El proyecto Zapatero llama igualdad a perseguir y castigar con dureza a quien critique los planteamientos o las conductas públicas de grupos que el Estado considere minoritarios. Esa es la esencia de la recién anunciada Ley de Igualdad de Trato. Pero sucede que en algunos lugares de España, los españoles son considerados minoría.
Esta circunstancia, que nos hace retroceder a períodos predemocráticos, sin duda constituye el ideal jurídico del proyecto Zapatero, de modo que si el PSOE se mantiene una legislatura más en el Gobierno de la nación, no descartemos que las futuras leyes partan de la premisa de que los españoles somos delincuentes por el hecho de haber nacido.
Pero la futura La Ley de Igualdad de Trato podría encerrar una sorpresa no deseada por sus “progenitores”: podría impedir la mordaza lingüística y afectaría a las restricciones a la libertad que imponen los partidos nacionalistas cuando gobiernan, y también los socialistas, como en el caso de Cataluña y Galicia, y el PP, en el caso actual de la Comunidad Valenciana.
La Constitución impide supuestamente la discriminación y la segregación en materia lingüística, pero ninguna de las formaciones aludidas (es decir, todas) la cumplen, algo que incomprensiblemente no parece preocupar en exceso a los sucesivos gobiernos de la nación, ni al Tribunal Constitucional, ni a la Justicia.
El Gobierno socialista, empeñado en elaborar una constitución paralela a base de la reforma de los estatutos y de la anunciada Ley de Igualdad de Trato, ha puesto nerviosos a los nacionalistas e izquierdistas de todas las regiones. CiU, PNV, ERC y BNG se han dado cuenta de que la mencionada norma podría incidir en el criterio de igualdad lingüística defendido en la Constitución, y han puesto el grito en el cielo.
Las pequeñas formaciones nacionalistas, que viven de la extorsión política gracias a un sistema electoral manifiestamente injusto, están llamando a la puerta de la ministra Pajín para exigir que su nueva ley recoja las garantías suficientes para que ellos puedan seguir saltándose la Constitución y puedan seguir cercenando el derecho a elegir libremente la lengua que cada cual quiera utilizar.
Uno de los más soeces representantes del nacionalismo, Joan Tardà, ha explicado en su blog que la Ley de Igualdad de Trato debe hacer todo lo contrario de lo que, en teoría, parece que regulará: quiere que garantice la imposición lingüística.
Se basa el rústico Tardà en la siguiente idea fuerza:
“¿Qué catalán no se ha tropezado en alguna ocasión con un guardia civil y este le ha soltado un ‘no le entiendo’.”
A la vista de lo cual, los nacionalistas de toda España reclaman:
1º Que la Ley de Igualdad de Trato obligue al guardia civil a conocer todas las lenguas regionales.
2º Y que en sus respectivas taifas puedan seguir imponiendo de manera obligatoria la lengua que más les convenga.
