Escribía hace poco Jon Juaristi que “la fuerza de una organización terrorista no estriba en el número de sus efectivos ni en sus recursos materiales, sino en la debilidad del enemigo.”
El juez Pedraz instó a no seguir la vía penal contra los que dedican calles a los etarras, y parques públicos. El juez Baltasar Garzón, el hombre que en 2005 declaraba que “ETA no ha tenido nunca intención de negociar, sino de imponer”, y que en 2007 aseguró que no existían pruebas de la vinculación de ANV con ETA, defiende el relativismo en la lucha contra el terrorismo, que según él debe acompasarse a los intereses políticos partidistas.
El actual presidente del gobierno socialista, que hace unos pocos años defendía para personajes como De Juana Chaos o Arnaldo Otegi la condición de activos pacificadores, se muestra ahora severo con ETA, pero para echar a esa organización de las instituciones, defendió el poderoso método de las mociones “éticas” de censura, que es algo así como llamar malos a los asesinos para que, a consecuencia de ello, se conviertan en pacíficos ciudadanos.
El responsable (un decir) de los socialistas vascos se solidarizó con los trabajadores de El Correo, las últimas víctimas de la violencia étnica practicada por el nacionalismo, y para acabar con estas salvajadas propone un referéndum. De acuerdo, tal vez con otro tipo de pregunta, pero referéndum al fin. Mismo lenguaje, mismas prácticas políticas que los miembros de nuestro ku klux klan. Mismos trucos.
El PP mantiene su defensa del Pacto antiterrorista y su intención de enfrentarse hasta el final con ETA. Pero las menciones a la complicidad del PNV con el terrorismo desaparecieron de la ponencia política presentada al 16º congreso del partido celebrado recientemente en Valencia.
Los ciudadanos españoles acabamos de dar el triunfo electoral por 894.551 votos de diferencia a un partido que en el parlamento regional vasco ha apoyado unos presupuestos para este año que contemplan la celebración del referéndum soberanista del PNV, cuyo fin es el mismo que persiguen los etarras. Gracias al apoyo del PSOE, los gastos de dicha consulta, las campañas de publicidad consiguientes y toda la parafernalia étnica que acompaña a este proceso ilegal, será sufragada por todos los ciudadanos con 8.855.571 euros.
Con motivo del penúltimo atentado de ETA nos preguntábamos a partir de qué cifra de habitantes un pueblo se convierten en un atajo de cobardes. ¿Y a partir de cuántos lo hace una nación?
