Organizaciones racistas como el Ku Klux Klan consideran a las personas por el color de la piel y parten de este dato para organizar la sociedad. El nacionalismo ha cambiado la piel por el idioma. El resultado es el mismo: una sociedad enferma. El sueño de la lengua impuesta produce monstruos.
El panfleto en que se supone que quedan desveladas las “mentiras” sobre la imposición lingüística lleva el poco democrático título de Argumentario en apoyo del catalán como única lengua vehicular en la escuela catalana.
Como si Franco acabara de morir este fin de semana, el panfleto alude al “procés de reconvertir l’escola de la dictadura franquista en escola catalana” y enumera las supuestas mentiras acerca de la inmersión lingüística. Estas son algunas de las “mentiras” más destacadas que el nacionalismo cree desmontar:
Mentira 1: “En Catalunya no hay libertad para escolarizar los hijos en la lengua materna”
Argumento: “En Madrid el sistema educativo es en la lengua propia del territorio. En Madrid no hay libertad de elección de la lengua vehicular según la lengua materna. En Catalunya, como en cualquier parte del mundo, empezando por muchas regiones de España, se ha tomado como modelo lingüístico en la escuela el que tiene como base la lengua propia del territorio.”
¿Lengua propia del territorio? La región debería promocionarse como el primer y único lugar del mundo donde las adelfas que adornan las autopistas hablan (catalán, por supuesto) y las piedras del monte les responde con voz atiplada (en catalán, por supuesto). ¿Desde cuándo son los “territorios” los que hablan y no las personas?
Y aun admitiendo la insensatez de que los territorios tengan lenguas, ¿de dónde sale que el catalán es la lengua propia (del territorio)? ¿Acaso no somos catalanes quienes nacimos en alguna de las cuatro provincias y hablamos español?
Mentira 2: “La inmersión lingüística es un sistema discriminatorio que seria inimaginable al resto del Estado español”
Argumento: “En el Estado español se aplica, ampliamente, la inmersión lingüística, especialmente allí donde el castellano es lengua propia. En las comunidades autónomas que tienen el castellano como lengua propia, la escuela es en castellano y, de facto, el sistema de inmersión lingüística es en castellano. Así pues, mientras un ciudadano español de habla catalana no puede aprender la lengua catalana en Madrid, un ciudadano español de habla no catalana tiene garantizado, y además por obligación, el conocimiento de la lengua castellana.”
¿Desde cuándo se ha declarado la independencia de las provincias catalanas? Las cuatro forman parte de un país cuyos habitantes comparten una lengua común. Que la neolengua etnicista denomine “país” o “nación” a la región es una deformación conceptual, pero no tiene el menor valor jurídico, ni geográfico, ni cultura, ni histórico (las menciones a un pasado carolingio de precursor velloso resultan propias de una historieta de dibujos animados).
En el resto de España se podría escolarizar en catalán… si alguien lo pidiera. La Comunidad de Madrid propuso en 2011 costear con recursos públicos una escuela pública donde la lengua vehicular fuera el catalán e invitó a las varias decenas de miles de catalanes que vivimos en la región a inscribirse. Ni siquiera se empezó a construir: no se apuntó nadie.
Mentira 3: “Los patios deben ser un lugar de libertad. Cada cual debe hablar cómo quiera”.
Argumento: “La aplicación del Programa de Inmersión requiere que todo el espacio escolar, clases, patios, comedor, salidas... tenga el catalán como lengua vehicular. Precisamente es mucho más importante que los niños y niñas interaccionen en catalán en los espacios de recreo que en la misma clase. El alumnado tiene que emplear el catalán como una lengua de relación”.
El nacionalismo se muestra como es, absolutamente totalitario, sobre todo en los asuntos lingüísticos. Y ello porque la lengua es el elemento racial número uno, como lo es el color de la piel para el KKK.
El control del ciudadano ha de ser total (“Tiene que emplear el catalán como una lengua de relación”), incluyendo su actividad privada (“precisamente es mucho más importante…”).
Mentira 5: “La inmersión es cuestión de la escuela. No hace falta que los padres y madres estén de acuerdo”.
Argumento” “La inmersión debe ser un pacto de todos los elementos que constituyen el entorno educativo. Es absolutamente contraproducente que se produzcan tensiones entre familias, escuelas y entorno social y cultural.”
Es exactamente al revés: a pesar de las numerosas sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, a las familias que van a matricular a sus hijos en los centros educativos de las cuatro provincias no se les ofrece la hoja obligatoria en la que figura la opción lingüística. No existe en derecho a elegir lengua vehicular. Y en consecuencia se impone una lengua, se excluye otra y ello origina “tensiones entre familias, escuelas y entorno social y cultural”.
Mentira 6: “La inmersión sólo favorece al alumnado catalanohablante y excluye al alumnado que no tiene el catalán como lengua primera”
Argumento: “Para que los niños y niñas que no tienen el catalán como lengua primera sean competentes en las dos lenguas oficiales en Catalunya y puedan tener las mismas oportunidades para encontrar trabajo y desarrollarse en la sociedad dónde viven, es básica la metodología de la inmersión”.
Si dominar el catalán resultara tan ventajoso para “encontrar trabajo y desarrollarse”, todo el mundo lo aprendería voluntariamente sin necesidad de imponerlo desde el poder político. Quien mejor sabe lo que le conviene es el propio ciudadano, y no los partidos a los que mantiene con sus impuestos. ¿Por qué no se le reconoce independencia y libertad para tomar decisiones?
En la práctica, la imposición lingüística solo favorece al nacionalismo y a sus redes clientelares, fabrica realidades falsas a costa de ingentes cantidades del dinero de sus propias víctimas, multiplica el gasto público y reduce las libertades civiles.
Mentira 7: “La inmersión lingüística favorece el fracaso escolar”
Argumento: “De ninguna forma, está demostrado que un sistema educativo que fomenta el bilingüismo es de gran beneficio cognitivo e intelectual. Y, precisamente, los alumnos más favorecidos por este sistema de inmersión que asegura el dominio de las dos lenguas más habladas en Catalunya son justamente los castellanohablantes.”
Según la investigación Informe sobre el riesgo de fracaso escolar en Cataluña, elaborado por la propia Generalidad catalana a través del Consejo de Trabajo, Económico y Social de Cataluña, el fracaso escolar de los niños castellanohablantes es el doble que el de los catalanohablantes:
"El 10,5-11,4% del alumnado de familias que hablan catalán se encuentra en los niveles más bajos de calificación, mientras que en el caso del alumnado de familias que hablan castellano o bien un idioma extranjero estos porcentajes se incrementan hasta el 20,4-24,4% y el 45,2-48,7%, respectivamente".
Mentira 8: “La inmersión tiene como objetivo conseguir una sociedad monolingüe en catalán”
Argumento: “Un estudio general de todas las escuelas de Catalunya ubicadas en zonas de un gran uso social de la lengua castellana podría demostrar que la inmersión en catalán de los niños y de los jóvenes, lejos de ser un sistema que los aboca al desconocimiento de la propia lengua materna, lo que hace es garantizarles que también conocerán y hablarán de manera correcta la lengua catalana.”
De hecho es lo único que garantiza: que todos tendrán que usar la lengua impuesta. En cuanto al resto del argumento, “un estudio general podría demostrar”. Es decir, no puede: tal estudio no existe. La voluntad excluyente de la imposición lingüística no se oculta a nadie.
Mentira 9: “La inmersión lingüística fomenta el desconocimiento de la lengua castellana"
Argumento: "La inmersión lingüística no atenta contra el buen conocimiento y uso de la lengua castellana por parte de los alumnos castellanoparlantes".
La imposición atenta directamente contra el contra los derechos lingüísticos y reduce el conocimiento de la lengua común, como demuestran los estudios al respecto, alguno de los cuales se ha citado más arriba.
Mentira 10: “Con la aplicación inmersión lingüística las personas decaen en su derecho de poder elegir qué lengua quieren utilizar normalmente, porque sólo se impone el catalán”
Argumento: “Es absolutamente falso. No se puede elegir aquello que se desconoce. Por lo tanto la elección entre el uso del catalán o el castellano como lengua de relación sólo se podrá producir si se dominan las dos lenguas.”
La competencia entre lenguas existe, como existe la competencia entre los distintos fabricantes de automóviles. Pero subvencionar permanente y generosamente a uno de ellos con la excusa de que tiene poca cuota de mercado es deformar el propio mercado creando protuberancias artificiales que no responden a la realidad.
Pero hay más. Con la política de imposición lingüística, el poder no se limita a favorecer artificialmente a una parte, sino que además se intenta dañar a la otra. Ese no es el camino para llegar a una situación de paridad lingüística que permita la libre elección, sino la vía hacia la segregación, una de las formas de violencia propias del nacionalismo.
El documento completo de la organización gubernamental racista Plataforma per la llengua se puede descargar aquí.
La casualidad pone el difunto: Heribert Barrera. El calendario aporta el tótem tribal: 11 de septiembre, día “nacional” de la región. Y Bruselas, la excusa: la reforma de la Constitución.
En los próximos días, el coctel de cadáver mitificado, fecha totémica y agravio constitucional desencadenará en Cataluña la conjunción planetaria de los que viven de la invención histórica y el cultivo de la histeria victimista.Los sufridos (también cómplices) habitantes de las cuatro provincias catalanas van a vivir jornadas de histeria en dosis superiores a la habitual durante las próximas semanas. CiU, esa formación que la opinión publicada madrileña ha adulado sin medida desde los tiempos de Jordi Pujol, ha dado con la excusa que andaba buscando desde los tiempos del tripartito para agitar con mayor descaro el espantajo del secesionismo.
"Se rompe el proceso constituyente", aúlla el supuestamente moderado Durán i Lleida, ese aragonés partidario de que su pueblo y los limítrofes sean anexionados a Cataluña. El dirigente secesionista brama que PSOE y PP han roto el pacto constitucional y maneja con desvergüenza notable el término “deslealtad”, actividad esta en la que han sido precisamente los nacionalistas quienes siempre han destacado:
“No estamos dispuestos a ceder en nada que pueda limitar la capacidad financiera de Cataluña. La reforma no debe comportar una alteración del equilibrio de poder que la Constitución actual establece entre el Estado y las comunidades autónomas. Esta es nuestra línea roja” (Josep A. Durán i Lleida).
Desde su creación, y gracias a la deslealtad de los nacionalistas y a la irresponsable complicidad del PSOE y el PP, el estado de las autonomías ha sido de todo menos una fórmula de convivencia. Y con los años se ha convertido en una fábrica de odios.
La balcanización de España tiene nombres y apellidos y agentes activos que nunca se han ocultado. Basta con echar un vistazo a los titulares del rincón más triste de este sitio (Pedagogía del odio). Y esos agentes de la destrucción política de nuestra sociedad pertenecen en su mayoría a la clase política.
Los dirigentes de los partidos son, junto a los periodistas y a buena parte del mundo educativo y cultural, los culpables de que los vínculos afectivos entre los ciudadanos se estén rompiendo a gran velocidad y de manera harto difícil de recomponer en el plazo de una generación.
Artur Mas, líder de CiU y presidente regional catalán:
“Ha habido un enfriamiento claro desde la óptica constitucional por parte de mucha gente en Cataluña, no porque nosotros hayamos querido, sino porque se nos ha ido sacando de ese espíritu a base de políticas cada vez más centralistas y de políticas que nos tienen claramente menos en cuenta. Cada vez estaremos más separados de España. Se nos excluye. No se nos quiere. Pasan de nosotros. Cada vez más irá creciendo la distancia emocional entre Cataluña y España”.
Josep Sánchez Llibre, portavoz económico de CiU:
“Las formaciones que participamos en el consenso del 78 vamos a ser expulsados de esta Constitución”.
Joan Ridao, portavoz de ERC:
“La reforma de la Constitución es un nuevo golpe de Estado que sigue la estela de la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatuto catalán. PSOE y PP, tanto monta, monta tanto, han liquidado en una semana la concepción del Estado Social y Democrático de Derecho”.
Editorial del periódico El Punt-Avui:
“A raíz de esta situación los partidos catalanes que aún no se han entregado a los designios de Madrid tienen la opción de hacer frente a una batalla perdida, como es la del respeto a las otras realidades nacionales, o bien empezar un proceso de desconexión tan medido como se quiera pero inequívoco. En este modelo de estado español, una Cataluña con personalidad propia no cabría aunque quisiera” (Espanya es refunda, i Catalunya?).
Como en los Balcanes, también en Cataluña los dirigentes políticos aplican la técnica de la provocación retórica, que permite caldear el ambiente para poder pasar a la siguiente fase.
Estamos todavía en la primera parte del intento de secesión de las provincias catalanas. Es la fase pacífica y de apariencia democrática, y precisamente por ello va a ser liderada por CiU, que sigue aparentado ser una formación pacífica y democrática.
Pero el nacionalismo es pacífico y de apariencia democrática solo de manera circunstancial. Su estrategia depende en cada caso del momento histórico. Ahora “no toca” actuar como etarras. Más adelante, ya se verá. Porque para el nacionalismo, como para la izquierda, el fin justifica los medios.
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Un ejemplo claro de lo poco que le importa a CiU lo que diga la Constitución
En vida, Barrera, master en pedagogía del odio, se declaró partidario de la esterilización del “débil mental”, de convocar un referéndum sobre la admisión de extranjeros en Cataluña y del restablecimiento de la pena de muerte. Y dejó escrito que “en América, los negros tienen un coeficiente inferior al de los blancos”.
Descanse en paz el dirigente de Esquerra Republicana de Catalunya que ofreció a los ciudadanos de la región una oportunidad excepcional: mostró la verdadera cara del nacionalismo. Demasiados no dieron importancia a sus atroz currículo político y a su, digamos, “ideología”, y así han terminado las cuatro provincias, antaño referente y vanguardia de España.
Barrera presumió en vida de la atroz represión que habría sufrido durante el franquismo. Sin embargo, tras haber sido diputado de la república y consejero de la autonomía catalana de los funestos años 30 y después de haber combatido en las filas del ejército republicano de la mano de ERC, regresó a España en el temprano año de 1952 sin el menor problema.
Dicen las ignorantes crónicas de agencia esta mañana que Barrera vivió “40 años de lucha antifranquista”. Su “lucha” durante ese tiempo consistió en decir, encerrado en el cuarto de baño de su domicilio, que había refundado ERC. Pero hasta la muerte del dictador no salió a la escalera para comunicárselo a sus vecinos.
Muchos fueron (fuimos) detenidos por la Brigada Político Social del franquismo. Entre tanto el “heroico” defensor de las libertades supuestamente nacionales de las cuatro provincias, al que nunca nadie molestó, se dedicaba a sus actividades profesionales. Tampoco había motivo para importunarle: nada hizo en 40 años que desafiara o pusiera en peligro el régimen franquista.
Barrera, nacionalista y racista, ofreció a los ciudadanos que habitan en las cuatro provincias y al resto de la nación una oportunidad única, especialmente entre 1980 y 1984. Mientras fue presidente del parlamento regional catalán, los focos siguieron con especial atención su trayectoria y trasladaron fielmente sus pestilentes “ideas”, fundamentadas en el concepto racial del que también participó el nazismo.
Las declaraciones de Heribert Barrera muestran la verdadera cara del nacionalismo, que no es violento cuando le conviene, pero es partidario del uso de las armas llegado el momento. Rara vez el nacionalismo es tan transparente como en el caso de este individuo, lo que es de agradecer. Y es también un síntoma de la podredumbre de la sociedad de las cuatro provincias: los ciudadanos conocen los hechos y sus protagonistas, y sin embargo una parte sustancial de ellos les siguen votando. Las conciencias políticas de un sector importante de la ciudadanía catalana están gravemente lesionadas.
En vida, Barrera se declaró partidario, entre otras cosas, de convocar un referéndum sobre la admisión de extranjeros en Cataluña y del restablecimiento de la pena de muerte.
En su libro Què pensa Heribert Barrera? (2001), este engendro sostiene lindezas del tipo “En América, los negros tienen un coeficiente inferior al de los blancos”.
Con motivo de las celebraciones del aniversario del parlamento autonómico catalán, Barrera volvió a manifestarse contrario a la inmigración y expresó su solidaridad con líderes de la ultra derecha europea, como el austríaco Haider.
También defendió la esterilización del que es “débil mental a causa de un factor genético” y sostiene que “el bilingüismo implica la desaparición de Catalunya como nación" (El Periódico, 1.3.01).
Con motivo del 23 F, Barrera declaró: "Antes hay que salvar a Catalunya que a la democracia" (El Periódico, 1.3.01)
Este nazi con barretina fue elegido por los militantes de ERC como su secretario general entre 1976 y 1987 y como su presidente de 1991 y 1995. En decir, tras haber publicado su libro racista y haberse manifestado como abanderado del fascismo etnicista. En cuanto al resto de partidos catalanes, sus líderes le eligieron presidente del parlamento regional en 1980. Carod-Rovira, sucesor de Barrera en la presidencia de ERC, comentaba así el aniversario del parlamento catalán:
"Durante un cuarto de siglo, con muchas complicidades por parte de todos, nunca se ha roto el hilo invisible que nos unea todos."
Esta es la transcripción de la entrevista a Barrera que Víctor-M. Amela y Salvador Sanjuán publicaron en La Vanguardia el 1 de marzo de 2001:
-Me parece que el portero de su finca es inmigrante...
-Sí, es cubano. Lleva poco tiempo aquí.
-¿En qué lengua hablan?
-En castellano. Yo ahora empiezo a decirle cosas en catalán. Confío en que dentro de un año entienda ya el catalán del todo.
-Y si no, ¿qué?
-Ésa es la amenaza de la inmigración para el futuro del catalán: hoy se usan catalán y castellano casi por igual, pero si sigue este flujo inmigratorio..., el catalán desaparecerá.
-¿Seguro? Ha resistido bien hasta hoy.
-Es una simple cuestión numérica: la mayoría de los inmigrantes adopta el castellano, y como cada vez llegan más... Si Cataluña tuviese Estado, tendrían que hablar catalán, pero como no es así... ¡Cataluña desaparecerá!
-Quizá el catalán, pero no Cataluña.
-Si desaparece el catalán, desaparece la identidad catalana: desaparece Cataluña.
-Una Cataluña: la que a usted le gusta.
-Sí: un país con sus propios rasgos y su lengua diferenciada. La Cataluña que más me gusta es la de antes de la guerra.
-Ya: antes de que llegaran inmigrantes.
-Aragoneses y murcianos no eran ningún problema: nos eran muy cercanos. Los andaluces... ya no era lo mismo. Pero pudimos asimilarlos. Pese a eso, Cataluña ha cambiado... Pero, bueno, ya me está bien como está.
-¿Sin más cambios? ¿Y por qué no?
-Si los ecologistas defienden a una ranita mallorquina, ¿por qué no voy yo a luchar por defender esta lengua, esta identidad?
-Quizá porque más valiosas que las identidades patrias son las personas.
-Son compatibles. ¡Y no es un derecho humano instalarse por voluntad propia en cualquier sitio! Eso hay que regularlo: se hace en todos los países. Yo le preguntaría esto a la gente en un referéndum: "Cualquiera que llegue aquí, ¿tiene derecho a quedarse?".
-Y usted votaría no, claro.
-Yo ¡y la mayoría de la gente! Si ganase el sí, ¡me callaría y me aguantaría!
-¿Se iría de Cataluña?
-A mi edad... Me quedaría, pero sabiendo que, en unos decenios, Cataluña sería ya otro país. Y aunque yo no lo veré, eso me apena.
-¿Le deprimiría ver mezquitas?
-No por la religión, que yo soy agnóstico, sino porque significaría un cambio cultural y social de mi país, y yo no deseo eso.
-Se podría ser musulmán y catalán, ¿no?
-Cierto: los bosnios, antes que musulmanes o cristianos, eran todos bosnios. Pero no creo que aquí pasara algo así. Mejor iglesias que mezquitas, puesto que tenemos la cosa así. Es mejor un reparto geográfico de las doctrinas: allí, mezquitas; aquí, iglesias. ¿Para qué mezclarlo todo? ¡Cada cosa en su sitio!
-¿Y por qué no mezclar? La variedad, la mezcla, el contraste... ¿No es estimulante?
-¿Sí? Yo no le veo las ventajas a eso. Nadie me ha convencido de que sea mejor una Rambla con gente de muchas razas que únicamente con gente de raza blanca mediterránea, ni al revés tampoco.
-Como mínimo, con variedad es más entretenido, me parece.
-Eso será así para usted. Esto es sólo cuestión de gustos, pues. A mí no me gusta.
-En suma: está en contra del plurilingüismo y de la multiculturalidad.
-Sí. En un plurilingüismo, al final, pierde la lengua más débil: el catalán. ¿Y por qué ha de ser bueno que se bailen sevillanas en Cataluña si con eso se pierde alguna tradición propia? Las sevillanas, en Sevilla.
-Para acostumbrarse a las diferencias...
-Mire, si en una colectividad se rebasa un cierto porcentaje de recién llegados, surgen conflictos: Ca n'Anglada, El Ejido... Lo sensato es desplazar a algunos, distribuirlos bien...: evitar concentraciones conflictivas.
-¿No preferiría expulsarlos a todos?
-A los que llegan aquí sin papeles, sí. Y a los extranjeros que estén delinquiendo. Por eso me parece bien la ley de Extranjería.
-La izquierda dice que no, que está mal.
-Porque suena mal decir lo que yo digo, pero España es hoy el país más fácil para conseguir papeles, ¡y por eso las mafias traen aquí a tantos y tantos inmigrantes!
-¿Demasiados, que diría el racista Haider?
-Cuando Haider dice que en Austria hay demasiados extranjeros, no es racista. Sólo da una opinión: dice que le gusta más la Austria tradicional. No dice que nadie sea superior, ni discrimina, que eso sí sería racismo.
-A este paso, acabará usted justificándome la pena de muerte...
-Pues no estoy seguro de que la abolición de la pena de muerte deba ser algo definitivo. Yo voté contra la pena de muerte cuando era diputado..., pero no sé si hoy lo haría.
-No me diga eso...
-Oiga, llega un momento en que te dices, a ver..., si alguien premeditadamente coge un arma y entra en casa de dos viejecitos para matarlos y robarles... ¡pues puede que merezca la pena de muerte! Hablo de asesinos.
-¿Como los asesinos de ETA?
-Me merece más respeto el asesino de ETA que el que ha ido a matar a los viejos.
-Pero, oiga ¡¿por qué?!
-Porque, equivocado o no, el de ETA mata por ideales. El otro, sólo por dinero. Si hubiera pena de muerte para asesinos, debería ser para todos ellos, no sólo para los de ETA.
-Acabo: ¿qué sentiría usted si un día hubiese un president de la Generalitat magrebí?
-Si es de origen magrebí pero habla catalán, es que hemos vencido. Si no es magrebí y habla en castellano, hemos perdido.
-Si el día de su muerte ve una Cataluña mestiza y que habla castellano, ¿qué pensará?
-"Pusiste tu grano de arena para evitar esto..., pero no has podido: has fracasado."
Artículo aparecido en La Vanguardia el día 27 de febrero de 2001:
Heribert Barrera, ex secretario general de Esquerra Republicana de Catalunya y ex presidente del Parlament, sostiene que "si continúan las corrientes inmigratorias actuales Cataluña desaparecerá", aunque espera que sea posible integrar a la población inmigrada de origen español y a los recién llegados de fuera de España.
Barrera, que a sus 83 años sigue siendo miembro del Consell Nacional de ERC, expone sus ideas sobre inmigración en un libro-entrevista escrito antes de junio de 2000 por el periodista Enric Vila. El libro será presentado el jueves en el Ateneu Barcelonès -una institución que Barrera presidió hasta diciembre de 1997- en un acto en el que está anunciada la participación del presidente de la Generalitat, Jordi Pujol. Se da la circunstancia de que unas declaraciones de la esposa del president, Marta Ferrusola, alertando de las consecuencias negativas que para Cataluña puede tener la llegada masiva de inmigrantes extranjeros, desataron la semana pasada una auténtica tormenta política.
"Mi discurso -reconocía ayer Barrera a "La Vanguardia"- no es políticamente correcto y puede ser malinterpretado". El discurso de Barrera choca con la postura defendida por ERC. Así, mientras los actuales dirigentes del partido promueven un recurso contra la Ley de Extranjería, el ex secretario general la defiende y subraya que es constitucional, argumentando que el artículo 13.1 de la Constitución señala que los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas pero "en los términos que establezcan los tratados y la ley". Por ello, Barrera dice que, "de haber sido diputado, habría votado a favor de la Ley de Extranjería del PP".
También ve evidente que "quien quiere españolizar Cataluña" tenga interés "en que la inmigración venga hacia aquí". "Es una fórmula muy eficaz", añade. Asimismo, dice que "los problemas del Tercer Mundo no han de caer sobre las espaldas de Cataluña, que sólo tiene seis millones de habitantes, no ha tenido colonias y no tiene Estado".
Barrera alude además a El Ejido: "La gente de El Ejido no ha de verse dominada por la gente que viene de fuera. La solución habría de ser la expulsión progresiva de quienes trabajan y sustituirlos por trabajadores de la zona hasta que quede un porcentaje aceptable". También señala que cuando "el señor Jörg Haider (el líder de la ultraderecha austríaca) dice que en Austria hay demasiados extranjeros no está haciendo ninguna proclama racista".
En consecuencia con estas ideas, Barrera indicó a este diario que debería celebrarse un referéndum con términos precisos y comprensibles en el que se preguntase a los ciudadanos "si están dispuestos a aceptar que cualquier persona que venga ya tiene derecho, por este hecho, a quedarse, y a quedarse con los mismos derechos que los ciudadanos que aquí viven".
Barrera se compromete a aceptar "la voluntad democrática de la mayoría" y rechaza las acusaciones de racista y xenófobo que se le pudieran formular. "Estas acusaciones -afirma- reposarían sobre una manipulación del lenguaje. Ser racista es creer que hay razas superiores a las otras. Yo no soy racista. Creo que hay diferencias, pero que estas diferencias no implican superioridad. Tampoco soy xenófobo. Sería estúpido que yo, que he vivido tantos años en el extranjero, tuviera aversión hacia el extranjero".
Las transcripciones y textos precedentes aparecieron en Bye Bye Spain en el año 2005, en el artículo Un racista, primer presidente del Parlamento catalán.
La pedagogía del odio se ha incrementado en los últimos meses en Cataluña en la misma proporción en que se ha consolidado la complicidad del Gobierno del PSOE con ETA y ha subido el listón etnicista en CiU y en el resto de palmeros de la xenofobia y el guerracivilismo.
El nombre de López Bofill, que oculta su primer apellido cuando firma algunos de sus libros, está ligado a las siglas de todos los movimientos secesionistas radicales de los últimos años: Sobirania i Progrés, Crida Nacional, Cercle d'Estudis Sobiranistes, Esquerra Independentista, Solidaritat Catalana per la Independència, etc.
Hay algo que muy pocos políticos españoles y muchos menos analistas consideran con respecto al llamado nacionalismo “democrático”: que ese adjetivo responde solamente a circunstancias cambiantes, no a convicciones sólidas. El nacionalismo es más o menos moderado, incluso más o menos pacífico, en función solamente de lo que los viejos comunistas denominaban “las condiciones objetivas”: si hay alguna posibilidad de arrancar privilegios, el nacionalismo “democrático” se mantiene en el sistema. Si la ubre se ha secado, se echa la monte.
Como todos los nacionalistas, López también considera que el grado de moderación de su supuesta ideología es meramente coyuntural y en alguna ocasión ha insinuado que la hora de imitar a ETA y recurrir a las armas también en las cuatro provincias catalanas está al caer:
“El pacifismo radical en el cual estamos instalados nos inhabilita para desarrollar el mínimo pensamiento estratégico con los atributos de defensa de la comunidad imprescindibles que caracterizan una lógica estatal o de una comunidad que aspire a convertirse en un Estado” (Hèctor López Bofill, Els orígens del pacifisme. Publicado en Avui, 27.8.07)
Este agitador con título académico y hambre de francotirador balcánico ha justificado la legalización del grupo etarra Bildu a base de perdonarle la vida a quien no piensa como él, en este caso, el Partido Popular.
En una de sus habituales intervenciones en la televisión pública regional, TV3, López habló del "agravio comparativo que debe afrontar" ETA y señaló que "habría que ilegalizar al PP, porque también entran dentro de los motivos de la ley de partidos que ellos mismos aprobaron".
Es solo un ejemplo, un exabrupto más, una nueva muestra del lamentable nivel del discurso etnicista, que sigue radicalizándose en nuestro país de la mano de los compañeros de viaje del terrorismo etarra.
e-noticies, el muy subvencionado digital secesionista, es un buen ejemplo de la propagación del odio etnicista. Un somero repaso a sus titulares de los últimos días da idea del grado de rencor y violencia que destilan este tipo de publicaciones, ante las que jamás osará quejarse ningún fiscal, mientras cumplen a la perfección su función de generadores de odio:
El aprendiz de genocida lo tiene fácil en la España de nuestros días. Este territorio de la histeria que es internet le facilita las prácticas: puede ir dejando su rastro en todas partes amparado en la impunidad del nick. Pero más fácil todavía se lo pone la supuesta intelligentsia del sistema. Del sistema progresista.
“Lo que duele es la verdad. España no es nada sin Cataluña, solo sois un grupo de gandules, una nación de parásitos que para sobrevivir necesitais la limosna que robais a los Catalanes. Yo no busco el independentismo, seguiría manteniendo España, pero con moderación no a cambio de arruinar cataluña. ¿No os da vergüenza ser unos parásitos.”
Otro aprendiz, que se esconde bajo la denominación de Adicinarit, depuso en Lluis Companys y las antorchas de los suyos:
“Los hijosdeputa (sic) fascistas de mierda de la CEDA que apoyaron a Franco le hacían subir peldaños en su carrera militar a base de bombardear a la población civil. Esos bastardos de la CEDA que sí deberían haber sido juzgados en Nuremberg al lado de sus amigos seguidores de Hitler y Mussolini ordenaron a la Guardia Civil quemar vivas a familias enteras, niños inclusive. Solo os quejáis que el President de la Generalitat de Catalunya llevara a cabo su legítimo proyecto político refrendado por el pueblo en las elecciones.”
Un lector bienintencionado podría pensar que se trata de descerebrados que navegan en la chalupa 2.0 de los cobardes. Pero se equivocaría. No son incendiarios ocasionales e ignorantes. Son la fuerza de asalto del régimen progresista, los SA de la izquierda española. Y esta se encarga de alimentar constantemente su ADN genocida. Por ejemplo.
El asunto de las emisiones de TV3 en la Comunidad Valenciana se ha convertido en la clásica patochada que supura el estado de las autonomías. Nacionalistas y socialistas “invaden” el territorio catódico vecino por mor de la liberación de los supuestos “países catalanes”. Y el PP valenciano pica, ofrece un trueque (la emisión de su cadena regional en Cataluña) y termina cortando la emisión de la cadena catalana. Se trata solo de un episodio grotesco, otro más, propio de una organización territorial ineficaz y caduca, pero que nos ha costado a todos un buen montón de dinero, ha servido para generar más división y enfrentamientos y se seguirá utilizando para los mismos fines y con idénticos resultados mientras exista la actual Constitución.
Pues bien, la intelligentsia progresista utiliza este episodio para convertir la democracia en papel mojado y poder así actuar saltándose las reglas del juego. Manuel Baixauli, escritor y pintor:
“Los que hemos abierto los ojos tenemos la responsabilidad de hacerlos abrir a quienes los tienen cerrados o miran hacia otro lugar. También Hitler ganó unas elecciones, y si cometió los peores crímenes de la historia fue porque una multitud cómplice el consentía o miraba hacia otro lado (…) O Camps o democracia”.
El razonamiento es tan simple como venenoso. Si Francisco Camps se ha convertido efectivamente en Adolf Hitler, todo estaría naturalmente permitido con tal de que le echemos. Hete aquí por qué la izquierda actúa con total impunidad y con el máximo desprecio a la democracia: ha de evitar inmediatamente el exterminio de seis millones de judíos.
Los aprendices de genocidas, tontos útiles como Pitu de Farners o Adicinarit, son solo el resultado de lo que vocean los Milosevic, representantes del supuesto “mundo cultural” de una izquierda que ya no uso más camisa que la parda, ayatolás de minarete subvencionado que propaga el odio y coloca estrellas amarillas.
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En episodios anteriores:
En 2003, los dirigentes socialistas no sabían todavía que estaban a punto de convertir en instrumento electoral a casi 200 personas asesinadas en atentado terrorista. En aquella fecha, el PSOE estaba convencido de que sería derrotado en las elecciones generales a celebrar un año después. Y a falta todavía de cadáveres a los que utilizar y con los que corromper la convivencia, echaron mano de la nación. Hoy vuelven a hacer lo mismo.
En el ámbito de lo intrascendente se habla de punto de partida de la campaña socialista para las próximas autonómicas y municipales, o de cierre de filas, o de maniobra para desviar la atención de la sucesión de Zapatero, que como decía Rajoy, está siendo sometido a un linchamiento público que sin duda se merece, pero que deberían cedernos a los ciudadanos.
Sin embargo la reunión de los dirigentes del PSOE ha aportado algo mucho más siniestro: nos ha permitido vislumbrar por dónde va a transcurrir la estrategia del PSOE derrotado.
El corrupto presidente de los socialistas, Manuel Chaves, lo ha expuesto muy claramente, algo insólito en este político sumidero:
“No estamos de acuerdo ni vamos a permitir una renacionalización de competencias".
Los corifeos que le escuchaban, la pléyade de los presidentes regionales del PSOE, se apresuraron a ponerse en pie, Sieg Heil!, conscientes de que la dirección del partido salvará sus nóminas y empantanará a quienes les echen del poder.
Ante el panorama de la debacle electoral, el PSOE vuelve al monte de la exacerbación identitaria: ¡Nadie tocará las competencias autonómicas! Como sucedió en 2003, se trata de profundizar en la división nacional, fomentando el enfrentamiento y el agravio comparativo, a base de soliviantar particularismos imaginarios y de reclamar lo que, de seguir el PSOE en el gobierno, no estaría dispuesto a contemplar.
Huelga decir que el PP, si es que llega a triunfar en las elecciones de 2012, no tocará una coma en el ámbito estatutario, ni se le pasa por la imaginación “reordenar”, como han anunciado estas semanas algunos de sus dirigentes, el caduco estado de las autonomías. Pero el trabajo ya estará hecho y servirá para hundirnos más:
Claro que siempre será mejor que nos aticemos entre nosotros a que venga alguien a volar trenes de cercanías.
¿O no?
El proyecto Zapatero llama igualdad a perseguir y castigar con dureza a quien critique los planteamientos o las conductas públicas de grupos que el Estado considere minoritarios. Esa es la esencia de la recién anunciada Ley de Igualdad de Trato. Pero sucede que en algunos lugares de España, los españoles son considerados minoría.
Según parece, la futura norma dará por supuesto, como sucedía con el canon digital, que el ciudadano es culpable antes de que se pruebe el supuesto delito y, en consecuencia, tiene que demostrar su inocencia.Esta circunstancia, que nos hace retroceder a períodos predemocráticos, sin duda constituye el ideal jurídico del proyecto Zapatero, de modo que si el PSOE se mantiene una legislatura más en el Gobierno de la nación, no descartemos que las futuras leyes partan de la premisa de que los españoles somos delincuentes por el hecho de haber nacido.
Pero la futura La Ley de Igualdad de Trato podría encerrar una sorpresa no deseada por sus “progenitores”: podría impedir la mordaza lingüística y afectaría a las restricciones a la libertad que imponen los partidos nacionalistas cuando gobiernan, y también los socialistas, como en el caso de Cataluña y Galicia, y el PP, en el caso actual de la Comunidad Valenciana.
La Constitución impide supuestamente la discriminación y la segregación en materia lingüística, pero ninguna de las formaciones aludidas (es decir, todas) la cumplen, algo que incomprensiblemente no parece preocupar en exceso a los sucesivos gobiernos de la nación, ni al Tribunal Constitucional, ni a la Justicia.
El Gobierno socialista, empeñado en elaborar una constitución paralela a base de la reforma de los estatutos y de la anunciada Ley de Igualdad de Trato, ha puesto nerviosos a los nacionalistas e izquierdistas de todas las regiones. CiU, PNV, ERC y BNG se han dado cuenta de que la mencionada norma podría incidir en el criterio de igualdad lingüística defendido en la Constitución, y han puesto el grito en el cielo.
Las pequeñas formaciones nacionalistas, que viven de la extorsión política gracias a un sistema electoral manifiestamente injusto, están llamando a la puerta de la ministra Pajín para exigir que su nueva ley recoja las garantías suficientes para que ellos puedan seguir saltándose la Constitución y puedan seguir cercenando el derecho a elegir libremente la lengua que cada cual quiera utilizar.
Uno de los más soeces representantes del nacionalismo, Joan Tardà, ha explicado en su blog que la Ley de Igualdad de Trato debe hacer todo lo contrario de lo que, en teoría, parece que regulará: quiere que garantice la imposición lingüística.
Se basa el rústico Tardà en la siguiente idea fuerza:
“¿Qué catalán no se ha tropezado en alguna ocasión con un guardia civil y este le ha soltado un ‘no le entiendo’.”
A la vista de lo cual, los nacionalistas de toda España reclaman:
1º Que la Ley de Igualdad de Trato obligue al guardia civil a conocer todas las lenguas regionales.
2º Y que en sus respectivas taifas puedan seguir imponiendo de manera obligatoria la lengua que más les convenga.
Todas las ceremonias fascistas, sea cual sea su grado de podredumbre, resultan vistosas y a menudo espectaculares. En el caso de Cataluña solo lo primero, porque el nacionalismo catalán se queda en fascistoide y además nunca fue espectacular.
Rodeándose de algunos de los más insignes corruptos convergentes, Artur, el pequeño Milosevic, prometió “plena fidelidad al pueblo catalán”, habló de “transición catalana” y se refirió a una siempre convenientemente ambigua “plenitut nacional”. No mencionó los Sudetes, pero no hacía falta: a su lado Durán Lleida daba testimonio de anexión perpetua.Los catalanes sabemos mucho de la mencionada “plenitut”. Dispusimos de casi 30 años para apreciar sus supuestas virtudes. El tripartito, no nos engañemos, fue tan solo la juerga de los golfos del nacionalismo catalán que hemos pagado todos los demás. Pero ahora llegan los de verdad, los profesionales de la cosa, sus inventores, los pata negra de la Serbia occidental.
Y con ellos la “plenitut”, una estrategia a la que Francis Ford Coppola dedicó tres películas y la democracia española, todos sus presidentes: “Voy a hacerle una oferta que no podrá rechazar.”
La “plenitut” es a la vez jugada de mus (en este caso, de botifarra) e inversión a medio plazo; es chantaje sin modales de bróker de provincias vestido de Paseo de Gracia y atraco callejero; es red clientelar y ataque de cuernos (a la “plenitut” en Andalucía la llaman “culo veo, culo quiero”).
También es sufrimiento, segregación, rechazo, xenofobia.
La “plenitut” es la cara que pone el nacionalismo convergente cuando le están mirando: se esfuerza por aparentar que considera real lo que imagina.
La “plenitut”, que encuentra su hábitat óptimo con gobiernos socialistas pero se desarrolla estupendamente con ejecutivos populares, la sufrirán los ciudadanos que quieran hacer uso de su libertad y la pagarán todos los españoles que no puedan huir del fisco.
Las cuatro provincias catalanas a las que Artur, el pequeño Milosevic, imagina en un planeta distinto al del común de los mortales españoles, inician una nueva etapa de corrupción y degradación política e inevitablemente moral. Una etapa mucho más peligrosa y tóxica que la del tripartito, porque ahora se restringirán libertades con modales más cuidados y la mano de pedir aparecerá enguantada.
Ha vuelto CiU. Regresan los que viven de explotar bajas pasiones. Igualdad y libertad en España: más que ayer, menos que mañana.
Aquí tienes los impresos necesarios para hacer llegar a la oficina del Defensor del Pueblo tu denuncia contra la nueva imposición de la lengua obligatoria.
La Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de Consumo de Cataluña, aprobada por los nacionalistas del PSC-PSOE, ERC, EUV y CiU supone una nueva imposición del tripartito y una invasión de los poderes públicos en la vida privada de los ciudadanos, atentando contra su libertad individual.Quienes incumplan esta nueva imposición de la lengua obligatoria tendrán que pagar multas de hasta 300.000 euros.
Desde BBS nos unimos a Impulso Ciudadano, que ha tomado la iniciativa de proponer a los ciudadanos que sean ellos mismos quienes eleven sus denuncias al Defensor del Pueblo.
Para ello, esta plataforma facilita dos documentos con los que puedes hacer llegar tu denuncia:
La balcanización se acelera. Entramos en la fase de desafío abierto. El tripartito anuncia el inicio de los actos institucionales de desacato con la aprobación de la inconstitucional ley de veguerías. Las instituciones del Estado callan.
A pesar de que ya no tienen ninguna validez, siguen en vigor las leyes aprobadas por el tripartito catalán que no encajan en la idea que del actual ordenamiento constitucional tiene el presente Tribunal Constitucional.
Nadie ha levantado la voz al respecto, ni el gobierno de la nación, encargado de hacer cumplir las normas; ni la fiscalía, siempre tan rápida cuando se trata de asuntos que convienen a los intereses del Gobierno; ni la Justicia, que hace tiempo dejó atrás la barrera del descrédito. Ni por supuesto el propio TC, el organismo más laxo del actual sistema político.
¿Algo que decir, Majestad, ante el espectáculo del desagüe tragándose aquello que le permite (todavía) seguir considerándose rey?
En cuanto a la Justicia y a demasiados de sus miembros, seguramente no podían caer más bajo en nuestro país a tenor de sus actuaciones recientes: entrada en vigor de la ley del aborto, Morín, Bono, Chaves o el propio estatuto catalán.
Por ello tal vez no cause sorpresa que el tripartito haya decidido iniciar una campaña de rebeldía institucional digna de los mejores tiempos de Milosevic. ERC ha comunicado hoy que la semana próxima el irregular parlamento regional catalán va a aprobar otra ley no menos irregular, la de veguerías, con la que los partidos nacionalistas esperan seguir tergiversando los resultados electorales.
Según ERC, la aprobación de esta ley será "un acto de soberanía" para el que no se han preparado enmiendas que intenten encajarla en la sentencia del Tribunal Constitucional.
Después de redactar el estatuto a sabiendas de su ilegalidad y de las sesiones que ha protagonizado tras la decisión del Constitucional, ¿es legítimo el parlamento regional catalán? ¿Por qué sigue abierto? ¿Para cuándo el artículo 155 de la Constitución?
Seguir creyendo en la clase política, en el sistema judicial o en la Constitución ha pasado de ser un ejercicio voluntarista a convertirse en un acto de estupidez.
Los líderes políticos catalanes hablan chino. No chino mandarín, sino
el chino arrabalero de la calle Robadors de finales de los 60, cuando
los progres, es decir, ellos, los líderes políticos catalanes, recorrían
el cochambroso barrio chino barcelonés con cara de National
Geographic para ver a las putas (hoy las llamarían “putas
españolas”, pero ya ninguna lo es).
Del Café de la Opera a Robadors o Tapias, y vuelta, hablando de Freud y Marx, los más jovencitos de Marcuse, mirándolas con la ansiedad del que decide creer que la revolución empieza por la entrepierna porque eso es lo que más le conviene. Lo que más le conviene al hombre.
Luego un rato Diagonal arriba, para confraternizar con el sector femenino indígena y competir ante ellas por ver quién es el más feminista.
Mis paisanos. Mis compañeros de generación. Algunos no tenemos memoria histórica, pero sí vergüenza. Vergüenza histórica: participamos de la barbarie. Sabemos que pertenecemos a la generación del ornitorrinco. No logramos olvidarlo nunca.
Los líderes políticos catalanes hablan chino arrabalero. Montilla pide "coraje a los pueblos de España para consolidar una estructura federal”. Parece estar convencido de que la ciudadanía le entiende.
Lo mismo le sucede a Arturito Mas, que acusa a los magistrados del indigno Tribunal Constitucional de ser unos provocadores "en toda regla" porque han dado a conocer la sentencia sobre la constitucioncita de la supuesta nación catalana la víspera de la manifestación de los supuestos catalanes.
El presidente de los nacionalistas ornitorrincos, Montilla, pide "coraje al conjunto de los pueblos de España para avanzar en una estructura federal más sólida". Puro chino. Y no contento con ello, añade:
“España debería empezar a reconocerse a sí misma en sus diversas lenguas y en sus diversas energías creadoras y artísticas".
En su extraño lenguaje, el ornitorrinco jefe dice que “el federalismo es la solución más práctica" para favorecer el progreso de la sociedad. Lástima que Miguel Servet (que en realidad se llamaba Serveto), San Juan de la Cruz o Ramón y Cajal tuvieran la ocurrencia de nacer tan pronto.
Mis paisanos, los husmeadores de la historia, desde las putas de Robadors a los pasillos del Congreso, narices afiladas de tanto olisquear el viento en busca de privilegios, proclaman este sábado en las calles de mi ciudad que en virtud de su supuesta capacidad de crearse a sí mismos, han decidido convertirse en ornitorrincos. ¡De acuerdo!
Pero por favor, que esta vez sean ellos los que corran con los gastos de la operación.
Todo lo impregna. Como el chapapote negro y pegajoso que se adhiere a
todo, así el nacionalismo todo lo contamina y corrompe. La economía y
la comunicación, pero también la comida y el arte. Las ideas y la
política. El deporte y hasta la Iglesia. Todo lo ensucia.
Y en todas partes, a través de todas esas manifestaciones, exhibe su carácter histérico y caprichoso, incontinente e infantiloide. El nacionalismo nunca ha sido ideología, sino estado de ánimo. El estado de ánimo del que busca el privilegio con el egoísmo inmaduro propio del adolescente caprichoso:
- Tu dinero es de todos. El mio, solo mio.
Y a eso, en España, le hemos dado en llamar financiación autonómica.
Por eso la reacción del catalanismo, es decir, de todos los partidos políticos catalanes menos dos (PP y Ciudadanos); de todos sus medios de comunicación; de sus universidades y sus empresarios; de su supuesta cultura y su falsa “sociedad civil”; la reacción de todos ellos es la misma, se encuentran frente al Tribunal Constitucional o ante un equipo de fútbol: la histeria, la incontinencia, la furibunda intolerancia ante la más mínima adversidad. Y por supuesto el juego sucio.
Tras quedar patente por enésima vez en el TC que el estatuto de los nacionalistas no logra pasar el filtro de la legalidad vigente, la histeria se ha adueñado del nacionalismo en Cataluña y en alguna otra región igualmente contaminada. Y ahora exige (jamás pide) que el TC se inmole sin más dilación en la plaza pública. No se conforma con que dictamine a favor de su estatuto: reclama que se autoinculpe y que se disuelva.
En cuanto terminó el encuentro tras ser derrotado por el Inter, el equipo de fútbol del nacionalismo catalán, el de Mas y Montilla y Zapatero y Carod, el que ha celebrado sus victorias en todos los campos de España, incluido el de su principal rival, sin que nadie le molestara, conectó los aspersores de riego de la zona en que los deportistas italianos estaban celebrando su triunfo.
Es siempre la misma reacción, sean políticos, periodistas, empresarios, curas o futbolistas. La misma exhibición de intolerancia. La misma incapacidad para la convivencia.
Es la expresión de la barbarie, que heredamos del pestilente siglo pasado. Pasaron los fascismos y (casi) los comunismos. Permanece el rescoldo, el nacionalismo, elemento sustancial de aquella bestia disfrazada de ideología política que produjo las mayores matanzas de la historia de la civilización.
Ellos, los Mas y Montilla y Zapatero y Carod, creen ser diferentes. Se sienten alejados de la barbarie de sus ancestros. Pero chapotean en el mismo lodazal. Por sus venas corre la entronización del sectarismo. El de la raza para unos, el de la clase social para otros. La misma basura asesina que, a modo de aspersor, ha manchado quién sabe si irremediablemente nuestra convivencia.
El
Barça, del “més que un club” a la Unió Esportiva Torquemada
Nacionalismo y mundial de fútbol (2)
Es mucho peor de lo que habíamos imaginado. En el estatuto catalán
no debe haber nada aprovechable cuando, a juicio del Tribunal
Constitucional, ni siquiera con el reconocimiento explícito de “la
indisoluble unidad de la nación española”, el texto puede recibir el
plácet.
La propuesta de sentencia que el Tribunal Constitucional rechazó recogía varias menciones explícitas a la unidad indisoluble de España y rechazaba clara y reiteradamente el pretendido carácter “nacional” de las cuatro provincias catalanas. Pero ni aun así superó la votación de los magistrados.
El fundamento jurídico 12 de la propuesta de sentencia sobre el estatuto de Cataluña, que fue rechazada por seis votos a cuatro, negaba también los símbolos con que el nacionalismo quiere alejar a la región de España y dejaba claro que el preámbulo del estatuto no sirve absolutamente para nada.
Ni así coló.
Hoy el diario El País ha filtrado el núcleo fundamental de la propuesta de sentencia rechazada. Muchos de los ciudadanos catalanes que nos sentimos traicionados por los redactores de ese lamentable texto hubiéramos firmado la resolución derrotada. Pero a pesar de dejar muy claras las cosas, y a pesar del formidable lío que han montado los nacionalistas de todos los partidos, desde el PSOE a los secesionistas, el Tribunal Constitucional sigue sin considerar legal esa norma.
El cúmulo de irregularidades y de ataques a la Constitución del texto del nacionalismo, que estos años de tránsito por el TC están evidenciando, no será aprobado ni siquiera renovando por completo el TC, como quieren los etnicistas. Zapatero mandó el marrón a los magistrados, pero ninguno quiere aparecer como cómplice de una derogación de facto de la Constitución por la puerta de atrás.
Ni con mayoría “progresista”, como la que hay hoy en el Constitucional, ni de ninguna otra forma será posible dar el visto bueno al reaccionario proyecto estatutario de los etnicistas.
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Este es el fundamento jurídico 12 de la propuesta de sentencia sobre el estatuto de Cataluña:
“Los términos nación y realidad nacional referidos a Cataluña utilizados en el Preámbulo carecen de eficacia jurídica interpretativa y el término "nacionales" del artículo octavo sólo puede ser entendido en el sentido simbólico antes expuesto referido a Cataluña, sin que quepa su empleo respecto de realidad jurídica como la propia Comunidad Autónoma, integrada en la indisoluble unidad de la nación española.
La nación que aquí importa es única y exclusivamente la nación en jurídico-constitucional. Y en ese específico sentido el ordenamiento constitucional español no conoce otra que la nación española, con cuya mención arranca el Preámbulo de la Constitución, que dice fundamentarse en su indisoluble unidad (artículo 2) y con la que se cualifica expresamente a la soberanía que, ejercida por el pueblo como su único titular reconocido (artículo 1.2), se ha manifestado como voluntad constituyente en los preceptos positivos de la Constitución española.
En el contexto del Estado democrático instaurado por la Constitución es obvio que, como tenemos reiterado, caben cuantas ideas quieran defenderse sin recurrir a la infracción de los procedimientos, instaurados por el ordenamiento para la formación de la voluntad general expresa en las leyes. Y cabe, en particular, la defensa de las concepciones ideológicas que, basadas en un determinado entendimiento de la realidad social, cultural y política, pretendan para una determinada colectividad la condición de comunidad nacional, incluso como principio desde el que procurar la conformación de una voluntad constitucionalmente legitimada para, mediante la oportuna e inexcusable reforma de la Constitución, traducir ese entendimiento en una realidad jurídica. En tanto, sin embargo, ello no ocurra, las normas del ordenamiento no pueden inducir siquiera al equívoco en punto a la "indisoluble unidad de la nación española" proclamada en el artículo 2 de la Constitución, pues en ningún caso pueden reclamar para sí otra legitimidad que la que resulta de la Constitución proclamada por la voluntad de esa nación, ni pueden tampoco, al amparo de una polisemia por completo irrelevante en el contexto jurídico que, para el poder público, es el único al que constitucionalmente ha de atenderse, referir el término nación a otro sujeto que no sea el pueblo titular de la soberanía.
La referencia del artículo 8 a los símbolos nacionales de Cataluña (…) ha de quedar pues, desprovista de alcance jurídico interpretativo la mención del preámbulo a la realidad nacional de Cataluña y a la declaración del Parlamento de Cataluña sobre la nación catalana. Esa mención, por lo demás, en cuanto tiene de expresión de una circunstancia histórica, es en sí misma jurídicamente intrascendente.
Los términos nación y realidad nacional referidos a Cataluña utilizados en el Preámbulo carecen de eficacia jurídica interpretativa y el término 'nacionales' del artículo 8 sólo puede ser entendido en el sentido simbólico antes expuesto referido a Cataluña, sin que quepa su empleo respecto de realidad jurídica como la propia Comunidad Autónoma, integrada en la indisoluble unidad de la nación española.”
El País, medio al que pertenece la fotografía, los llama "los progresistas": Manuel Aragón, Ramón Rodríguez Arribas, Elisa Pérez Vera, Javier Delgado Barrio y María Emilia Casas.
Mientras recibe mamporros por todas partes, incluida la derecha mediática en manos del empresariado nacionalista catalán, el Tribunal Constitucional ha demostrado que algunos de sus miembros mantienen la integridad y la independencia incluso en los momentos más difíciles.
Para quien conozca, aunque sea someramente, cómo se las gastan los políticos por debajo de la mesa, será fácil imaginar lo que habrá tenido que soportar un magistrado como Manuel Aragón, que ha sido presentado por los medios del Gobierno ante la opinión pública como perteneciente al sector “progresista” del TC, es decir, dependiente del PSOE, y que al parecer ha roto esa suerte de disciplina de voto ideológica y ha votado de acuerdo con la Justicia y la Constitución, y no con arreglo a las siglas de quien le nombró.
La simpleza (tiene otro nombre en el caso de la prensa catalana) con que el nacionalismo, la izquierda y la prensa del Gobierno han analizado la decisión del Constitucional estremece. Y explica por qué tantos han terminado convencidos de que cuatro provincias pueden ser un país, o una nación.
Empachados de expresiones como “nacionalidad” o “identidad”, ahítos de mirarse el ombligo, que es do mora su cartera, políticos de izquierdas y nacionalistas, y sus respectivos siervos mediáticos, han sometido a la ciudadanía a un verdadero lavado de cerebro en el que las palabras ya no significan lo que quieren decir y la Historia se adapta a los eslóganes.
La decisión del Tribunal Constitucional es de una claridad meridiana: después de cinco intentos, el malhadado estatuto catalán sigue sin pasar la prueba del algodón constitucional. No se trata de que haya magistrados de derechas o “progresistas”, sino de que ese texto no encaja de ninguna de las maneras en la Constitución.
La férrea alianza de izquierdistas y nacionalistas lleva cuatro años tratando de que el TC pase por el aro de sus intereses partidistas, sometiendo a los miembros de la institución a una más que férrea presión, constante y cada vez más amenazadora. Aunque los acosadores acusen de presión al PP, ni Rajoy ni su partido tienen nada que ofrecer, nada con que coaccionar, porque son los izquierdistas y los nacionalistas quienes durante todos estos años vienen detentando el poder.
El resultado son cinco ponencias rechazadas. ¿Alguien duda de la inconstitucionalidad del estatuto de Zapatero y Mas?
La solución para los llorones, que son cada día más violentos y agresivos, es la de siempre cuando se trata de los radicales de la etnia y el socialismo: la depuración.
Proponen diversas medidas, pero todas pasan por esa práctica en la que son tan diestros. Reclaman la depuración de los miembros del TC que han demostrado un mayor respeto a la ley. Como solución alternativa, proponen depurar la propia institución clausurando el Tribunal Constitucional. Y por si las dos anteriores soluciones fallan, tampoco le hacen ascos a depurar la propia Constitución.
La solución para los ciudadanos, para todos ellos, y no para una reducida casta política multiplicada por 17, no pasa por la depuración sino por que cada vez haya en los puestos de responsabilidad más personas íntegras y respetuosas con las leyes, como sucede con algunos de los miembros del Tribunal Constitucional. En lugar de trileros.
El dirigente del PP, Antonio Basagoiti, ha apelado al concierto económico como instrumento eficaz para combatir la crisis económica en la región.
En el curso de un acto con empresarios vascos, Antonio Basagoiti habló de "exprimir" las posibilidades que ofrece en concierto económico para paliar los efectos de la crisis económica. No es la primera vez que se alude al concierto económico como motor de la prosperidad económica.
Las afirmaciones de Basagoiti no son muy distintas a las de Pasqual Maragall, que en la primera legislatura del tripartito catalán reclamaba para la región un trato igual para alcanzar niveles similares de riqueza.
El concierto permite a las haciendas forales recaudar los impuestos en la región y luego ingresar en las cuentas del Estado el porcentaje (el cupo) de esa recaudación que supuestamente equivaldría a los gastos originados por las competencias no asumidas por el País Vasco, y de las que se encarga la administración central. El cupo se destina asimismo al Fondo de Compensación, que debe corregir los desequilibrios económicos interterritoriales en nuestro país.
El concierto supone que en el País Vasco se tributa como si la renta media de los ciudadanos de la región fuera igual que la renta media del conjunto de la nación. En la práctica este sistema fiscal significa que en algunos lugares de nuestro país (País Vasco y Navarra) se establece la contribución con independencia de los ingresos. Y hasta cierto punto, también significa que son los territorios los que tributan, y no las personas.
Según los cálculos del profesor Mikel Buesa, el País Vasco se benefició el pasado año (dejó de ingresar en la caja común del Estado) de más de 2.000 millones de euros gracias al concierto económico. Y Navarra, de 544 millones. Por otro lado, el cálculo del cupo desemboca cada año en una negociación que suele ser tempestuosa y que sirve para que los nacionalistas obtengan privilegios adicionales del partido que en cada momento gobierna la nación.
Ningún partido de estas dos regiones, ni sus organizaciones empresariales, ni sus sindicatos se muestran críticos con un concierto económico que permite mantener unos niveles de servicios a la cabeza de toda la nación. Y lo mismo sucede con muchos ciudadanos. En cuanto a los nacionalistas, el concierto es un vestigio del franquismo que se ha conservado y que nunca han cuestionado a pesar de su origen.
Pero el procedimiento ha generado no pocas tensiones de distinto signo. Por un lado, la existencia del concierto y del correspondiente cupo no respeta los principios constitucionales de progresividad, igualdad y solidaridad. Por otro, desde el nacionalismo catalán se ha utilizado el concierto como agravio comparativo y para reclamar un trato igual en la financiación regional.
Un trato igual, pero no extensivo al resto de regiones. Frente a ello, desde formaciones como UPyD se ha cuestionado la equidad del procedimiento. Si todas las regiones gozaran de un sistema similar al de las haciendas forales, el PIB de nuestro país habría caído en 2007 un 3,6%.
"Atribuir un río al pueblo ante el cual pasan cantarinas sus aguas es algo parecido al hecho de que Viena quisiera apropiarse del Danubio porque el joven Strauss escribió un famoso vals a él dedicado."
Francisco Sosa Wagner Cuando oímos en España la cantinela del glorioso pasado de fueros y territorios históricos que, al parecer, tienen tantos de nuestros rincones, siempre pienso en Prusia, un Estado con toda la barba que, en el siglo XIX, puso de rodillas al Imperio austriaco y a la Francia del II Imperio y que desapareció del mapa por un acuerdo de los generales aliados en Berlín.
¿Reivindica alguien en Alemania la reconstrucción de Prusia, alguien quiere reponer sus derechos históricos? Pues por estos pagos nos hemos acostumbrado a desenterrar reyes y a refocilarnos en antiguas batallas para fundar sobre esos cadáveres o sobre esos jirones de la Historia nuestro futuro político.
Así se pone de manifiesto con la incorporación a la Constitución de los derechos históricos, por medio de la cual se permite la existencia de un derecho previo a la Constitución que ésta ha de asumir, franqueándose además la entrada a un sujeto jurídico, el 'pueblo', exigente y tenaz, puesto que no está dispuesto a renunciar a ninguno de tales derechos aunque tampoco a incorporarlos definitivamente ni a explicarnos en qué consisten.
Pueden ser tan sólo 'actualizados', que es algo así como someterlos a un tratamiento geriátrico porque es cierto que los años se agolpan en sus entretelas. Lo malo de este invento es que ha fructificado, de suerte que la siembra de tal pensamiento en los huertos de otros nacionalismos pone de manifiesto lo arraigado de esas ansias preconstitucionales y románticas, primas hermanas de la singularidad, la exención, la inmunidad, cuando no del acuerdo o pacto entre iguales, que llevan a lo que ahora se llama la 'bilateralidad'.
Pero sépase que los países serios que han tenido que recurrir a figuras similares a nuestros derechos históricos las han eliminado en la primera ocasión que se les ha presentado. Así ocurrió con lo que la doctrina alemana llamó a finales del XIX 'Reservatrechte' (derechos reservados), un compendio de privilegios antiguos que incluían 'embajadas', presidencias o competencias exclusivas en el correo, el telégrafo o los ferrocarriles y que Bismarck ofreció a Baviera y otros Estados del sur para que aceptaran integrarse en el Imperio.
Cuando llegó la redacción de la Constitución de Weimar (1919), fueron suprimidos sin más. Tal supresión vino a propuesta de las fuerzas progresistas que la elaboraron: liberales y socialistas. Los más osados arqueólogos políticos suelen decir, cuando alguien -como es mi caso- aduce el ejemplo alemán, que nuestro país nada tiene que ver con Alemania. Abultada ignorancia la que esconde esta afirmación, porque España tiene un saldo deudor permanente respecto de las construcciones constitucionales alemanas. Copiamos la Constitución de Weimar en 1931 y copiamos buena parte de la Ley fundamental de Bonn en 1978.
Esto sin citar lo que han significado los libros de los juristas alemanes de los dos últimos siglos para nuestro derecho público o las sentencias del Tribunal Constitucional alemán para el trabajo diario del nuestro. Recordar todo esto produce una mezcla indefinida de cansancio, mareo y tedio, pues se trata de cuestiones bastante elementales que deberían ya darse por sabidas. Pero en ésas estamos.
En estos momentos, además, a la existencia de estas piezas exóticas en nuestro texto constitucional ha de unirse el animado proceso de reforma de los Estatutos -en Valencia, Cataluña o Andalucía-, que está proporcionando un panorama que puede calificarse desde el punto de vista estético como barroco, y desde el político y jurídico-constitucional, como un dislate de filigrana.
Porque ¿qué es sino un atropello a la más elemental razón jurídica ir aprobando estatutos de autonomía aquí y acullá sin tener previamente los planos del Estado que queremos construir? Es al proceder de esta manera atolondrada e irreflexiva cuando salen soluciones tan pintorescas como la de atribuir un río al pueblo ante el cual pasan cantarinas sus aguas, que es algo parecido al hecho de que Viena quisiera apropiarse del Danubio porque el joven Strauss escribió un famoso vals a él dedicado.
O se (des) organiza el sistema sanitario con tal refinamiento que es necesario elaborar ahora un plan de vacunas, pues las comunidades autónomas han querido dejar en la administración de la vacuna contra la viruela sus propias e intransferibles señas de identidad.
O se pretende crear 17 consejos judiciales como si no fuera desventura suficiente la existencia del que ya conocemos. Y así sucesivamente. ¿Qué hacer? Enmendar los muchos yerros cometidos exige que metamos en la cabeza de los gobiernos -de éste y de los que le sucedan- que la estructura del Estado no se puede construir sobre la coyuntura parlamentaria que brinda cada ocasión, sino a través de pactos forjados entre quienes creen en el Estado, y no con quienes desean suprimirlo o esqueletizarlo.
Pues ha de saberse que sólo podrán existir estructuras descentralizadas eficaces si el Estado previamente cuenta con junturas bien engrasadas y con potentes instrumentos de cohesión. Lo contrario nos lleva a poderes públicos anoréxicos, una golosina para los intereses privados. (Publicado en El Correo, 15.12.08)
"No nos dejemos llevar por la racionalidad abstracta. Lo que verdaderamente está en juego es la integridad y la legitimación del Estado democrático en España, a la vez que la unidad y la dimensión del mercado interior nacional."
Mikel Buesa
Parece que con entusiasmo desbordante las principales fuerzas políticas de Cataluña, más allá de diferencias ideológicas, se han adscrito a la idea de que las balanzas fiscales son fundamentales para sustentar su actuación política.
Sorprende esta unanimidad que nos obliga a evocar la vieja observación de Keynes quien, en las páginas finales de su Teoría general, anotó: «las ideas de los economistas…, tanto cuando son correctas como cuando están equivocadas, son más poderosas de lo que comúnmente se cree».
E inmediatamente añadió que «los hombres prácticos, que se creen exentos por completo de cualquier influencia intelectual, son generalmente esclavos de algún economista difunto»; para después aludir a los políticos «que oyen voces en el aire, (y) destilan su frenesí inspirados en algún mal escritor académico de algunos años atrás».
No es difícil encontrar, en este caso, al economista difunto, al mal escritor académico cuyas ideas erróneas han alcanzado un poder inusitado. Su nombre no es otro que el de Ramón Trias Fargas, Catedrático de la Universidad de Barcelona estrechamente vinculado, a través del servicio de estudios del Banco Urquijo, con la promoción en España de la economía regional —antes, naturalmente, de engrosar las filas de Esquerra Democrática de Catalunya, partido que se integraría en la Convergencia de Jordi Pujol—.
Fue, en efecto Trias Fargas quien, en 1972, publicó una Introducció a l’economia de Catalunya que se tradujo dos años más tarde al español y tuvo una indudable difusión entre los economistas y políticos de la época. En su obra, el profesor Trias Fargas, partiendo de algunos trabajos anteriores sobre la balanza de pagos de Cataluña, realizados dentro del ámbito académico de la Universidad Central de Barcelona, sostuvo que el ahorro generado en la región superaba a la inversión y que tal situación perjudicaba el desarrollo económico catalán.
En vez de razonar el los términos de una economía abierta —y, en consecuencia, constatar que ese desequilibrio se tenía que compensar necesariamente con un superávit comercial—, prefirió hacer caso omiso de la relación externa de la región con los demás territorios de España; es decir, ignoró el verdadero motor de los negocios catalanes que estaba en la base del superior nivel de desarrollo de Cataluña: la venta de las mercaderías manufacturadas en la que ya entonces era la «fábrica de España» en un mercado interior protegido de la competencia internacional.
Trias Fragas parecía más bien imbuido de una idea autárquica. Y, por ello, sostuvo que, para impulsar el crecimiento catalán, era necesario «ahorrar más y procurar perder el mínimo posible de nuestro ahorro fuera de Cataluña». Cómo lograrlo era, en su singular análisis económico, muy sencillo: bastaba disminuir al máximo el déficit fiscal regional que, con dudoso rigor contable, estimaba en el 48 por 100 de los ingresos obtenidos por la hacienda del Estado.
O sea, se trataba de que los impuestos pagados por los catalanes se gastaran exclusivamente en Cataluña y no se transfirieran al resto de España. Note el lector que esta propuesta —que ha pasado sin variación alguna al pensamiento político común de las diversas variantes del nacionalismo catalán— lleva implícita una idea falsa pero muy atractiva para las personas ignorantes de las florituras del análisis económico: la promesa de hacer ricos a los catalanes sin que éstos tuvieran que hacer nada. Y, sobre esa base, Trias pretendió asentar un «nuevo regionalismo» de carácter populista en el que confluirían los intereses de «la Cataluña de los ricos y la Cataluña de los pobres», pues «cuando decimos que el ahorro catalán debe permanecer en Cataluña, decimos algo que le conviene al empresario… y decimos algo que igualmente conviene al asalariado».
Ni que decir tiene que el profesor barcelonés, como todos los demagogos de esta especie, eludió el incómodo problema de la distribución de la riqueza diciendo que «una vez incrementada la renta regional, (ya) veremos cómo la repartimos». Y proclamó, con euforia irrefrenable, que «el catalanismo como exclusiva de la burguesía ha terminado».
Dicho de otra manera, es obvio que, en las ensoñaciones de este intelectual, la lucha de clases, el conflicto de intereses entre capitalistas y asalariados, se desvanecía en la armonía universal de la nación reencontrada, de la etnia aislada y libre de las ataduras que, de momento, la mantenían unida a una España concebida como poder opresor ajeno a la tradición catalana.
La propuesta del profesor Trias Fargas tuvo un indudable impacto entre las minorías políticas catalanas que, en aquellos años, se afanaban en la lucha contra el franquismo; y dado que esa propuesta impregnó tanto a la derecha como a la izquierda catalanista, no sería sorprendente que, en el imaginario nacionalista, la eliminación del déficit fiscal se identificara con el derrocamiento de la dictadura.
Se expandió así un sentimiento victimista, una idea de expolio, el delirio de haber sufrido un despojo legendario, como si el resto de los españoles se hubieran aprovechado siempre de la laboriosidad de los catalanes. Quien con mayor claridad ha expresado esta idea es el también distinguido economista académico Xavier Sala i Martin, para el que «un argumento importante que se tendría que utilizar para valorar los costes y beneficios de la independencia —se refiere a la de Cataluña— es el déficit de la balanza fiscal…
El beneficio principal, según dicen, es la “solidaridad interregional”. Pero una cosa es la solidaridad y otra que te roben la cartera». Pues bien, a partir de estas ideas simples y demagógicas, la cuestión de la balanza fiscal se convirtió en uno de los tópicos más relevantes en los que confluyeron los programas políticos de la derecha y la izquierda catalanista, incluyendo más tardíamente al socialismo. Y, puesto que, a partir de ellas, lo que se pretende argumentar es el saqueo de Cataluña, no sorprende que, como ha destacado el profesor Angel de la Fuente, «exista la tentación de utilizar las balanzas fiscales de manera demagógica, manipulándolas para excitar la indignación ciudadana ante agravios reales o supuestos con la esperanza de obtener rendimientos electorales».
Llegados a este punto, conviene avisar al lector que, aún cuando en apariencia la discusión sobre las balanzas fiscales sólo versa acerca de la oportunidad de su publicación o de su limitada utilización al no tener en cuenta los flujos reales interregionales de bienes y servicios, las cosas se complican mucho más.
Ello es así debido a las dificultades metodológicas que encierra el concepto de balanza fiscal. Éste se presenta muchas veces como un instrumento contable de carácter imparcial u objetivo. Sin embargo, debe aclararse que tal objetividad es también una ilusión, pues los economistas están aún muy lejos de haber establecido un consenso sobre el asunto, una metodología estandarizada para determinar cuál es la contribución de los ciudadanos residentes en cada región a los ingresos de las Administraciones Públicas, y los beneficios que esos mismos ciudadanos obtienen a partir de los gastos que realizan esas Administraciones.
En efecto, sin ninguna pretensión de exhaustividad, se puede señalar que los gastos de las Administraciones públicas se pueden imputar a un territorio teniendo en cuenta cuál es la localización geográfica de su realización o bien considerando dónde viven sus beneficiarios. Por poner sólo un ejemplo, según el primero de esos criterios el coste de la base naval de Cartagena se atribuiría a Murcia, pero de acuerdo con el segundo habría que repartirlo entre todas las Comunidades Autónomas debido a que la actividad de ese establecimiento militar proporciona un servicio de defensa a todos los españoles. Pero las complicaciones no acaban ahí, pues, además, para cada partida de gasto hay que tener en cuenta un criterio de reparto regional; y muchas veces son varias las posibilidades entre las que elegir. Y con los ingresos ocurre lo mismo, pues una cosa es dónde se declaran los impuestos y otra muy distinta quién los paga.
Todo ello hace que los resultados del cálculo puedan ser divergentes según sea el criterio de imputación empleado. Así, tomando en consideración el caso de Cataluña como ejemplo indicativo, el profesor Ramón Barberán demostró que el saldo fiscal de esta región, estimado según las diferentes reglas de cálculo utilizables, tiene un recorrido que va desde una cifra positiva equivalente al 0,4 por cien del PIB a otra negativa del 7,9 por cien de este agregado macroeconómico.
Por tanto, para determinar cuál es el saldo fiscal de una región, son varias las orientaciones metodológicas que pueden seguirse y, paralelamente, varios los resultados que pueden obtenerse. Además, las metodologías se adscriben, en ocasiones, a las simpatías políticas de quien las adopta. Citemos a este respecto al profesor López Casasnovas, catedrático en la Universidad Pompeu Fabra, quien, con toda claridad, señala en uno de sus trabajos su interés en establecer, para el cálculo del saldo catalán, un «escenario soberanista… (con) derechos de recaudación y de participación en beneficios por parte de los diferentes territorios».
En definitiva, en el actual estado de la investigación económica sobre este asunto, no es prudente lanzarse a la publicación oficial de las balanzas fiscales de las Comunidades Autónomas, toda vez que aún queda un amplio margen de discusión sobre su metodología contable. Más que realizar precipitadamente esas balanzas, el Ministerio de Economía debería nombrar un comité de expertos para tratar de llegar, en un plazo razonable, a las convenciones necesarias que hagan de esas balanzas un documento aceptable. Y, en ese mismo sentido, debería integrar las balanzas fiscales en un sistema completo de cuentas económicas que refleje la totalidad de los flujos económicos, reales y financieros, entre las diferentes regiones de España.
Pero no nos dejemos llevar por la racionalidad abstracta. Lo que verdaderamente está en juego, en este momento, con la discusión sobre las balanzas fiscales, es la integridad y la legitimación del Estado democrático en España, a la vez que la unidad y la dimensión del mercado interior nacional.
Para entender esto, basta con tomar en consideración el hecho de que, como destacó en su día el profesor De la Fuente, tres cuartas partes de los flujos interregionales de ingresos y gastos derivados de la actividad del sector público son atribuibles exclusivamente a la redistribución personal de la renta —en virtud de la cual hay más equidad y se amortiguan las diferencias entre los ricos y los pobres que se derivan del mero funcionamiento del mercado, lo que, a su vez, legitima el sistema político y amplia el tamaño del mercado—; otro ocho por cien financia la creación de bienes públicos de carácter nacional y la regulación de la economía —haciendo que ésta corrija sus fallos de mercado—; y sólo queda una sexta parte para los gastos en los que cabe la aplicación de criterios discrecionales de reparto territorial.
En consecuencia, en la práctica, el margen de actuación para aliviar supuestos agravios regionales —salvo que se quiera hacer más desigual la distribución personal— es demasiado estrecho como para satisfacer las aspiraciones nacionalistas. Si éstas, apoyadas en una visión simplista de los saldos fiscales, acabaran triunfando en el diseño de un nuevo sistema de financiación autonómica y se limitaran los flujos interregionales de ingresos y gastos públicos, ese margen puede verse sobrepasado.
Entonces, el potencial de desarrollo económico de España, y de todas sus regiones, se estrechará; y, con él, las rentas de los ciudadanos y su nivel de vida. No sería sorprendente, entonces, que se levantaran voces contra el sistema que hubiera propiciado ese cambio, afectando así a la legitimidad de la democracia. Por ello, sería oportuno que quienes ahora nos gobiernan corrigieran el tortuoso rumbo que han emprendido y que nos puede conducir al desastre. (Publicado en ojosdepapel, 2.6.08)
¿Qué se esconde tras la persistente mirada de Esquerra Republicana de Catalunya hacia la Bolivia de Evo Morales?
El 19 de octubre de 2006, en la edición catalana de El País, Joan Puigcercós escribía:
Algunas de estas proezas ya se han alcanzado en la Cataluña del tripartito que preside José Montilla. Por ejemplo, la creación de las "embajadas" y el consiguiente "ministerio" de asuntos exteriores nacionalista, y la "multiplicación de los recursos"... que han ido a parar a la propia ERC. La Secretaría de Juventud de la Generalidad, a cuyo cargo está un dirigente de Esquerra Republicana de Catalunya, ha concedido otros 17.000 euros a las JERC, las juventudes de ERC, con la cobertura siguiente:Catalunya, país comprometido con la solidaridad internacional y la cooperación para el desarrollo de los países empobrecidos, debe participar activamente en la construcción de un orden internacional más justo y solidario, la redistribución equitativa de la riqueza, el respeto de los derechos individuales y colectivos, los valores democráticos, la cultura de la paz y una acción humanitaria independiente, neutral e imparcial.
Y hacerlo dotando a la Generalitat de los instrumentos necesarios, creando un Departamento de Asuntos exteriores y Cooperación que coordine y dote de coherencia las relaciones internacionales, la cooperación al desarrollo y el fomento de la paz; poniendo en marcha el Instituto Catalán Internacional de la Paz, aprobando un Plan director de cooperación que planifique las prioridades del periodo 2007-2010 de manera consensuada, y multiplicando los recursos de la cooperación catalana hasta que el 0,7 del PIB de Catalunya para que cooperación al desarrollo sea una realidad el 2010, con el horizonte de lograr el 1% a medio plazo.
"Para el fomento de la participación juvenil en la red asociativa de Bolivia".Sin duda una parte de ese dinero, procedente de las arcas públicas, se ha empleado en Bolivia. El pasado mes de enero, algunos miembros de las JERC visitaron aquel país y mantuvieron contactos con el Movimiento al Socialismo, el partido de Evo Morales, con el fin de formar cuadros de su organización de jóvenes. En aquella ocasión, los republicanos, con la delicadeza política que les caracteriza, no tuvieron ningún reparo a la hora de opinar sobre los asuntos internos del país que les recibía. En sus discursos dejaron perlas diplomáticas de este calibre:
La reivindicación de los autonomistas de la región boliviana de Santa Cruz representa las ansias de la minoría oligárquica y reaccionaria del país con el único interés de continuar disfrutando de los privilegios económicos de la explotación de los recursos naturales de Bolivia. Las JERC no consideran legítimas las demandas de Santa Cruz porque consideran que la autonomía es únicamente un disfraz para esconder la voluntad de crear un contrapoder para hacer frente al gobierno boliviano, conseguido de manera democrática por Evo Morales y el MAS.No es este el primer contacto entre el gobierno Morales y ERC. Desde hace años, la ayuda a la cooperación internacional dedica importantes cantidades a misiones en el país andino y la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament y la Secretaria General de Joventut han canalizado numerosas subvenciones en esa dirección. La pasión boliviana de Esquerra Republicana tiene una muy sencilla explicación. La pasada primavera, el dirigente de ERC Bernat Joan, a la sazón secretario de Política Lingüística de la Generalidad catalana, interpretaba en clave nacionalista el triunfo electoral de Evo morales en Bolivia:
Fue una alegría ver que Evo Morales, líder del MAS (Movimiento Al Socialismo), ganaba las elecciones en Bolivia. Por primera vez, los aymara, la nación mayoritaria en Bolivia, tenían un presidente de los suyos, en vez de sufrir un miembro del exigua minoría de raíces europeas que hasta ahora ha dominado del todo aquel país andíno. (Bernat Joan, Patint per Bolivia)
Huelga decir que con "exigua minoría de raíces europeas" aludía el eximio político a los hispanos. Bolivia tiene algo más de 10 millones de habitantes. De ellos, un millón son aymaras, 1,5 millones son quechuas y unas 300.000 personas pertenecen a otras etnias. Cabe suponer que el resto es la "exigua minoría". Valga el lapsus (o no) de Joan como paradigma de la forma de apreciar la realidad del nacionalismo (o mejor, de apropiarse de ella) y para entender por qué desde el etnicismo hay tanto interés por personajes como Evo Morales.
La semana pasada Jordi Pujol declaró que la inmigración procedente de los países del Sur y centro de América es un problema para los catalanes (se refería, obviamente, a los catalanes que son como él). No se extendió demasiado en el por qué, pero todo el mundo le entendió: por el idioma que hablan. Para el nacionalismo catalán la gran esperanza lingüística son los magrebíes, a los que pueden imponer la lengua obligatoria a cambio de prebendas de todo tipo, y los latinos que no hablen español, o al menos puedan presumir de alguna lengua distinta. El presidente boliviano es para los nacionalistas españoles el héroe soñado que sustraerá a la América hispana de sus "raíces europeas".
El ministro de Cultura ha anunciado la concesión de "importantes subvenciones" para el cine en gallego, en catalán y en vasco. Según César Antonio Molina, estas cantidades de dinero se entregarán como "forma de reconocimiento y protección" al cine en lenguas regionales.
Este homenaje a la cinematografía autonómica, cuyo éxito es fácilmente reconocible, no ha concretado todavía sus cifras. Las subvenciones que las películas producidas en gallego, vasco y catalán reciben de sus respectivos gobiernos regionales son en las tres autonomías inversamente proporcionales al número de espectadores que pasan por la taquilla en los cines donde se proyectan.
Ello no es óbice para que ahora se sume al esfuerzo subvencionador el dinero procedente de los Presupuestos Generales del Estado. Con dinero público como "forma de reconocimiento y protección" a la cinematografía regional, se ha subvencionado en Cataluña el cine porno hablado en catalán. Más información en:
- Nacionalistas y socialistas subvencionan documentales en Argentina
- INFORME Academia del Cinema Català: soberanistas, espías y muy poco cineEn la ilustración, cartel de una muestra de la cinematografía en catalán, obra de un director subvencionado.
"La víctima siempre es la misma: la solidaridad entre los españoles, una de las piezas que justifican nada menos que al Estado moderno, construido precisamente para fabricar cohesión entre las clases sociales y entre los territorios."
Francisco Sosa Wagner
"Se nos sermoneará que España está más cohesionada que nunca, pero la realidad se aleja de esta suerte de hipnotismo que se viene administrando desde los púlpitos de la corrección política, con sospechoso tesón.
"Precisemos: España, esa compleja entidad colectiva plena de esencias y presencias, va a su aire: productiva, inquieta, creadora, cada vez más ajena a los discursos políticos, siempre a medio camino entre la fábula y la ficción tragicómica. A esa España, que por supuesto no se rompe ni se desgarra, no aludo. Me refiero al Estado que, sometido al pulso de la fragmentación, ofrece las trazas de un astro menguante.
"Los ejemplos a exhibir son tan abundantes que emiten ya sonoras alarmas. Así, en el problema del agua chapotean conflictos derivados de la política de obras hidráulicas, pero también las previsiones de los nuevos estatutos que han tenido la mano larga a la hora de apropiarse de ríos enteros, incluso de aquellos que tienen la osadía de traspasar las fronteras españolas y adentrarse en algún país extranjero.
"Hay ya incluso alguna provincia que pretende quedarse con su río, emulando así en avidez hídrica a sus hermanas mayores, las comunidades autónomas. Sólo falta que los municipios se apunten al festín. De ahí que se amontonen los pleitos y se llame a las puertas del Tribunal Constitucional para que éste enderece los desaguisados que esparcen por doquier políticos tan largos de ambiciones como cortos de mesura en la administración de la res publica.
"Por su parte, los dineros públicos han desatado una guerra entre comunidades, enfrentadas hoy ya las ricas con las pobres, las del este con las del oeste, y las del sur con las del norte. Se lanzan entre ellas balanzas como proyectiles, o se recurre a acuñar criterios de inversión del Estado en función de los intereses de cada cual: quién blande la población, joven o envejecida, castiza o inmigrante; quién la superficie forestal; quién el turismo. Sólo falta que se invoque el consumo de sidra o el de paella para allegar recursos y construir fortunas regionales.
"Un deslizadero éste que amenaza despeño, bendecido -de nuevo- por el Parlamento, por el Gobierno, incapaces de administrar el sacramento del orden y la disciplina en asunto de tanta sustancia. Ya veremos cómo se encarrila todo este embrollo y si será también el Tribunal de la calle de Domenico Scarlatti de Madrid el que al final se vea obligado a concertar lo que los políticos han desconcertado. Y veremos qué secuelas deja: de agravios no satisfechos, de rencillas entre vecinos, de afrentas, todas a la espera de ser saldadas en algún combate próximo.
"La víctima siempre es la misma: la solidaridad entre los españoles, una de las piezas que justifican nada menos que al Estado moderno, construido precisamente para fabricar cohesión entre las clases sociales y entre los territorios.
"En Italia, tras las recientes elecciones, se está cociendo el mismo guiso y ahí está el Norte poderoso desafiando al Sur menesteroso. Pero, en aquella península, las banderas de la insolidaridad y del egoísmo las enarbola la derecha más reaccionaria mientras que, en estos pagos, ¡encima! llevan vitola de progreso.
"Pues ¿qué decir de la Sanidad? Acaba de aparecer un libro -Integración o desmoronamiento. Crisis y alternativas del sistema nacional de salud, firmado por Juan Luis Rodríguez-Vigil Rubio, político socialista que tuvo significadas responsabilidades en Asturias-, donde se analiza sin vacua palabrería la situación en que se halla el que quiso ser modelo sanitario.
"Para Vigil, «el sistema nacional de Salud tiende cada vez más a configurarse como un sistema no excesivamente articulado, poco armónico y de creciente heterogeneidad que, además, carece de instrumentos eficaces para fortalecer su cohesión, dado que para funcionar depende casi en exclusiva de la mejor o peor voluntad que en cada caso y momento tengan los gobiernos autonómicos... por lo que no resultan en absoluto extrañas las decisiones y los actos de descoordinación que emanan de los distintos integrantes del servicio nacional de Salud y que favorecen claramente la fragmentación del conjunto».
"Un camino por el que se llega a situaciones tan pintorescas como la que ofrecen los distintos calendarios de vacunaciones o la más inquietante del gasto farmacéutico, pues en algunas regiones se restringe la dispensación de unos fármacos que en otras se recetan con largueza.
"De igual forma, son manifiestas ya las diferencias que existen entre comunidades en relación con las listas de espera, con la salud bucodental, con los servicios de salud mental y otras especialidades y superespecialidades. El riesgo, para Vigil, es claro: se está a un paso del «descoyuntamiento del actual servicio nacional, el cual podría llegar a mutar en 17 sistemas sanitarios diferentes».
"Por su parte, la Ley de Dependencia, estrella de la política social del Gobierno, se proyecta sobre la realidad de forma renqueante y, por supuesto, a 17 velocidades distintas pues todo queda al albur de la voluntad política, del dinero y los medios personales empleados, de las prioridades de cada región...
"Si pasamos a otro servicio público vertebrador, el de Educación, las conclusiones son las mismas, sólo que en este ámbito nos encontramos en un estadio más maduro de fragmentación, agravado por la vuelta de tuerca que se percibe en la política lingüística de las comunidades bilingües.
"Pero hay más. En el caso de la enseñanza superior y respecto de los títulos universitarios, una responsabilidad indeclinable del Estado -artículo 149.1.30 de la Constitución-, la ley reciente de universidades opera con una agresiva frivolidad: se suprime el modelo general de títulos por lo que el panorama que se avizora es el de una diversidad abigarrada de títulos de libre denominación en cada universidad, vinculados tan sólo a directrices mínimas del Gobierno, válidas para vastas áreas de conocimiento, y a la intervención -más bien formal- de la Comunidad Autónoma y del Consejo de Universidades, que siempre habrán de preservar «la autonomía académica de las universidades».
"A todo esto hay que añadir la amenaza, que pende sobre el empleo público, de aprobar 17 leyes de funcionarios y sobre la Justicia que, si el Todopoderoso no lo remedia, verá nacer en breve 17 consejos regionales judiciales, como si no fuera castigo suficiente el general de Madrid. Etcétera, etcétera.
"De verdad, ¿exige la diosa de la autonomía que ardan en su pebetero tantas y tan variadas ofrendas? "Para sortear la angustia se impone una pregunta final: ¿Tiene todo esto remedio? Creo que sí. En mi opinión, enderezar los pasos dados de forma tan atolondrada exige retomar el camino y señalar una meta que, a estas alturas, no puede ser otra que la del Estado federal.
"Un Estado que, cuando está asentado y produce frutos cuajados (EEUU, Alemania, etcétera), no es sino una modalidad de Estado unitario, con potentes instrumentos de cohesión y con junturas bien engrasadas.
"Lo demás es crear poderes neofeudales y facilitar la consolidación de redes clientelares. Es decir, asumir el riesgo cierto de la esqueletización del Estado." (Publicado en El Mundo, 27.5.08).