¿Hasta dónde está dispuesto este Gobierno de socialistas nacionalistas (y sus no menos etnicistas socios) a llevar el recorte de derechos civiles?
En otros tiempos la izquierda presumía de eslóganes del tipo “socialismo y libertad”. Luego vino lo del muro y la perestroika. Gorbachov empezó a levantar alfombras y una nube pestilente, nauseabunda, cubrió las conciencias de quienes, in illo tempore, habíamos agitado banderas rojas.
Fue la primera vez que nos tropezamos con el palabro oxímoron. Socialismo y libertad. Y el ejemplo que utiliza la Real Academia Española de la Lengua para explicarlo parece pensado para las presentes circunstancias: silencio atronador. Como el que nos aguarda si las maniobras del Gobierno y sus socios conocen el éxito.
En la operación para limitar el derecho a la información y la libertad de opinión so pretexto de construir para los ciudadanos una España mejor (¿dónde he oído antes la palabra paraíso?), la avanzadilla corrió a cargo de Izquierda Unida, que presentó el curso pasado en las Cortes un proyecto de ley destinado única y exclusivamente a amordazar a los periodistas y a acabar con el derecho a la informacion de los ciudadanos. Lo llamaron “estatuto del periodista” y es un proyecto de corte franquista, o mussoliniano, que deja en manos del poder el control de la información.
Luego vino una oscura reglamentación de la publicidad institucional para evitar que las instituciones de la administración central, autonómica y local puedan comprar espacios publicitarios donde mejor les parezca, de modo que se corte el flujo de publicidad institucional a los medios que no jalean al Gobierno.
El siguiente episodio de esta operación de acoso fue la redacción del estatuto catalán, llamado a ser el germen de la futura nueva constitución española si no sabemos evitarlo entre todos. El texto que todos los partidos menos el PP admitieron a trámite en las Cortes establece la prevalencia de los intereses generales sobre el derecho a la información. Pero deja claro que quien define esos intereses es el poder.
Luego vino lo que denominan “campaña de catalanofobia”, un invento del nacionalismo para justificar sus propios excesos y sobre todo para intentar amordazar a los críticos so pena de excomunión. Para los nacionalistas y para los socialistas nacionalistas, es decir, para todos los socialistas con mando en plaza y escaño en Cortes, la crítica política no es lícita y quienes la hacen son enemigos de los catalanes y enemigos de la democracia (otra expresión que suena, incluso huele... a franquismo).
El penúltimo paso es la operación para acabar con una cadena de emisoras de radio, la COPE, crítica con el poder, utilizando para ello los instrumentos de la propia administración, paso necesario para culminar con éxito la permanente del puerco espín. Los pequeños anunciantes y algunos no tan pequeños huyen de las emisoras de la COPE en Cataluña tras una campaña de amenazas digna de las SA instigada por los nacionalistas y los socialistas nacionalistas. Eso sí, los promotores de la crispación, el enfrentamiento y el boicot somos los demás.
El final de este proceso es muy sencillo: tú, que has tenido la amabilidad de leer hasta aquí, vas a perder el derecho a ver, escuchar y leer lo que quieras. Vas a perder el derecho a opinar libremente.
