Unos lo llaman “muerte digna”. Otros, "vida digna". Consiste en acabar con la vida. Y ahí no hacen demasiados distingos, da igual que se trate de la vida de un hombre de 90 años, o de la vida de su nieto, cuyo rostro el abuelo podría conocer en unos pocos meses si les permitieran vivir a ambos.
Las administraciones sanitarias regionales de Asturias y el País Vasco han puesto cifras a la destrucción de vidas humanas en sus respectivas provincias.
El veinte por ciento de los embarazos en el Principado de Asturias terminan en aborto. Dos de cada diez. En 2006 abortaron 6 de cada 10 adolescentes asturianas. En 1988 la tasa de embarazos en adolescentes se situaba en 351 por cada 1.000 embarazos. Hoy está en 604.
Entre la semana 13 y la 16 se llevaron a cabo el 6,35% de los abortos. El número de abortos entre las 13 y las 16 semanas se ha duplicado en el Principado en los últimos años.
El 97% de los abortos en Asturias se acoge al supuesto de la salud física o psicológica de la madre (La Nueva España).
En el País Vasco los medios del gobierno autonómico presumen de los “avances” de la sanidad pública regional:
Andalucía y Euskadi. Si una mujer no tiene pareja o es lesbiana y quiere ser mamá, conviene que su lugar de residencia sean estas dos comunidades autónomas, porque son las que tienen una interpretación más progresista de la ley sobre técnicas de reproducción asistida. Permiten fecundar a las mujeres solas y homosexuales en la sanidad pública (Deia).
Cada año, el Hospital de Cruces atiende a 1.400 mujeres en la unidad de reproducción asistida. El 30% de las mujeres que pasan por ese centro sanitario lo hacen para someterse a un proceso de reproducción asistida.
En el 70% de los casos de reproducción asistida practicada en este centro de referencia del País Vasco se recurre a la fertilización in vitro.
Todas estas cifras son oficiales y han sido facilitadas por los responsables de los centros. Ni los porcentajes referidos a Asturias, ni los que conciernen al País Vasco difieren gran cosa de la situación que se registra en el resto de la nación. Las cifras son similares en todas las regiones.
La destrucción legal o paralegal de vidas humanas en España, con 100.000 abortos al año, es un asunto menor que carece de interés para el partido que aspira a gobernar . En cuanto a los partidos en el poder y sus medios de comunicación, los procedimientos que se emplean en nuestro país son ineficientes, cobardes y/o poco “asumibles”:
La cuestión es si las mujeres españolas pueden seguir sometidas a una ley que aun permitiéndoles abortar lo hace con unas tutelas y con un coste cada vez menos asumibles. (El País)
A la vista de la "ineficiencia" de los procesos de aniquilación de vidas humanas, el partido en el gobierno se muestra dispuesto a ofrecer una suerte de "solución final", debidamente jaleada desde sus terminales mediáticas y culturales.
A mejorar los procedimientos de destrucción de vidas humanas lo llaman “vida digna” o "muerte digna". Algunos de los encargados de aplicar estos procedimientos, por ejemplo la patronal de los centros abortistas, ya han sido llamados por el señor Rodríguez para formar parte de la comisión gubernamental que ampliará la legislación destinada a hacer más eficiente, más valiente y más asumible el proceso de exterminio.
