Nacionalistas y no nacionalistas andan tirándose los trastos a cuenta de lo que dice la constitución europea sobre las fronteras actuales de los estados que conforman la Unión. Peor el asunto no está nada claro y desde luego la constitución no ayuda a entender las cosas.
Preguntado sobre la integración en la UE del futuro estado vasco independiente, Françoise Le Bail, el portavoz de la Comisión europea, declaró hace unos pocos días que Europa ampara el derecho de autodeterminación y, en consecuencia, se podría tomar en consideración el ingreso de una nueva nación que hubiera pertenecido con anterioridad a un país miembro.
Ante el alborozo de los partidos nacionalistas españoles, el portavoz matizó que en todo caso a esa situación se debería llegar después de que en España se resolviera la cuestión de la independencia vasca.
Esta calculada ambigüedad en el terreno territorial caracteriza no solo el texto constitucional sino la esencia misma de la UE. Sus representantes dicen que sí, para a continuación matizar su afirmación, de modo que al final no sabemos nada.
El asunto de la eventual ruptura de un socio no está contemplado en la Unión, ni en sus textos aprobados o por aprobar, ni en ninguna de sus numerosísimas normas. El pavor que tal asunto despierta en algunos países con nacionalismos más o menos agresivos hace que se pase de puntillas sobre este tema.
El error es muy grave porque, como bien sabemos en España, la pasividad es la peor de las opciones frente a los nacionalismos. La UE ha perdido una gran oportunidad en la constitución europea que ahora se propone para dejar bien claro este asunto. Sin embargo el texto de la futura constitución es tan ambiguo como todo lo que concierne a la Unión.
Las únicas menciones que la constitución hace a la cuestión territorial se encuentran en el artículo 1.5.1 y en el I-14. El primero dice así:
“La Unión respetará las funciones esenciales del Estado,especialmente las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial.”
Punto. Ninguna aclaración adicional, ninguna concreción, cero medidas. Y además alguna que otra contradicción, porque el artículo I-14 señala que la cuestión territorial no es una competencia exclusiva de los estados miembros, sino que está compartida con la Unión:
“Ámbitos de competencia compartida: la cohesión económica, social y territorial.”
En medio de toda esta indefinición, los partidos nacionalistas sacan tajada en España:
“Imaz persuade a sus bases del 'sí' a la Carta Magna al ser más Europa y menos España.”
Antoni Castells, consejero de Economía de la Generalidad catalana: "El catalanismo gana, pierde el Estado nación."
“Imaz defiende que cada paso en Europa supone menos España y Francia.”
Es cierto que los líderes de ERC piden el no, pero a la luz de los argumentos esgrimidos por el PNV, su posición es más estratégica que doctrinaria y se basa en el rechazo a la política lingüística de la UE, un motivo bastante pobre teniendo en cuenta los avances logrados por el catalán.
Así pues está fuera de lugar votar en el referéndum de la constitución europea en función de que tal norma evitaría riesgos secesionistas en los países miembros. No existen en el texto propuesto declaraciones claras, taxativas, que supongan un impedimento para una eventual secesión de una región española.
