La persecución lingüística en Cataluña está empleando los mismos métodos de los que la izquierda gobernante acusaba al franquismo.
Privilegios, ventajas, sanciones y vigilancia, esa es la verdadera política lingüística del nacionalismo catalán. Privilegios, ventajas, sanciones y vigilancia para quien utiliza el catalán, para los proveedores de las instituciones públicas que solo rotulan en catalán, para los funcionarios, ventajas económicas para los comerciantes que se anuncian solo en catalán, para quienes publican libros, prensa, para los que hacen películas y las exhiben. Etcétera, etcétera, etcétera.
Esta situación ha sido denunciada en La Vanguardia:
"Estos días la Generalitat está abriendo cinco oficinas más para tramitar denuncias y multas lingüísticas. Obligar a alguien a utilizar una lengua a fuerza de multas, como hizo Franco, es un auténtico despropósito que sólo acaba generando resentimiento hacia la lengua que se pretende imponer.
"Vivimos en libertad y los ciudadanos tenemos derecho a utilizar la lengua que queramos, catalán o español, sin que nadie nos multe. Las imposiciones lingüísticas de la Generalitat no son aceptables en una sociedad libre y democrática" (Manuel Ariza, Multas lingüísticas).
