El nacionalismo catalán
está estudiando el mejor procedimiento para extender a la distribución de películas
el “impuesto revolucionario” que ya aplica sobre las actividades comerciales y
la educación.
Un “anteproyecto de la ley
del cine” entra dentro del capítulo de actividades prescindibles a las que se dedican los políticos
españoles. Poco más. Salvo a al mencionado anteproyecto se añada la expresión “de
Catalunya”. Entonces entramos en una nueva dimensión del abuso legislativo.
El “anteproyecto de la ley
del cine de Catalunya” ha aterrizado en el siempre previsible parlamento
regional catalán, donde se encuentra en fase de discusión, y en él hallamos la
no menos previsible disposición del régimen nacionalista instalado en Cataluña
para profundizar en la persecución y la segregación lingüística.
La única razón de ser de este proyecto legislativo es trasladar al cine las multas lingüísticas. Artículo 18:
“Cuando se estrene un largometraje cinematográfico en Catalunya doblado o subtitulado, que suponga la distribución de más de 15 copias, las empresas distribuidoras –es decir, las empresas que suministran las películas a los cines– tienen la obligación de de distribuir el 50 por ciento de esas copias en versión en lengua catalana.”
El cine en catalán, que
cosecha notables índices de fracaso comercial, es uno de los sectores más
subvencionados por el régimen nacionalista catalán, que entrega dinero de los
ciudadanos incluso al cine porno, siempre que se muja en catalán.
