Primero se vacía de competencias al Estado. Luego se convierte al Tribunal Constitucional en una dependencia gubernamental. Y después se aprueban estatutos expropiadores. Un plan perfecto. Con él se puede convertir un chorro de agua (o cualquier otra cosa) en una intocable seña de identidad.
En verano de 2004, coincidiendo con la operación para derogar el Plan Hidrológico Nacional, Narcís Prat, catedrático de Ecología de la universidad de Barcelona, escribía en El Periódico un artículo titulado Gestión del agua, calidad y garantía.
En el muy extenso texto, este individuo no mencionaba ni una sola vez las necesidades humanas, no hablaba de personas, de individuos, de los seres humanos y sus derechos. Por el contrario, el problema del agua parecía reducirse para este ecologista a la limpieza de ríos y lagos. Ni una línea sobre la sed de la gente, ni sobre la amenaza que supone para la vida de las personas la falta de agua.
“El objetivo [de la política de gestión del agua] debe ser el mantener o restaurar el estado ecológico de nuestros ríos, lagos, humedales y costas”.
En lugar de necesidades humanas, Prat incluía en su artículo frases de este jaez: “Si no se reconoce el hecho territorial cualquier política del agua fracasará”. Es decir, si usted ha tenido la suerte de nacer en un desierto, tendrá que fastidiarse de por vida. O emigrar. El agua nos la quedaremos nosotros, los del oasis, lugar que constituye nuestro “hecho territorial”. Arrégleselas usted como pueda con el suyo. Y renuncie, por supuesto, renuncie a todo:
“El futuro del levante español pasa por mantener un desarrollo turístico equilibrado y respetuoso con el medioambiente (menos golf, una industria no contaminante y una agricultura acorde con la realidad europea).”
De paso, Prat ocultaba algunos datos. Ocultaba que la Comunidad Valenciana, por ejemplo, es la región española donde más agua se reutiliza. En Cataluña se recuperan 13.000 metros cúbicos diarios de agua. En Aragón se reutilizan 31.000 metros cúbicos cada día. En la Comunidad Valenciana, 98.900 metros cúbicos de agua se reciclan cada día. “Si no se reconoce el hecho territorial cualquier política del agua fracasará”. El Ku Klux Klan no lo habría definido mejor.
La “guerra del agua” está plagada de mentiras que a menudo ocultan lo evidente. La primera y principal obviedad: los aragoneses, los barceloneses y los habitantes del Delta del Ebro tienen derecho al agua tanto como los valencianos, los murcianos y los almerienses. El PHN derogado comprometía buena parte de su presupuesto a las obras previas en Aragón. Asociaciones de regantes aragonesas manifestaron su apoyo al plan antes de que se politizara. El origen fundamental del proceso de politización del PHN nació a orillas del Delta de la mano de los intereses meramente electorales del PSC en su pugna con CiU.
Segunda obviedad. El Gobierno socialista español tenía todo el derecho del mundo a derogar el Plan Hidrológico Nacional. Estaba en su programa electoral y nunca ocultó su voluntad de hacerlo. Pero al hacerlo se comprometía a poner en marcha alternativas que nunca han llegado. El Plan AGUA es uno de los grandes fiascos de la primera legislatura zapatera.
Tercera obviedad. El agua se ha convertido en un elemento más de la confrontación política, pero además forma parte del cada vez más atiborrado baúl de las esencias identitarias. Republicanos, socialistas, comunistas y ecologistas, es decir, nacionalistas, han privatizado los ríos en las regiones por las que pasan a través de infumables estatutos con la complicidad de un Tribunal Constitucional de vergonzoso comportamiento. Han vaciado de competencias en esta materia al Estado. Y una vez hecha la chapuza, terminan la apropiación quedándose en exclusiva el agua.
La Comunidad Valenciana, Murcia y Almería fueron sacrificadas/castigadas en la primera legislatura zapatera a cambio del apoyo de ERC y los ecologistas de IU al gobierno Rodríguez. Pero en la época de Felipe González, el PSOE, en boca de José Borrell, defendió un trasvase de las mismas características pero mucha mayor cantidad de agua. ¿Por qué no van a defender ahora la aplicación exclusiva y excluyente del PHN?
