicado, hubiera investigado el fundamento de las mismas. Pero no. Se contenta con afirmar que sus informes anuales recogen las quejas sobre derechos lingüísticos y que la mayoría tratan de la falta de respeto al uso del catalán.
Eso sí que tiene su lógica. Al fin y al cabo él ha aceptado garantizar, desde su cargo, "el derecho a vivir plenamente en catalán"(sic) y respaldar la existencia de las llamadas "Oficines de Garanties Lingúístiques (OGL)". Estas "oficinas" tienen como finalidad facilitar el mecanismo de denuncia (incluso de forma anónima) contra los establecimientos comerciales que no tienen los rótulos, los bares y restaurantes que no tienen las cartas en la lengua "nacional", o adolecen de personal capacitado para atender a los clientes en catalán. Se pusieron en marcha a principios de febrero de 2005, y la Administración se ufana de haber recibido 928 quejas en el primer semestre. Actúan inmediatamente, enviando a un inspector que informa –al denunciado– que dispone de 15 días para corregir el delito lingüístico. Una vez finalizado dicho periodo, le aplican una sanción económica. ¿Le resulta raro que quien es o se considera víctima de esta política no acuda a él?
El Tribunal Constitucional se pronunció en diciembre de 1994 sobre algunos aspectos de la Ley de Normalización Lingüística y consideró constitucional el modelo que ella consagraba: el de "conjunción lingüística"; es decir, enseñanza en (no solamente de) los dos idiomas oficiales. La inmersión lingüística –única lengua vehicular el catalán–, que se practica en los centros docentes de Cataluña, adquiere rango de ley en enero de 1998 (con la Ley de Política Lingüística) y desafortunadamente nunca llegó al TC. Siento corregir al Sr. Ribó, al que invito a comprobar estas aseveraciones. También le invito a que se lea el artículo 21.2 de esa restrictiva (sólo para los castellanohablantes) ley de Política Lingüística. En él, se contempla el derecho de los niños a ser educados, en la primera etapa, en su lengua materna; derecho que es sistemáticamente conculcado, ya que en los impresos de preinscripción y matriculación no figura información al respecto, por lo que los padres y tutores desconocen la existencia del mismo. Para el curso que acaba de empezar, tampoco el modelo oficial de preinscripción incluyó la posibilidad de que los padres pudieran ejercer ese derecho, dándose el agravante de que ha habido dos sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 14 de septiembre de 2004 y 17 de febrero de 2005 en las que se condenó a la Administración, conminándola a preguntar a los padres sobre la lengua habitual del alumno para que éstos pudieran elegir libremente el idioma de su primera enseñanza.
Por otro lado, si el Proyecto de Nou Estatut sólo contempla el derecho de todos los alumnos de Cataluña a ser educados en catalán, parece justo y equitativo que el Defensor del Pueblo –que vela por el derecho de todos, sin distinción– solicite al MEC que en la LOE se contemple el derecho paralelo de todo alumno a ser educado en la lengua común en cualquier punto del territorio nacional. ¿Qué de malo hay en ello? La petición no va contra los derechos de nadie; más bien protege el de todos.
Por todo esto, rogaría al Síndic de Greuges que reflexionara sobre su precipitado comunicado y se sumara a las investigaciones del Defensor, así como a su razonable petición. Si no es capaz de establecer la distancia debida entre lo que pueden ser sus preferencias lingüísticas personales y su deber de proteger a todos los ciudadanos de Cataluña, por igual, de los posibles abusos de la Administración, sería más honrado que dimitiera.
Marita Rodríguez, Presidenta de la Asociación por la Tolerancia
Barcelona, 6 de octubre de 2005
Publicado por: A.T. | lunes 17 de octubre de 2005 a las 17:03