Hasta 2004 eran el País Vasco y Cataluña. Ahora se han sumado Baleares y Galicia. La política de complicidad de los socialistas con el nacionalismo ha multiplicado la presencia de grupos etnicistas en España. Y sobre todo ha permitido su creciente influencia. Las consecuencias de todo ello nos están convirtiendo en la anomalía de Europa.
El PSOE zapatero calculó a principios de la década cuánto iba a costarle desalojar al Partido Popular de las instituciones. No había manera de alcanzar la cifra necesaria hasta que dieron con la solución, una mezcla de remedos del Pacto de San Sebastián (aunque en esta ocasión los republicanos incluían terroristas) y del Frente Popular pasado por el Tinell.
En los años previos a su llegada al poder, el PSOE dio los pasos necesarios para acercarse a los grupos étnicos. El procedimiento utilizado consistió en acusar al gobierno de la época de provocar a los nacionalismos (“la crispación”), que se convertían de este modo en víctimas de la despótica política españolista de Aznar.
La reforma de los estatutos de autonomía fue el banderín de enganche. Cuando nadie los pedía, ni la ciudadanía consideraba que fuera preciso tocarlos, el PSOE zapatero proclamó la necesidad urgente y prioritaria de su reforma en el sentido de una mayor autonomía que nadie hasta la fecha había planteado.
Una vez instalado en Moncloa, Rodríguez tuvo que rendir cuentas de los favores recibidos y empezó a repartir estatutos, a través de los cuales se saltaba los límites de la Carta Magna emprendiendo una reforma por la puerta de atrás del sistema constitucional a la que no fuimos convocados los ciudadanos (aunque sí los nacionalistas).
Tras el triunfo electoral del pasado 9 de marzo, el PSOE inició la segunda fase de consolidación de los partiditos nacionalistas, consistente en multiplicar y blindar su presencia. El Partido Socialista y su gobierno reafirman los pactos necesarios para gobernar nuevas regiones, como en el caso de Baleares, defienden el derecho de los grupos etnicistas, que ya se confunden con los socialistas, a implantar sus regímenes.
¿El resultado? "El español ya no es un idioma oficial" en España, señala el director de Air Berlin. Y además está perseguido hasta en los patios de los colegios, como atestiguan las innumerables denuncias presentadas por los ciudadanos, las sentencias de los tribunales y las quejas ante el Defensor del Pueblo. Europa nos contempla con una creciente sensación de perplejidad.
País Vasco y Cataluña. Baleares y Galicia. ¿Quiénes serán los siguientes? Las zonas están claras: Navarra y Comunidad Valenciana. Con el apoyo, si nadie lo remedia, de un PP que, en Valencia, ya ha renunciado expresamente a combatir el anexionismo catalanista y se ha sacado de la manga una pestilente cláusula estatutaria para ser de mayor como los nacionalistas.
La fuerte influencia del nacionalismo en la política española no responde a su fuerza electoral, sino a las necesidades electorales de un PSOE que necesita a los etnicistas para mantenerse en el poder. Un PSOE que podría modificar la ley electoral de la mano del PP para ajustar la representatividad política a la realidad, con lo que tal vez se terminaría con la servidumbre ante los nacionalistas. Pero como ya ha anunciado el gobierno zapatero, eso es algo que queda descartado: una reforma así podría beneficiar al PP. Y los intereses de partido, en España, están siempre por encima de los intereses generales.
