El regreso de la inquisición, con sus delaciones y sus confidentes. Las Oficinas de Garantías Lingüísticas son el nuevo instrumento nacionalista de control de la libertad de los ciudadanos.
Hoy se celebra otro de esos absurdos días decretados por Naciones Unidas y que no sirven para gran cosa. Hoy es el Día Internacional de la Lengua Materna. Nuevo motivo para que los nacionalistas incrementen sus medidas represoras sobre las lenguas maternas de los demás.
El Gobierno autonómico catalán ha creado una nueva institución: la Oficina de Garantías Lingüísticas. ¿Se trata de proteger los derechos de quienes intentan hablar castellano, una de las dos lenguas propias de Cataluña, en las ciudades y pueblos del Principado? En absoluto. La Oficina de Garantías Lingüísticas es el lugar al que usted debe acudir para delatar.
Puede indicar en esa democrática institución la dirección de ese comerciante de su barrio que se resiste a rotular en catalán, el nombre del bar que pone "calamares a la romana", en lugar de "calamars a la romana", o al funcionario que no le ha contestado en catalán.
Solo en 2003, cuando todavía no existían las Oficinas de Garantías Lingüísticas, 445 ciudadanos anónimos de Cataluña delataron a otros tantos establecimientos por no utilizar el catalán. Ahora tendrán las cosas más fáciles.
La supuesta nación que está construyendo el nacionalismo con medidas de este carácter, lejos de ser un lugar ideal, acogedor, basado en normas y principios positivos y democráticos, se basa constantemente en iniciativas de este tipo, que suponen agravios e injusticias. La patria que emana del nacionalismo se fundamenta en la discriminación y es, en consecuencia, antidemocrática en su misma esencia. Con este tipo de medidas lo único que hace el nacionalismo catalán es convertir Cataluña en la patria de los chivatos.
Conviene insistir en el hecho de que en las Oficinas de Garantías Lingüísticas se denuncia de manera anónima el incumplimiento de las normas municipales y autonómicas catalanas que privilegian el uso del catalán por encima del castellano. Si usted quiere protestar porque considera que sus derechos como castellano hablante están siendo vulnerados, tendrá que recurrir a instancias mucho más complicadas y lejanas: la Justicia, el defensor del Pueblo, etc. No hay un organismo autonómico de garantías lingüísticas para los castellano hablantes.
Con motivo del Día de la Lengua Materna y de estas oficinas un tanto nazionalsocialistas, escribe desde Cataluña Xavier Pericay:
¿Acaso se celebra entre nosotros [el Día Internacional de la Lengua Materna]? Pues sí, resulta que se celebra y, en Barcelona, al menos, no se celebra el mismo 21, sino al día siguiente, en una dependencia de la Generalitat. ¡Ah, claro, el catalán!, exclamará alguno; ¡con lo que les gusta a los catalanes su lengua materna! Es verdad, a los catalanes les gusta su lengua materna, aunque me temo que ni más ni menos que a los lombardos, los finlandeses, los griegos o los eslovacos. Ocurre, sin embargo, que los catalanes que celebran este Día Internacional auspiciado por la UNESCO no son todos los catalanes; son sólo una parte, los que tienen el castellano como lengua materna. ¡Anda!, exclamará algún otro, ¡así me gusta: la Generalitat preocupándose por la otra lengua oficial, la que, según el Estatuto, no es propia de Cataluña! ¡Ya era hora! Desengáñense: no caerá esa breva. En la celebración de este año la Generalitat no deja de ser un simple punto de encuentro. La convocatoria no es cosa suya, sino de la Asociación por la Tolerancia, que ha invitado a los barceloneses a concentrarse el próximo martes 22, a las 17.30, frente a la Oficina de Garantías Lingüísticas (Pasaje de la Banca, 1-3).
Esta oficina fue creada recientemente por el Gobierno autonómico y, al igual que sus sedes hermanas de Tarragona, Gerona, Lérida y Tortosa, tiene, al parecer, una sola función: atender a las personas que quieran formular consultas o denuncias en torno al derecho a vivir en catalán -o en aranés en el Valle de Arán-. Para que ustedes se hagan una idea, en el universo nacionalista eso del derecho a vivir en catalán es algo así como una especie de retorno en sueños al líquido amniótico. Una regresión gozosa. Un anhelo pueril. El problema, como siempre, no está en los delirios de la gente, tan comunes, por otra parte. El problema está en su institucionalización, en que encuentren amparo en la propia administración. Y no sólo amparo: también estímulo.
Desde que Cataluña cuenta con eso que llaman pomposamente un Gobierno catalanista y de izquierdas, la presión sobre los castellanohablantes no ha hecho sino crecer. Baste recordar las medidas tomadas por el departamento de Comercio, Turismo y Consumo contra determinadas empresas y particulares por el uso que hacían de los idiomas; o el programa del departamento de Educación para toda la legislatura; o, más en concreto, el incumplimiento, por parte del propio departamento, de la sentencia sobre el derecho a recibir la enseñanza en la lengua materna; o, aún, la circular del director de los Servicios Territoriales de Educación en Tarragona animando a los equipos directivos «a ser abanderados y firmes en el cumplimiento del deber de hacer del catalán la lengua viva y cohesionadora de los centros». Y ahora, con la creación de la Oficinas de Garantías Lingüísticas, todos estos esfuerzos van a convergir.
Porque se trata, al cabo, de dar cauce a las denuncias. De fomentar la delación y el enfrentamiento. De alimentar la paranoia, De perturbar, en suma, la convivencia. Decididamente, es una pena que Koïchiro Matsuura, que tantas horas invirtió en el Fórum, no aprovechara la ocasión para ver cómo estaba eso de las lenguas maternas en Cataluña (Xavier Pericay, La lengua materna no es ninguna garantía).
