El desprecio de todos los partidos políticos españoles hacia quienes les han elegido y les mantienen va en aumento. Y en la misma proporción crece la sensación de impotencia de los ciudadanos.
“Artículo 1. Objeto. Las subvenciones reguladas en las presentes bases tienen por objeto la financiación a las fundaciones y asociaciones dependientes de partidos políticos para la ejecución de actividades relacionadas con la promoción de la democracia y la consolidación de los sistemas de partidos políticos.” (Orden AEC/1510/2012, de 21 de junio, reguladora de las bases para la concesión de subvenciones para la realización de actividades en el marco del Plan Director de la Cooperación española)
La burla al ciudadano aparece por doquier. Empieza en la cúspide del poder ejecutivo, cuando Mariano Rajoy anuncia en el Congreso la ejecución sumaria de la actividad económica de las familias, y al mismo tiempo limita el derroche institucional a una reducción del 30 por ciento en el número de concejales.
Continúa con las administraciones regionales, numantinas en la defensa de unos privilegios que se empeñan en disfrazar con la banderita de turno, poniendo una vez más en evidencia que el estado de las autonomías no ha servido para acercar el poder al ciudadano, sino para acercarle la corrupción. La económica y la otra.
Sigue con unos ayuntamientos tan prescindibles como los gobiernos autonómicos, buenos solo para contratar cantantes etarras o macarras, según las siglas políticas del alcalde, y que escenifican la burla con descarnada sinvergonzonería: el número 2 del Ayuntamiento de Madrid, Miguel Angel Villanueva, artífice de la equiparación de San Isidro con las algaradas del “orgullo” gay, anuncia que los ediles y altos cargos municipales se reducirán el sueldo el equivalente a la paga extra que no percibirán sus funcionarios. ¿No sería más fácil renunciar a esa paga? ¿O reducirse el suelo un 30 o un 40 por ciento?
La corrupción y el desprecio al ciudadano se prolonga en todos los ámbitos de gobierno del poder judicial, destacando con brillo propio los miembros del CGPJ, que juzgan a uno de los suyos por los mismos delitos que comenten todos y, terminada la faena, en lugar de aplicarse el cuento, empiezan a acuchillarse unos a otros para ver quién manda.
Desprecio al ciudadano y burla, en esta ocasión especialmente sangrienta, mancha asimismo las manos de los miembros del Tribunal Constitucional, sede donde se atrincheran algunos de los mayores traidores a la patria, vendidos al poder sin ningún disimulo, husmeando de dónde sopla el viento de sus intereses antes de tomar cualquier decisión.
Desprecio desde la más alta institución del Estado, convertida en títere del pensamiento políticamente correcto y cuyo menor problema es la corrupción que azota a su familia.
Estamos viviendo el desenlace de la transición. Y por doquier se pone de manifiesto lo fallido de aquel experimento y la incapacidad de quienes han conducido el Estado desde los años 70 hasta nuestros días. Cada vez tenemos más claro que nuestro primer problema son ellos, nuestros representantes políticos, a quienes hemos estado votando durante tres décadas en el marco de un sistema constitucional inviable que propicia la corrupción institucional.
Hoy la pregunta no es cómo está la prima de riesgo sino qué vamos hacer con ellos. Y qué vamos a hacer juntos, si es que llegamos a tiempo: hacia dónde vamos a ir ahora.
