"Todas las lenguas oficiales en el Estado son igualmente españolas y merecedoras de protección institucional como patrimonio compartido, pero sólo una de ellas es común a todos, oficial en todo el territorio nacional y por tanto sólo una de ellas –el castellano- goza del deber constitucional de ser conocida y de la presunción consecuente de que todos la conocen."
El Manifiesto por la Lengua Común presentado por un grupo de intelectuales encabezados por Mario Vargas Llosa y Albert Boadella es un cúmulo de obviedades que en España se han convertido en motivo de reivindicación:
- “Son los ciudadanos quienes tienen derechos lingüisticos, no los territorios ni mucho menos las lenguas mismas. O sea: los ciudadanos que hablan cualquiera de las lenguas co-oficiales tienen derecho a recibir educación y ser atendidos por la administración en ella, pero las lenguas no tienen el derecho de conseguir coactivamente hablantes ni a imponerse como prioritarias en educación, información, rotulación, instituciones, etc… en detrimento del castellano (y mucho menos se puede llamar a semejante atropello “normalización lingüística”).”
- “En las comunidades bilingües es un deseo encomiable aspirar a que todos los ciudadanos lleguen a conocer bien la lengua co-oficial, junto a la obligación de conocer la común del país (que también es la común dentro de esa comunidad, no lo olvidemos). Pero tal aspiración puede ser solamente estimulada, no impuesta.”
¿Hasta qué grado de corrupción política hemos llegado en nuestro país para que semejantes obviedades hayan de convertirse en objeto de reclamación ciudadana? ¿Hasta qué nivel de degradación nos ha conducido el socialismo nacionalista (o el nacionalismo socialista), que convierte en necesidad ciudadana la reivindicación de la lengua del propio país?
Hasta ahora se han sumado al Manifiesto por la Lengua Común, entre otros:
| Plácido Domingo | Ana María Matute | Cayetano Rivera |
| Luis Aragonés | Antonio López | Margarita Salas |
| Iker Casillas | Luis A. de Villena | J. Velarde Fuertes |
| Santiago Grisolía | César Nombela | Oscar Pereiro |
| Pedro Delgado | Enrique Cerezo | Angel Nieto |
| Carmen Iglesias | Ana María Matute | Antonio Mingote |
| F. Rodríguez Adrados | Gregorio Salvador | Manuel Seco |
| E. García de Enterría | Raúl Rivero | Jesús Ferrero |
| J.J. Armas Marcelo | M. García-Posada | Iñaki Ezquerra |
| F. García de Cortázar | Pedro M. Lamet | Gonzalo Anes |
| M. Fernández Alvarez | V. Palacio Atard | Alberto Schommer |
| Miquel Navarro | Agustín Ibarrola | Kosme de Barañano |
| Eduardo Serra | R. Gómez Baeza | El Lebrijano |
| Emilio Gutiérrez Caba | Claudio Boada | Adolfo Suárez Illana |
| Abraham García | Purificación García | Roberto Verino |
| Luis Francisco Esplá | Joselito | Manuel Toharia |
| Joaquín Araújo | Javier Imbroda | Fonsi Nieto |
| Alfonso Reyes | Quique Setién | Gregorio Manzano |
| PSOE de Vélez Málaga | CEOE | Miguel Delibes |
| Ramiro Pinilla | Andrés Amorós | Fanny Rubio |
Se han sumado asimismo las cadenas de televisión Telecinco, Telemadrid, Intereconomia TV, Libertad Digital TV, la cadena COPE, los periódicos El Mundo y ABC, la Mesa del Turismo y todos los sindicatos de la Policía y de la Guardia Civil. Montserrat Caballé ha aprovechado la aparición del Manifiesto por la Lengua Común para declarar:
"Soy española de pura cepa, pese a quien pese (...) nacida en una ciudad espléndida como es Barcelona, en la región de Cataluña (...) Mis padres, que eran muy sabios, siempre me recordaban que en España hay muchas lenguas pero la lengua de España es la española" (Montserrat Caballé: 'Soy española de pura cepa, pese a quien pese')
Puede adherirse al Manifiesto por la Lengua Común en:
Más información sobre la persecución lingüística de los castelllanohablantes en España:
- Lenguas
- ¿Podrá estudiar mi hija en castellano en el País Vasco?
- Los ultras y la desaparición del catalán
- Galicia, hacia el totalitarismo lingüístico
Extractos del Manifiesto por la Lengua Común:
Todas las lenguas oficiales en el Estado son igualmente españolas y merecedoras de protección institucional como patrimonio compartido, pero sólo una de ellas es común a todos, oficial en todo el territorio nacional y por tanto sólo una de ellas –el castellano- goza del deber constitucional de ser conocida y de la presunción consecuente de que todos la conocen. Es decir, hay una asimetría entre las lenguas españolas oficiales, lo cual no implica injusticia (?) de ningún tipo porque en España hay diversas realidades culturales pero sólo una de ellas es universalmente oficial en nuestro Estado democrático. Y contar con una lengua política común es una enorme riqueza para la democracia, aún más si se trata de una lengua de tanto arraigo histórico en todo el país y de tanta vigencia en el mundo entero como el castellano.
Son los ciudadanos quienes tienen derechos lingüisticos, no los territorios ni mucho menos las lenguas mismas. O sea: los ciudadanos que hablan cualquiera de las lenguas co-oficiales tienen derecho a recibir educación y ser atendidos por la administración en ella, pero las lenguas no tienen el derecho de conseguir coactivamente hablantes ni a imponerse como prioritarias en educación, información, rotulación, instituciones, etc… en detrimento del castellano (y mucho menos se puede llamar a semejante atropello “normalización lingüística”).
En las comunidades bilingües es un deseo encomiable aspirar a que todos los ciudadanos lleguen a conocer bien la lengua co-oficial, junto a la obligación de conocer la común del país (que también es la común dentro de esa comunidad, no lo olvidemos). Pero tal aspiración puede ser solamente estimulada, no impuesta. Es lógico suponer que siempre habrá muchos ciudadanos que prefieran desarrollar su vida cotidiana y profesional en castellano, conociendo sólo de la lengua autonómica lo suficiente para convivir cortésmente con los demás y disfrutar en lo posible de las manifestaciones culturales en ella. Que ciertas autoridades autonómicas anhelen como ideal lograr un máximo techo competencial bilingüe no justifica decretar la lengua autonómica como vehículo exclusivo ni primordial de educación o de relaciones con la administración pública. Conviene recordar que este tipo de imposiciones abusivas daña especialmente las posibilidades laborales o sociales de los más desfavorecidos, recortando sus alternativas y su movilidad.
Ciertamente, el artículo tercero, apartado 3, de la Constitución establece que “las distintas modalidades lingüísticas de España son un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección”. Nada cabe objetar a esta disposición tan generosa como justa, proclamada para acabar con las prohibiciones y restricciones que padecían esas lenguas. Cumplido sobradamente hoy tal objetivo, sería un fraude constitucional y una auténtica felonía utilizar tal artículo para justificar la discriminación, marginación o minusvaloración de los ciudadanos monolingües en castellano en alguna de las formas antes indicadas.
Por consiguiente los abajo firmantes solicitamos del Parlamento español una normativa legal del rango adecuado (que en su caso puede exigir una modificación constitucional y de algunos estatutos autonómicos) para fijar inequívocamente los siguientes puntos:
1. La lengua castellana es común y oficial a todo el territorio nacional, siendo la única cuya comprensión puede serle supuesta a cualquier efecto a todos los ciudadanos españoles.
2. Todos los ciudadanos que lo deseen tienen derecho a ser educados en lengua castellana, sea cual fuere su lengua materna. Las lenguas cooficiales autonómicas deben figurar en los planes de estudio de sus respectivas comunidades en diversos grados de oferta, pero nunca como lengua vehicular exclusiva. En cualquier caso, siempre debe quedar garantizado a todos los alumnos el conocimiento final de la lengua común.
3. En las autonomías bilingües, cualquier ciudadano español tiene derecho a ser atendido institucionalmente en las dos lenguas oficiales. Lo cual implica que en los centros oficiales habrá siempre personal capacitado para ello, no que todo funcionario deba tener tal capacitación. En locales y negocios públicos no oficiales, la relación con la clientela en una o ambas lenguas será discrecional.
4. La rotulación de los edificios oficiales y de las vías públicas, las comunicaciones administrativas, la información a la ciudadanía, etc…en dichas comunidades (o en sus zonas calificadas de bilingües) es recomendable que sean bilingües pero en todo caso nunca podrán expresarse únicamente en la lengua autonómica.
5. Los representantes políticos, tanto de la administración central como de las autonómicas, utilizarán habitualmente en sus funciones institucionales de alcance estatal la lengua castellana lo mismo dentro de España que en el extranjero, salvo en determinadas ocasiones características. En los parlamentos autonómicos bilingües podrán emplear indistintamente, como es natural, cualquiera de las dos lenguas oficiales. (Descargar manifiesto_por_la_lengua_comn.pdf)
¿Y los que critican el Manifiesto por la Lengua Común?
"Los «críticos» con el Manifiesto por la Lengua Común nos reprochan algo que el texto en cuestión no dice en ninguna parte: que el español esté en peligro y requiera de una defensa política. Pero ya es sabido que, en España, la forma más habitual de «criticar» una idea es tergiversarla todo lo posible.
"Repitamos algo que han entendido sin ninguna dificultad los más de ciento cincuenta mil ciudadanos que ya han firmado el Manifiesto, eso que Iker Casillas expresó mejor que docenas de supuestos «intelectuales críticos»: lo que el Manifiesto defiende es la libertad de elección de lengua en las comunidades españolas bilingües -y, por tanto, el bilingüismo voluntario-, y el valor insustituible de la disposición de una lengua común que saben -o sabían- la práctica totalidad de los ciudadanos de España.
"Eso es todo. Y es tan claro y evidente que más bien hay que preguntar a los disconformes qué es lo que proponen ellos. ¡Por diálogo y debate, que no quede!
"Insistamos: el Manifiesto reclama que se cumplan las previsiones constitucionales en materia de cooficialidad, progresivamente ignoradas en Cataluña, País Vasco, Galicia o Baleares, y que los ciudadanos allí residentes, habitual o temporalmente, puedan elegir en qué lengua quieren escolarizar a sus hijos y cuál prefieren para relacionarse con las instituciones, además de no ser discriminados con excusas lingüísticas cuando quieren acceder a un puesto de trabajo público o tener contratos con la administración, ver la televisión autonómica o, sencillamente, entender los impresos de hospitales y universidades. Es muy sencillo conseguirlo: basta con ofrecer una educación bilingüe y que los formularios, comunicaciones e indicadores públicos también lo sean.
"Los partidarios de las políticas de «normalización lingüística», que no son sino ataques a la democracia porque restringen libertades básicas y crean obligaciones arbitrarias, no son sólo nacionalistas. A estos, que simplemente no tienen remedio ni idea decente alguna sobre lo que es la democracia, se unen numerosos españoles con ideas políticas oportunistas o inexistentes, o sencillamente descabelladas. Comencemos por éstos.
"Algunas almas bellas sostienen que como el castellano o español disfruta de magnífica salud, no es necesario esfuerzo alguno para defenderlo, mientras que sí es necesario proteger legalmente a las lenguas cooficiales: catalán, gallego y eusquera.
"Estos espíritus simples se afilian a la tesis de que bastante castellano tienen ya en sus vidas los escolares catalanes, gallegos o vascos, de modo que lo aprenderán solitos de modo natural, mientras que todo el esfuerzo educativo debe centrarse en la lengua cooficial, que muchos ignoran porque no es la suya materna (y que muchos comienzan a detestar, aunque esta es otra historia).
"Confundir la adquisición espontánea de una lengua con su estudio es similar a creer que es igual contar con los dedos que saber matemáticas -y es una barbaridad, aunque la acepten Suso de Toro y otros semejantes-. Es, en definitiva, aceptar que el analfabetismo funcional en la lengua común es un gran progreso educativo.
"El PP se ha sumado en masa al Manifiesto; habrá que pedirle, pues, que rectifique los abusos lingüísticos de los que ha sido el principal responsable político cuando gobernaba en Galicia y Baleares, y los que se siguen cometiendo en Valencia. Pero, ¿qué hacemos con un PSOE que acaba de aprobar una resolución diametralmente opuesta al Manifiesto?
"Al menos habrá que decir bien alto y claro a los socialistas que su política se basa en una ficción jurídico-política impresentable, a saber, los «derechos» de las lenguas y de los territorios. Y falsos derechos impuestos, además, a costa de los únicos reales: los de las personas, contadas una a una.
"La perspectiva socialista sobre el problema del uso de las lenguas en la España bilingüe está mucho más cerca de las típicas del nacionalismo fascista que de otra cosa. Defender que la inmersión lingüística practicada en Cataluña, por ejemplo, resuelve problemas de convivencia porque impide que haya dos comunidades lingüísticas distintas es semejante a sostener que lo mejor es que haya un partido político único, porque así la sociedad estará menos dividida y las elecciones serían más armoniosas. Como en Cuba o en la España de Franco." C. Martínez Gorriarán, No son las lenguas, es la libertad.
A pesar de lo que pregonan los nacionalistas, el Manifiesto por la Lengua Común no es de izquierdas o derechas. Desde posiciones de izquierda, aunque ciertamente minoritarias dentro del actual PSOE etnicista, también se apoya esta iniciativa. Joaquín Leguina:
"El pasado 23 de junio, Fernando Savater presentaba junto a un grupo de intelectuales de ideología variopinta un Manifiesto por la Lengua Común que levantó, de inmediato, todo tipo de ronchas y descalificaciones. Pero no se produjo ni un solo argumento en su contra. Porque en España hace ya mucho tiempo que cuando algo no gusta no se exhiben razonamientos para contradecir lo afirmado por otros, no, se recurre al insulto o -entre los más finolis- al eslogan político descalificador.
"El diario zapaterista Público recibía el Manifiesto de esta guisa: «El nacionalismo español hace de nuevo política con las lenguas». Por su parte, Miquel Iceta, la nueva estrella rutilante del PSC, se limitó a señalar que el Manifiesto era «innecesario» y José Montilla (que es natural de Córdoba) afirmó que el Manifiesto incitaba a la «catalanofobia». Gran honestidad intelectual la de este charnego reconvertido en catalanista.
"En efecto, el PSC es un partido que, según Félix de Azúa, se parece cada vez más a la corte de Catalina la Grande.
"El aparato mediático del catalanismo lanzó 800 (sí, 800) artículos contra el Manifiesto, pero en ninguno de ellos se aludía a su contenido ni se argumentaba contra él.
"Las fuerzas localistas del nordeste de España, como un solo hombre, se dieron al insulto -esa práctica tan española-: «Ataque contra el catalán», «franquistas», «fachas», «españolistas de mierda», «miserables» (Jordi Sánchez), todo eso y más lindezas dijeron. Antoni Puigvert aseguró -él, tan moderado- que el Manifiesto rompía los últimos puentes entre Cataluña y España... Naturalmente, todos esos artículos estaban escritos y publicados en español, la lengua que, según estos atacantes, quiere asesinar al catalán... y, para guinda del pastel, lo de Jordi Pujol sonó como el Tambor del Bruc: «Combatir con decisión y confianza, sin miedo y sin respeto para quien no nos respeta», eso dijo el veterano y, ahora, radicalizado líder.
"Entretanto, las firmas de adhesión al documento escrito por Savater crecían, eso sí, movidas en parte por EL MUNDO, lo cual le vino de perlas a Rodríguez Zapatero, quien aprovechó que el Tormes pasa por Salamanca para sentar doctrina: «La derecha quiere apropiarse de la lengua común como antes lo intentó con la bandera común», dijo... y después de soltar semejante sandez, el actual presidente del Gobierno se fumó un puro.
"De poco vale que más del 50% de los catalanes prefiera el castellano como primera lengua porque el nacionalismo catalán y sus adláteres están dispuestos -así lo dice el nuevo Estatuto- a obligar a todos quienes pisen (o sobrevuelen) el territorio de Cataluña a hacerles aprender y obligarles a usar aquella lengua «propia». Ya se sabe: «La letra con sangre entra».
"Pero dejémonos de darle vueltas a la noria y recordemos, en primer lugar, que los poderes públicos -y desde luego el Gobierno de España- están obligados a guardar y hacer guardar la Constitución. Así lo han jurado o prometido todos ellos. Vayamos, pues, al grano.
"1. ¿Puede un profesor, nacido pongamos que en Valladolid, ir a trabajar a una universidad catalana dando sus clases en castellano? La respuesta es no. Por lo tanto, a ese profesor se le está privando de uno de sus derechos (el de usar el castellano) y el Gobierno de España no puede mirar para otro lado.
"2. ¿Puede un niño catalán que tenga como lengua materna el castellano ser escolarizado en ese idioma? La respuesta es no. Un derecho del que se le priva y que no puede dejar indiferente al Gobierno de España.
"3. ¿Puede un funcionario español trasladarse a trabajar a Cataluña sin haber aprendido antes concienzudamente el catalán? La respuesta es no.
"Y así podríamos seguir con los rótulos de las tiendas, los de las carreteras, con la expulsión de facto del castellano del Parlamento de Cataluña, con la exclusión de los escritores catalanes en castellano, pues sus obras -según los nacionalistas y sus abducidos del PSC- no pertenecen a la cultura catalana y por eso no se les permite acudir a la Feria de Fráncfort, etcétera.
"En resumen, el derecho a usar el castellano que la Constitución consagra no se puede ejercer en los foros públicos de Cataluña... y el Gobierno no puede mirar para otro lado diciendo -como dicen sus voceros- que reclamar estos derechos elementales es de derechas (al parecer, en estos nuevos tiempos todo lo que no sea aplaudir a ZP y sus ocurrencias es de derechas).
"Pero lo más peligroso -por irresponsable- del discurso de ZP y de sus conmilitones es que para ellos el nacionalismo periférico (vasco, catalán, gallego...) no existe y como no existe no puede hacer mal a nadie ni tener aspiraciones a la independencia. Por ejemplo, Convergencia Democrática de Cataluña, con Artur Mas a la cabeza, acuerda, imitando a Ibarreche, que su objetivo político es una «Cataluña Libre y Soberana»... y el Gobierno español no tiene nada que comentar.
"¿Por qué no hablamos claro de una vez? Los nacionalistas y sus adláteres detestan el bilingüismo en sus territorios, lo mismo que rechazan el oír hablar de un Estado Federal... y de poco vale ocultar esa verdad haciendo oídos sordos a los voceros nacionalistas que no se cansan de repetir: «Derecho a decidir», «independencia», «fuera el castellano» y otras muchas lindezas anticonstitucionales.
"Pero no es ésa -la de mirar para otro lado- una práctica que sólo concierna a este Gobierno. Sin ir más lejos, Aznar en 1997 se negó a recurrir la Ley de Política Lingüística de Pujol ante el Tribunal Constitucional, porque necesitaba los votos de CiU. Tampoco la recurrió el Defensor del Pueblo (Alvarez de Miranda), sobre quien se ejerció todo tipo de presiones para que no presentara recurso de inconstitucionalidad. Una ley que era y es anticonstitucional por los cuatro costados.
"El Estatuto aprobado el 18 de junio de 2006 (con un apoyo popular, simplemente, ridículo, que todo hay que decirlo) echa un par de paletadas más sobre el asunto:
"1) «Todas las personas en Cataluña tienen el derecho de utilizar y el deber de conocer las dos lenguas oficiales». Se establece así la obligatoriedad de dominar el catalán para todas las personas que vivan en Cataluña y
"2) «La lengua propia de Cataluña es el catalán. Como tal, el catalán es la lengua de uso normal y preferente de todas las administraciones públicas y de los medios de comunicación públicos en Cataluña, y es también la lengua normalmente utilizada como vehicular y de aprendizaje en la enseñanza».
"Si esto es constitucional, yo soy el obispo de Mondoñedo, pero sí es una discriminación contra los castellanohablantes. Y por serlo es también una discriminación para los menos dotados económica y socialmente, los inmigrantes del resto de España y sus descendientes. Estamos ante una descarada y consentida política que pretende tratar a los castellanohablantes como extranjeros en su propio país. «Si un español emigra a Inglaterra, lo que ha de hacer es aprender el inglés» es un argumento que los catalanistas suelen exhibir para exigir a todo el mundo en Cataluña el uso del catalán. Se olvidan -y no por casualidad- que un andaluz en Inglaterra es un extranjero, pero cuando se desplaza a Cataluña no sale de su propia nación.
"Las normas internacionales, por ejemplo, las de la Unesco, respecto a la enseñanza recomiendan una obviedad: los niños deben ser escolarizados en su lengua materna. Es tan paradigmático como penoso anotar cómo notables pedagogos catalanes han sacrificado estas elementales normas en el altar de su catalanismo.
"Pero no han sido sólo los pedagogos quienes han teorizado, practicado y ejecutado el ombliguismo catalanista. Muy representativos escritores también se han pronunciado en la misma dirección en lo tocante a la creación literaria. Veámoslo.
"En el número de julio y agosto de 1977 -inmediatamente después de las primeras elecciones democráticas y en vísperas del debate constitucional- la revista Taula del Canvi, catalanista de izquierdas, planteaba una pregunta a una serie de intelectuales antifranquistas de indudable valía (Salvador Espriu, Manuel de Pedrolo, Joaquín Molas, Antoni Comas...).
"El asunto se las traía desde la propia formulación de la pregunta, que era ésta:
"¿A los catalanes (de origen o radicación) que se expresen literariamente en lengua castellana hay que considerarlos como un fenómeno de conjunto que hay que liquidar a medida que Cataluña asuma sus propios órganos de gestión política y cultural?
"Antes de considerar las respuestas ha de tenerse en cuenta que a ese «fenómeno de conjunto» pertenecían -y pertenecen- los hermanos Juan, José Agustín y Luis Goytisolo, Vázquez Montalbán, Carlos Barral, Juan Marsé, Félix de Azúa, Eduardo Mendoza y un largo etcétera, amigos y compadres de quienes respondían así:
"Salvador Espriu: «Espero y deseo que sí».
"Manuel de Pedrolo: «No hemos de discutir a nadie el derecho a escribir en la lengua que quiera, pero nadie tiene derecho a convertir una lengua forastera en un arma de destrucción de la identidad del pueblo al cual pertenece o en el cual se inserta».
"Antoni Comas: «Como hecho colectivo, como fenómeno de conjunto, hay que liquidarlo a medida que Cataluña recupere su autonomía».
"Joaquín Molas: «Si las soluciones son las que deberían ser, los que utilizan la lengua castellana tenderían a desaparecer».
"Entre tanto ardor guerrero y exterminador destaca, por extraña, una propuesta razonable:
"Francesc Vallverdú: «La cultura catalana se puede manifestar y de hecho se manifiesta en diversas lenguas».
"Tan tempranas y amenazadoras manifestaciones de catalanismo identitario y arrasador deberían haber puesto en guardia, al menos, a dos entes políticos:
"1) A los inmigrantes llegados a Cataluña y, en general, a los castellanohablantes y a sus representantes políticos y
"2) A los partidos de ámbito nacional. Pero todos prefirieron mirar para otro lado, pensando, quizá, que la sangre no llegaría al río, que tales posiciones radicales, como otras muchas de entonces, se atemperarían en el marco constitucional que ya se estaba elaborando. Mas, fuera como fuera, el hecho fue que nadie quiso señalar unos límites, al menos intelectuales, a semejante desbarre.
"Dado que los artículos del Nuevo Estatuto referidos a la obligatoriedad de la lengua catalana están recurridos ante el Tribunal Constitucional (TC), conviene recordar aquí una sentencia de este Alto Tribunal; la del 26 de junio de 1986, cuando lo presidía Francisco Tomás y Valiente. En esa sentencia -contraria a la obligatoriedad de una lengua cooficial- se lee lo siguiente: «Pues el citado artículo (el 3 de la Constitución) no establece para las lenguas cooficiales ese deber (el de ser conocidas), sin que ello pueda considerarse discriminatorio».
"Cabría esperar que el TC se atuviera en este asunto a su propia jurisprudencia, mas, para decirlo todo, los miembros actuales del TC han demostrado sobradamente que no son ni Tomás Moro ante Enrique VIII ni Becket ante Enrique Plantagenet; se parecen más a los jueces obedientes y obsecuentes que pululaban por España no hace tantos años... y a los que convendría olvidar para siempre. En fin, que mi fe respecto a las actuales instituciones políticas y judiciales es descriptible, por eso estoy dispuesto a pelear contra las canalladas que se están perpetrando contra el derecho a usar el castellano y contra los canallas que las cometen o que las permiten." Joaquín Leguina, El reñidero español. El Mundo, 17.7.08 (€).
