bye bye spain

OPINION El BNG quiere un Institut d ’Estudis Catalans

"Un Instituto que dé promoción de nuestra lengua y cultura en el exterior, con delegaciones por todo el mundo"

El BNG quiere un Institut d’Estudis Catalans

M. Vidal Santos

Se puede caracterizar el Estado de las autonomías por muchas cosas. La más frecuente es su querencia clonadora. Las nuevas 17 oligarquías que la transición dio en crear tienen como rango distintivo el gusto por duplicar instituciones, cargos, organismos, prebendas y por supuesto gastos.

Y cuando la casta autonómica está cruzada con un espécimen nacionalista, la clonación resulta inacabable.
Con motivo de la tómbola que los partidos organizan cada vez que acuden a las urnas, Anxo Quintana, el líder del xenófobo Bloque Nacionalista Galego, ha descubierto que ellos todavía no tienen Institut d’Estudis Catalans, ese organismo que, bajo la apariencia de la actividad cultural, está destinado en las regiones identitarias a irritar al vecino y a enfrentar a los ciudadanos de distintas regiones.

Quintana ha asegurado que, en caso de mantenerse en el poder, su partido promoverá la creación de una cosa llamada Instituto Castelao:

Un Instituto Castelao que dé promoción de nuestra lengua y cultura en el exterior y que sea un lugar de puertas abiertas para enseñarla a los demás, con delegaciones por todo el mundo.

En otras palabras, un poco más de clientelismo, unos cientos de funcionarios más, unos millones de euros detraídos de la inversión productiva, unas docenas de cómplices colocados en las distintas sedes y nuevas partidas de dinero público gastadas en lujosos edificios alquilados o comprados en el resto de España y en países extranjeros.

La experiencia del Institut d’Estudis Catalans promovido por el nacionalismo catalán demuestra que este tipo de instituciones regionales ni estudian, ni actúan como institutos. Se trata en todos los casos de operaciones anexionistas (en el caso catalán, con respecto a la Comunidad Valenciana, Aragón, Francia y Baleares) y de procedimientos para achicar dinero público hacia las formaciones nacionalistas.

El gobierno de la austeridad, como calificaba Emilio Pérez Touriño a la Xunta de despachos y parque móvil, se dispone pues a embarcarse en una nueva operación de despilfarro con cargo al contribuyente.
Sucede que en España los gastos identitarios de las autonomías todavía no están tipificados.

Más información en Institut d’Estudis Catalans, argumentos para la persecución lingüística.

OPINION Financiaci ón autonómica: la trampa del estatuto catalán

"Esta mañana podríamos estar asistiendo al entierro de un político que surgió de la nada y no llegó a lugar alguno."

Financiación autonómica: la trampa del estatuto catalán

M. Vidal Santos

Este fin de semana, nueva ración de nación imaginaria, esta vez en Moncloa: encuentro bilateral España-Cataluña. El presidente del Gobierno convoca a José Montilla para resolver el espinoso asunto de la financiación autonómica.

Las salidas a un asunto del todo imposible según lo plantea la Generalidad catalana son escasas. No parece que el Gobierno pueda cerrar una negociación bilateral con el presidente regional, desentendiéndose del resto de autonomías. O sí, porque la vocación trilera del máximo dirigente de los socialistas españoles ha quedado acreditada en ocasiones más complicadas.

Tras la reunión, sus participantes nos dirán que han llegado a un acuerdo. Pero bastará esperar algunas horas para conocer hasta dónde han llegado los daños. Porque los va a haber. Si Rodríguez Zapatero contenta a su correligionario, se enfrenta al resto de los suyos, que están deseando ver cómo acaba este nuevo episodio propiciado por el malhadado estatuto catalán. Si no lo hace, el Partido Socialista ya puede ir despidiéndose de la poltrona de la plaza de San Jaime. Y tal vez de algo más.

En cuanto a Montilla, exactamente lo mismo. En Cataluña, convergentes, republicanos y comunistas le esperan con las uñas bien provistas de recelos. ¿Será José Montilla el segundo presidente de la Generalidad que cae víctima de Zapatero? Esta mañana podríamos estar asistiendo, sin saberlo, al entierro de un político que surgió de la nada y no llegó a lugar alguno.

A merced de la coyuntura y de la ocurrencia

"Atribuir un río al pueblo ante el cual pasan cantarinas sus aguas es algo parecido al hecho de que Viena quisiera apropiarse del Danubio porque el joven Strauss escribió un famoso vals a él dedicado."

La vacuna como síntoma

"La víctima siempre es la misma: la solidaridad entre los españoles, una de las piezas que justifican nada menos que al Estado moderno, construido precisamente para fabricar cohesión entre las clases sociales y entre los territorios."

OPINION Montilla y Carod escapan a Tokio

Ante la que les está cayendo tras la apología al magnicidio de Joan Tardà, los socialistas, que sin el apoyo de ERC difícilmente se mantendrían en la Generalidad, han decidido poner tierra de por medio. Montilla ha viajado a Tokio y se ha llevado con él a su vicepresidente, Carod-Rovira.

Montilla y Carod escapan a Tokio

M. Vidal Santos

El viaje japonés del responsable del gobierno regional catalán estaba previsto con anterioridad, pero a Montilla le ha venido muy bien alejarse unos días para no tener que tomar posición ante el comportamiento de quienes le permiten gobernar la Generalidad, el Ayuntamiento de Barcelona y buena parte de los municipios catalanes.

La pareja Montilla-Carod ha viajado a Tokio para convencer a las empresas niponas de que Cataluña ofrece estabilidad y tranquilidad a los inversores. Los representantes del gobierno regional dicen que quieren dar a conocer en Japón "los esfuerzos" de Cataluña en I+D, educación e infraestructuras, para convencerlos de  que la región es "la mejor base para sus negocios" en Europa y América del Sur.

Para lograr su propósito, la pareja visitante tendrá que ocultar lo que en realidad practican en materia de educación. Callarán asimismo las infraestructuras que no hace la Generalidad porque después de los gastos identitarios, no queda dinero para lo importante. Y nada dirán acerca de las infraestructuras que sustraen a otras regiones vecinas utilizando el chantaje paralmentario.

Presidente y vicepresidente cruzarán los dedos, confiando en que los directivos de Sony, Honda y Yamaha, empresas que recibirán  a la delegación catalana, no hayan oído hablar de cómo sus huestes tratan a las compañías inversoras una vez se han instalado en alguna de las cuatro provincias catalanas. Posiblemente no les hablarán de Air Berlin, ni de Joan Tardà. Tampoco del plus inversor que se le exige en papelería, rotulación, lingüistas, cursos de catalán y demás imposiciones a quien quiere instalarse en Cataluña. Ni de las empresas cerradas por la Generalidad por no usar la lengua obligatoria.

Ocultarán la existencia de organismos como el Consorcio de Normalización Lingüística; o la Confederación del Comercio de Catalunya, siempre dispuesta a delatar y a presionar al sector; o como ese sarcasmo al que denominan Oficines de Garanties Lingüístiques; o los diversos organismos públicos encargados de duplicar gastos a las empresas.

Si consiguen que los empresarios japoneses no presten demasiada atención a todos esos pequeños detalles de la vida económica del nacionalismo, y logran que aquí sus camaradas tengan la boca cerrada durante un par de días, Montilla y Carod tal vez puedan convencer a los empresarios japoneses de que Cataluña es el mejor lugar del mundo para invertir.

Aunque de momento las noticias que nos llegan de la tournée japonesa de Montilla-Carod no parecen muy halagüeñas: Sony acaba de anunciar el despido de 2.000 personas en su planta de Barcelona. Otro éxito de la "diplomacia" nacionalista.

OPINION Azpeitia, otro pueblo de cobardes, otro partido de infames

Dicen que no se puede obligar a nadie a comportarse como un héroe. Tal vez. Quizá no se pueda reprochar la falta de coraje cívico a una persona sola, a dos, a veinticinco, a ochenta.

Otro pueblo de cobardes, otro partido de infames

M. Vidal Santos

El 7 de marzo pasado, en Mondragón, Izquierda Unida descubrió que estaba gobernando con asesinos. Fue necesario que sus socios políticos mataran a Isaías Carrasco para que se dieran cuenta de tal circunstancia. El señor Llamazares no había reparado en ello hasta aquel momento.

Ayer, en Azpeitia, EA descubrió que estaba gobernando con asesinos. Fue necesario que sus socios políticos de ANV se negaran a condenar el asesinato, pocas horas antes, de Ignacio Uría para que EA rompiera el acuerdo que mantenía con ellos desde las pasadas elecciones municipales.

El 14 de mayo pasado, los habitantes de Legutiano desaparecieron de sus calles a la hora en que se recordaba el asesinato de Juan Manuel Piñuel.

Ayer los habitantes de Azpeitia volvieron a desalojar las calles. Tan solo cuatro velas, cuatro, sobre el asfalto y un modesto ramo de flores recordaban el lugar del crimen. Menos de una docena de personas sostenían una pancarta contra el crimen. Menos de una docena de héroes frente a su pueblo desierto.

Dicen que no se puede obligar a nadie a comportarse como un héroe. Tal vez. Quizá no se pueda reprochar la falta de coraje cívico a una persona sola, a dos, a veinticinco, a ochenta. A lo mejor es comprensible el miedo de cien personas juntas. De doscientas.

¿Seguimos? ¿Dónde está el límite? ¿En cuatrocientas? ¿En seiscientas? ¿A partir de qué cifra un pueblo entero se convierte en un atajo de cobardes?

OPINION ETA y la financiaci ón del terrorismo

"¿Qué hace el Gobierno de España para combatir a ETA en la vertiente financiera? Poco, casi nada."

ETA y la financiación del terrorismo

Mikel Buesa

Uno de los aspectos de la política antiterrorista en los que más se ha insistido desde Naciones Unidas es el referido a la financiación de las organizaciones que hacen de la violencia el medio de expresión de su política.

El terrorismo requiere por lo general pocos recursos para la materialización de sus acciones violentas, pues éstas se basan en el uso de armamento ligero, explosivos y vehículos cuyo coste es relativamente bajo; pero también necesita mantener a los militantes que emplean las armas y a los que se ocupan de la proyección política de sus pretensiones.

Y, para ello, es preciso contar con un flujo continuo de dinero con el que afrontar los gastos organizativos y operativos. Las fuentes de la financiación correspondiente pueden ser muy variadas y, de hecho, han ido adquiriendo una diversificación y sofisticación creciente. De ahí que el Consejo de Seguridad, en su último informe sobre esta materia, haya puesto el énfasis en que «las medidas de lucha contra la financiación del terrorismo se adapten mejor a la forma en que los terroristas costean actualmente sus operaciones».

Vista desde la perspectiva española, esta recomendación del alto organismo internacional no parece que haya encontrado demasiado eco entre las autoridades responsables de la conducción de la lucha contra ETA, aun cuando la financiación de esta organización terrorista ha experimentado importantes variaciones en los últimos años. La política antiterrorista en lo que atañe al terreno financiero sigue siendo, por ello, notablemente ineficaz y apenas contribuye a reducir la amenaza de la violencia.

Para comprobarlo conviene hacer referencia a los cambios en el modelo de financiación de las actividades que desarrolla el conjunto que forman ETA y su entorno civil. Aunque los datos de que se dispone sobre esto son incompletos, se puede señalar que, con anterioridad a la ilegalización de Batasuna, el entramado terrorista venía a utilizar unos 24 millones de euros al año, de los que un 55 por ciento procedían de subvenciones públicas -dos tercios de ellas concedidas por el Gobierno vasco-; otro 22 por ciento, de la extorsión a los empresarios; y el resto, de otras actividades, principalmente de carácter mercantil, a las que se añadía una presencia simbólica -sólo el 1 por ciento- del saqueo.

El modelo financiero gravitaba, como se ve, sobre la captación de recursos públicos, para lo que resultaba esencial la gestión política que realizaba Batasuna gracias a su presencia institucional en el Parlamento vasco y en un amplio grupo de Ayuntamientos.

Ese modelo se deshizo en 2003, como fruto de la ilegalización, con la expulsión de Batasuna de las instituciones municipales. Tres años más tarde, en 2006, el gasto anual de ETA se había reducido a un tercio de la cifra antes indicada, de manera que, valorado a precios de 2002, apenas superaba los siete millones de euros -8,3 millones en términos corrientes-.

Esa cantidad se obtuvo, básicamente, a partir de cuatro fuentes: en primer lugar, del ejercicio de la violencia para extorsionar a los empresarios -25 por ciento de la financiación- o para saquear almacenes de explosivos y otros materiales, así como para robar vehículos -19 por ciento-; en segundo término, del sostenimiento de las actividades mercantiles en las herriko tabernas -que pudieron proporcionar algo más de un tercio de los recursos, pues la intervención judicial sobre ellas había sido incapaz de controlar sus ingresos-; en tercer lugar, de las cuotas recaudadas entre los militantes de Batasuna -con un 10 por ciento-; y finalmente, las subvenciones del Gobierno vasco y algunos ayuntamientos al PCTV y las organizaciones de familiares de presos -con otra décima parte-.

Sobre este nuevo modelo financiero, en 2007 se han producido algunas variaciones dignas de mención para sostener un gasto estimado en 8,7 millones de euros a precios de 2002 -10,4 millones a los precios actuales-. Por una parte, ha aumentado la importancia de la extorsión hasta llegar al 37 por ciento, a la vez que casi ha desaparecido el saqueo, seguramente por su elevado riesgo.

Por otra, los municipios controlados por ANV se han hecho cargo de la contratación y sostenimiento de una buena parte del personal político, a la vez que han empezado a financiar actividades de reclutamiento y propaganda, de tal manera que el conjunto de los recursos públicos implicados se aproxima a una cuarta parte del total. Y se mantienen los negocios y la recaudación de fondos entre la militancia.

Recapitulemos. En su configuración actual, la financiación del entramado etarra reposa sobre tres pilares fundamentales: extorsión, negocios y subvenciones. ¿Qué hace el Gobierno de España para combatir a ETA en esta vertiente financiera? Poco, casi nada.

La lucha contra la extorsión parece que se ha atascado en el interior de algunos sumarios judiciales de progresión imperceptible. Además, la más reciente operación policial en este terreno -que tuvo lugar hace más de un año- se vio obstaculizada por una filtración, al parecer procedente del Ministerio del Interior, que aún no ha sido esclarecida.

Y nada se ha hecho en materia legal para extender el reproche penal de la sociedad hacia aquellos empresarios que ceden al chantaje terrorista y pagan a ETA. Es más, los empresarios que, de forma organizada, han exigido públicamente medidas para combatir la extorsión, no han encontrado más que el desprecio del gobierno nacional y su silencio.

Y por parte del Gobierno vasco, como se puso de relieve en el caso de los cocineros, los que pagan son presentados como ciudadanos responsables, mientras que a los que no lo hacen se les reprocha su falta de patriotismo. En cuanto a los negocios de ETA, las medidas de intervención judicial sobre las herriko tabernas no han podido ser menos eficaces.

Además, el Tribunal Supremo se ha encontrado con la oposición de la Fiscalía, a instancia del Gobierno, a que se resuelva su embargo y clausura dentro del procedimiento de liquidación de Batasuna. Y todo ello no hace sino facilitar que continúen siendo lugares en los que se aglutina la «izquierda abertzale», se recaudan fondos, se gestionan las cuotas de los militantes, se comercializa el merchandising terrorista y se obtiene un excedente mercantil que coadyuva a la financiación de ETA.

Y, finalmente, el empleo de fondos públicos bajo la apariencia legal de programas presupuestarios de subvenciones o de contratación de funcionarios, carece de respuesta. El Gobierno de España se empeña en ignorar que la ley de prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo -que ha dado algún juego en la represión de las organizaciones yihadistas- es aplicable en esa materia y le faculta para exigir de cualquier Administración pública la comunicación previa, con vistas a su bloqueo, de las operaciones que beneficien a personas o entidades vinculadas o simplemente relacionadas con ETA, Batasuna, Segi o cualquier organización terrorista reconocida.

Yendo más lejos aún, la Leyde Partidos Políticos deposita en ese mismo Gobierno la competencia exclusiva para instar la ilegalización de partidos como el PCTV y ANV, que se han acabado convirtiendo en gestores de los recursos públicos que se canalizan hacia el entramado etarra. Y también es factible la disolución de los Ayuntamientos que gobierna el último de esos partidos.

En resumen: la política antiterrorista en materia financiera se encuentra inédita. Parece como si el Gobierno no quisiera ahogar económicamente a ETA, tal vez porque ello ha podido favorecer su negociación con esa organización y porque su inacción en esta materia no encuentra el reproche de la sociedad. Ana Arendt observó una vez que «la opinión pública se siente peligrosamente inclinada a condonar todas las transgresiones políticas que no lleguen al asesinato». Rodríguez Zapatero ha aprendido bien esa lección.  (Publicado en ABC, 17.10.07)

OPINION El precio de las gram áticas

"Invertir en fragmentación lingüística con el fin de erosionar una comunidad de idioma ya constituida es algo ciertamente peculiar en la moderna historia europea, donde la tendencia ha sido la contraria: se ha invertido en comunidad porque son muy pocos los países cuyos habitantes desean pagar dinero para entenderse mal."

El precio de las gramáticas

Juan R. Lodares

Todos los españoles podemos entendernos con suma facilidad en una sola lengua... si queremos hacerlo. Esto no lo pueden hacer los suizos o los belgas. Ni Suiza ni Bélgica tienen lengua común. España sí la tiene.

Por supuesto, en España se hablan varias lenguas; más de las que parece: quienes siendo de Madrid quieran practicar chino o árabe no tendrán que ir muy lejos, bastará con que frecuenten el barrio de Lavapiés o el metro. Sin embargo, y aunque coexistan en nuestro país lenguas con reconocimiento oficial o sin él, el simple hecho de que haya una que prácticamente todos los habitantes conocen, y que es desproporcionadamente grande entre las demás, anula en España la condición esencial de los países genuinamente plurilingües: que no haya lengua común. Vivimos en un país de comunidad lingüística basada en el español, lengua general que contacta con otras en determinadas zonas. No sólo eso: en dichas áreas de contacto el español es, en muchas ocasiones, la lengua más corriente.

Según el informe Conocimiento y uso de las lenguas (CIS / 1999), el 75,8% de quienes viven en la Comunidad Autónoma Vasca "sólo o principalmente habla español" (dicho de otra manera: el vasco es minoritario incluso en la propia CAV). En Cataluña, y aunque ambas lenguas se mezclan en la misma calle, en la misma casa y en la misma habitación, hay más personas que "se expresan principalmente" en español de las que "se expresan principalmente" en catalán: 43% frente a 41%. En el área metropolitana de Barcelona: el 61,7% se expresa en español, y el 37,5%, en catalán. En Baleares, el 50% prefiere el catalán, y el 45%, el español; el 65% de los valencianos "sólo habla español" y el 44% de la población gallega hace lo mismo. En términos generales, el español está cómodamente instalado en las áreas de contacto lingüístico. Esto no tiene nada de anormal. La verdadera anormalidad es no reconocerlo y tratar de explicarlo maltratando la historia.

Vamos a Europa: Francia, Alemania, Italia o Gran Bretaña, entre otros países, están en una situación similar a la nuestra. Son países de comunidad lingüística, pero en cada uno de ellos coexisten varias lenguas (según se cuenten, unas diez en Francia y siete en Alemania).

Las comunidades lingüísticas han ido ganando terreno en Europa de una manera arrolladora desde principios del siglo XIX -el fenómeno es anterior en España- y han reducido a lenguas particulares o redundantes a otras con las que han entrado en contacto. Como explica Florian Coulmas en su libro Language and Economy: "Las grandes comunidades lingüísticas europeas se han creado al adaptarse a la carrera de la industrialización y el desarrollo económico modernos, y al satisfacer unas necesidades de comunicación nuevas exigidas por la industria, el comercio y la economía".

Vuelvo a España. Frente a este proceso de internacionalización lingüística nosotros persistimos desde hace 25 años en otro de signo inverso: un proceso de regionalización. El proceso está inspirado, en particular, por ideólogos afines al nacionalismo o independentistas, aunque han encontrado favorable eco más allá y -lo más paradójico de todo- entre una izquierda que, por su tendencia internacionalista, ha sido tradicionalmente defensora de la "ideología de las lenguas grandes" (lean, si no, a Engels, Lenin, Kautsky o Lomtiev). Hoy día, los ideólogos "normalizadores" o ignoran nuestra situación de comunidad de idioma o la consideran "anormal". Por eso mismo, intentan rebajar la conciencia de lo que más visiblemente caracteriza a los españoles, incluso desde el punto de vista antropológico: que comparten una lengua, su rasgo más evidente de comunidad, como señalaba Julio Caro Baroja. En España, el porcentaje de hablantes-natos de español (en los cálculos menos generosos, el 82% de la población) supera en las estadísticas al de quienes se confiesan católicos, juegan a la lotería o siguen la liga de fútbol, que ya es decir. En realidad, los planes "normalizadores" buscan, en aquellas autonomías donde se ejercen, reducir la presencia del español antes que promover la lengua particular en sí. Como reconoce el profesor Jordi Solé en el informe L'ús del catalá entre els joves (1999), la estrategia consiste en "canviar les normes d'ús establertes (establecidas)" puesto que "normalitzar una llengua implica sempre reduir la presencia de l'altra llengua", o sea, se trata de que la gente no hable tanto español como regularmente habla. Esto no es cosa fácil.

Tales ideas, aunque se materialicen en algunos ámbitos -señaladamente en la escuela y en el mundo oficial-, tropiezan con la realidad popular del español, con su espontaneidad y sobre todo con su peso económico. Peso económico: aquí radica el "quid" de la cuestión.

Lo que estorba el desarrollo e implantación de las otras lenguas de España, el desplazamiento de la lengua común por la particular en las autonomías bilingües y el camino abierto hacia la España plurilingüe (al estilo belga, suizo o canadiense), no es una cuestión ideológica, ni política, ni es el centralismo cerril, ni el franquismo residual: la raíz del caso está en el peso demográfico, económico y comercial del español. Miguel Siguan -autor comprometido con el fomento del plurilingüismo- reconocía que: "La expansión [del catalán, gallego...] encuentra límites por la amplitud del mercado económico al que el español sirve como medio de expresión".

Mi paradigma en este terreno es muy sencillo: España no es plurilingüe, sino que es un país de comunidad lingüística (no es como Suiza o Bélgica, sino como Alemania o Francia mutatis mutandis), y el plurilingüismo no podrá avanzar sin desanudar el entramado de movilidad humana, relaciones económicas, comerciales, de comunicación y transporte de bienes que ya se ha anudado en torno a lo que llamamos español.

Con la palabra español denominados un idioma, claro está, pero español es asimismo una materia de índole económica que, gracias a su carácter de común, genera un porcentaje de nuestro PIB parecido al que produce el turismo, según el estudio de la Fundación Santander Central Hispano / 2003, que coordinó Ángel Martín Municio.

Cuando don Josep Laporta, presidente del Instituto de Estudios Catalanes, nos advierte sobre "la reducida presencia del catalán en el mundo socioeconómico" (La Vanguardia, 28-10-2004) nos advierte sobre una obviedad: hay lenguas que por su peso o condición internacional producen más dinero que otras en la libre empresa, ¿qué lengua, si no, es la más rentable para la industria editorial catalana? La enseñanza del español como lengua extranjera deja en Cataluña unos treinta millones de euros anuales y atrae turismo culto, joven e internacional, ¿se lograría esto con la enseñanza del catalán para extranjeros? ¿Qué lengua ha de usar un empresario valenciano, gallego o vasco que quiera hacer negocios en México, en Chile, en Miami, o viceversa, un chileno que quiera hacerlos en Valencia?

Hay dos hechos que a nacionalistas e independentistas les resulta difícil de asimilar: primero, sus comunidades no son monolíticas, son variadas también en el terreno lingüístico y lo son desde hace siglos; segundo, pretender que una de las lenguas que contribuye a esa variedad, el español, es una rémora impuesta por el centralismo, una lengua "impropia" de su nación virtual, y no una generadora de beneficios humanos y económicos es lanzar cantos contra el propio tejado.

España no podrá ser monolingüe, ni nadie pretende que lo sea; se hablan y cultivan en ella distintas lenguas, ni cuatro ni cinco, sino varias más; es un hecho. Ahora bien, invertir en fragmentación lingüística con el fin de erosionar una comunidad de idioma ya constituida -lo que más o menos se hace en España- es algo ciertamente peculiar en la moderna historia europea, donde la tendencia ha sido la contraria: se ha invertido en comunidad porque son muy pocos los países cuyos habitantes desean pagar dinero para entenderse mal. Incluso un importante ideólogo de la apuesta plurilingüe, el profesor Albert Branchadell, después de razonar con firmeza sobre por qué deberíamos disminuir nuestras atribuciones como comunidad lingüística y transitar hacia el plurilingüismo (Reyes, sexos, lenguas, El País, 27-11-2004), concluye reconociendo que la propuesta plurilingüe podría estar planteada "acaso contra la historia".

Personalmente, creo que el proyecto España-plurilingüe se fundamenta en una idea política arriesgada, en el desconocimiento de la relación que liga la economía con las lenguas y en la pretensión de que no somos lo que sí somos: una comunidad lingüística. Y éstas no son objeciones que se desvíen del asunto, como opina el profesor Branchadell, sino que son ¡la médula del asunto! para España y para la Unión Europea porque, en su día, la propia Comisión de Educación de la UE manifestó que "las dificultades de comunicación afectan al desarrollo de las redes de negocio y comercio dentro de la Comunidad" (Boletín, 18-5-1988).

No digo que España no pueda ser plurilingüe mañana, lo que digo es que estará más cerca de serlo cuando a las fuerzas productivas de la economía española no les interese entenderse en la misma lengua, o sea, cuantos más escollos se pongan a la libre circulación de nuestra gente, mercado, comercio y economía más probable será que el plurilingüismo genuino aflore. Pero a las horas que corren en Europa no sé si esto será posible. Ni tampoco sé, si tal meta se lograra alguna vez, qué beneficio obtendrá de ello la inmensa mayoría de españoles. (Publicado en El País, 7.12.04)

OPINION El privilegio fiscal

"No resulta razonable que exista una correlación entre esfuerzo fiscal y prestaciones recibidas, porque implica que quien paga más reciba más."

El privilegio fiscal

M. Porta Perales

"¿Es razonable el déficit fiscal que tiene Cataluña? ¿Cómo lograr una mejor financiación? Vayamos por partes.

"En un sistema progresivo como el español, el déficit fiscal -quizá sería mejor hablar de saldo fiscal o esfuerzo fiscal superior- es razonable, porque el individuo paga en función de los ingresos. Quién gana más, paga más.

"En este sentido, es razonable que en Cataluña -comunidad cuyos individuos tienen ingresos superiores al de otras comunidades- existan individuos con déficit fiscal, o saldo fiscal negativo, o mayor esfuerzo fiscal.

"Hagamos, al modo del guión nacionalista, la siguiente pregunta: ¿es razonable el déficit fiscal que tiene Cataluña en tanto que comunidad? Estamos ante una pregunta-trampa, porque los impuestos no los pagan los territorios, sino los individuos. En otros términos, Cataluña, en puridad, no tiene déficit fiscal, sino que son los individuos catalanes los que, cuando eso sucede, lo tienen.

"A pesar de lo apuntado, alguien dirá que Cataluña sí tiene un déficit fiscal, porque el conjunto de los individuos catalanes paga más de lo recibido. Aun aceptando está valoración-trampa, el déficit fiscal resulta razonable, porque se da el caso de que la redistribución de la renta se hace -con alguna desviación poco significativa- en función del número de habitantes de cada comunidad.

"A pesar de eso, el victimismo fiscal del nacionalismo resulta proverbial. Victimismo que olvida que hay comunidades, como la madrileña y la balear, con un déficit fiscal superior al de Cataluña. Y no protestan tanto, por cierto.

"No resulta razonable que exista una correlación entre esfuerzo fiscal y prestaciones recibidas, porque implica que quien paga más reciba más. No resulta razonable la equiparación con el sistema de concierto foral, porque supone instaurar el privilegio fiscal en detrimento de la solidaridad interterritorial.

"No resulta razonable que el sistema de financiación se especifique en el Estatuto, porque supondría un trato diferencial -un privilegio- respecto a otras comunidades y podría acarrear problemas: ¿habría que cambiar el Estatuto si el sistema de financiación se considera obsoleto?" (Miquel Porta Perales, El privilegio fiscal. Publicado en ABC, 24.0.05)

OPINION Aplazar la independencia a cambio de privilegios

Coalición Canaria se muestra dispuesta a aplazar su objetivo independentista si a cambio recibe compensaciones suficientes por parte del "Estado". Los nacionalismos aprenden rápido unos de otros.

Aplazar la independencia a cambio de privilegios

M. Vidal Santos

Ningún nacionalismo pretende realmente independizar de España su supuesto territorio. Por lo menos a medio plazo. Porque el objetivo no confesado de los partidos nacionalistas españoles no es la secesión, sino el dinero, tal como vienen demostrando de manera reiterada desde hace tres décadas.

Por ello, el grado de radicalidad independentista de cada partido etnicista es directamente proporcional a la debilidad política que pueda mostrar en cada momento el gobierno central y a los recursos económicos que esa debilidad puede reportarle.

La última exhibición de tan descarado procedimiento de extorsión nos la ha ofrecido el pasado fin de semana Coalición Canaria, que ha celebrado su III Congreso insular. Estos son algunos fragmentos de la ponencia aprobada en el encuentro:

Coalición Canaria es una organización política progresista y nacionalista canaria que tiene por objetivo ser el vehículo de la construcción democrática de la Nación Canaria.

Denominamos Canariedad a la síntesis y asunción de los factores que definen el hecho diferencial canario, que conlleva una conciencia colectiva compartida de nuestra historia, de nuestras peculiaridades culturales, de nuestras singularidades económicas y de nuestros condicionantes geográficos

Asumimos la firme voluntad de ejercer y potenciar nuestro autogobierno, ahondando en la búsqueda de mayores espacios de decisión propia, a la vez que seguir profundizando en la toma de conciencia y valorización de nuestras singularidades, como fundamento de nuestro orgullo, autoestima y soberanía nacional.

Para Coalición Canaria es prioritaria la búsqueda de relaciones con otros nacionalismos del Estado y extranjeros, de manera que podamos compartir experiencias de la lucha nacionalista democrática.

Después de toda esta parafernalia retórica, de la identidad de boquilla y la hipersensibilidad localista, llegan los calculados matices. "La pela es la pela", sea uno nacionalista catalán o canario, así que en la misma ponencia se puede leer:

Coalición Canaria no excluye la integración diferenciada de Canarias en el Estado Español y otras entidades y organizaciones de rango supraestatal o internacional, ni renuncia a nuevas vías de relación bilateral entre Canarias y el Estado y a mayores espacios de decisión propia.

En España, después de treinta años, sabemos perfectamente el significado real de los términos que hemos colocado en negrita. ¿Cuánto costará en esta ocasión la diferencia, o las nuevas vías de relación bilateral , o los mayores espacios de decisión propia?

OPINION Cuando el apoyo es complicidad pol ítica y económica

La ambigüedad sigue marcando el paso del PSOE en sus relaciones con el nacionalismo terrorista. Después de cuatro años de apoyar explícitamente la financiación del secesionismo de Ibarrtxe y a los grupos políticos etarras, la rectificación ha llegado, pero solo a medias. Y no en lo sustancial: el dinero.

El diputado socialista Miguel Buen, en declaraciones ayer a Radio Euskadi, afirmaba en referencia a los presupuestos regionales vascos:

Esta será la cuarta Ley de Presupuestos que apoyaremos explícitamente con los votos favorables, o implícitamente con la abstención, en función de la marcha de las negociaciones. El PSE actúa siempre bajo la responsabilidad, con el propósito de resolver los problemas de los ciudadanos.

Desde 2004, el Partido Socialista de Rodríguez Zapatero ha aprobado una serie de medidas que ponen en evidencia lo que entiende por "resolver los problemas de los ciudadanos" en las regiones controladas por grupos nacionalistas:

1. El PSOE legalizó las consultas, que hasta la llegada al poder de Rodríguez Zapatero estaban prohibidas por ley a las regiones.

1. Luego facilitó el dinero necesario para llevar a cabo el referendo a través de la aprobación de los presupuestos regionales, que contaron con el voto socialista.

1. Ofreció también los votos necesarios para aprobar el proyecto de consulta en el parlamento regional a través de la no impugnación en su momento de las listas electorales terroristas.

1. Faciltó el apoyo municipal preciso para llevar a cabo físicamente la consulta gracias a la presencia de alcaldías etarras que no fueron recurridas por la Fiscalía.

Es cierto que algunas de esas decisiones han sido luego rectificadas. Las que se refieren al apoyo político al proyecto secesionista. Pero caben al respecto dos consideraciones.

Por un lado, esa rectificación ha llegado cuatro años después, en la segunda legislatura de Rodríguez Zapatero, que durante el período anterior hizo oídos sordos a las advertencias de que, con su complacencia hacia ETA, lo único que hacía era dar alas al terrorismo nacionalista, en lugar de lograr su rendición. Los hechos, sangrientos unos, otros por medio de la extorsión económica a empresarios, vinieron a dar la razón a los que, entre 2004 y 2008, salieron a la calle de manera repetida.

Por otro lado, desde que Rodríguez Zapatero es su secretario general, la actuación del PSOE en relación con los nacionalismos se ha caracterizado por no mostrar excesivos miramientos hacia los propios principios ideológicos y hacia el interés general de la nación. De modo que es lícitico preguntarse si el giro de la segunda legislatura no responderá más que a intereses estratégicos. Porque el Partido Socialista, como acaba de reconocer Miguel Buen, sigue apoyando económicamente los planes secesionistas en el País Vasco. Lo único que ha rectificado ha sido el apoyo político. Ahora, en lugar de grupos etarras, es el PSE quien se ofrece al tripartito.

¿Es necesaria una exposición en Madrid para difundir las bondades del gallego?

No aparece el dato fundamental en ningún sitio, pero al final sabremos cuánto ha costado inaugurar hoy en Madrid una exposición que, bajo el hiperidentitario lema de As nosas palabras, os nosos mundos, organiza la Xunta para glosar las cualidades lingüísticas del gallego.

¿Cuántos ministerios de Asuntos Exteriores estamos pagando?

La IX Reunión de Alto Nivel Hispano-Marroqui a celebrar en Madrid contará con la presencia de los representantes de los gobiernos regionales de Canarias y Andalucía. Las dos delegaciones tienen confirmada su asistencia a la cumbre.

¡Que los ricos paguen la crisis!

¿Para qué ha servido el estado de las autonomías? Entre otras cosas, para asistir a campañas como la que se prepara estos días en Galicia. Según sus promotores, el origen de la crisis económica que padecen las “naciones” sometidas por España está en la situación colonial que padecen. No habría crisis en Galicia, Cataluña, el País Vasco, etc., si esos “países” no estuvieran subordinados a la estructura estatal imperialista que impone España.

Joan Carretero: el hombre que cobraba antes de que el dinero existiera

32.000 euros como director del hospital de La Cerdaña. Esa es la cantidad percibida por Joan Carretero, ex consejero del gobierno regional catalán.  El problema es que el hospital no se empieza a construir hasta el mes que viene.  Así son de peculiares los ingresos del hombre llamado a renovar las esencias del nacionalismo, incluido el económico, desde las filas de su grupito de acción étnica.

Entre sus seguidores de Reagrupament Independentista, que así se llama el cortejo que le acompaña, Carretero aparece como el campeón de la austeridad. En sus intervenciones públicas siempre ha hecho alarde de ello y ha arremetido duramente contra los políticos que derrochan el dinero de los ciudadanos.

En la página web del citado Reagrupament Independentista se puede leer que, gracias a la acción decidida de Carretero, los gastos protocolarios y de propaganda de la consejería de Gobernación, que dirigió durante el primer tripartito, se redujeron en dos millones de euros. Es más. Cuando tenía que visitar algún pueblo pequeño, conducía su propio coche oficial para no tener que gastar dinero en chófer (que, por otro lado, es de plantilla y cobra lo mismo trabaje o no). Y se hizo instalar una cama al lado del despacho para no derrochar el dinero del contribuyente en hoteles:

Joan Carretero tuvo siempre presente la dignidad del cargo que ejercía en el gobierno de su país. (Elogi de l’austeritat)

A pesar de tan ajetreada agenda, el consejero de Gobernación supo exprimir su tiempo al máximo para poder dedicarse incluso a actividades culturales. Por ejemplo la inauguración de la magna exposición Muntanyes en rebellia. Hug Roger III i la fi de la Catalunya comtal. Al susodicho Hugo III, un noble de irrelevante papel histórico, que jamás habría superado la barrera del anonimato sin el dinero nacionalista, se le pudo dedicar incluso un año: l’Any Hug Roger III. Con cargo al contribuyente.

Cuando dejó de servir a su "país" en la citada consejería, Joan Carretero siguió dando muestras de su elogiada austeridad. En estos momentos, este líder del secesionismo catalanista percibe unos emolumentos de 97.000 euros por dos horas diarias de trabajo en la sanidad pública catalana, sector que, con razón, el nacionalismo utiliza como ejemplo de la extrema necesidad en que se encuentran las arcas públicas catalanas y como argumento para reclamar, tras las balanzas fiscales, más de ese dinero que en otras regiones se malgasta.

Esa escasez de dinero y el expolio continuado que España practica sobre la caja registradora de la Generalidad catalana impulsaron a Carretero, que en 2004 fue acusado de prevaricación, a crear su pequeño cortijo, Reagrupament Independentista, desde el que propugna su solución para los problemas económicos del "país". En un texto titulado El Temps i la raó la exponía de esta manera:

Los partidos catalanes pretenden que la actualización del sistema de financiación implique un ligero respiro para las exhaustas finanzas de la Generalitat. La cosa pinta mal. Por eso convendría ir preparando el inevitable conflicto político con el Estado, única vía para escapar de este callejón sin salida con que España tiene acorralada a Cataluña. Con la dignidad, las ideas claras y el coraje que la situación del país requiere. (Avui, 28.8.08)

OPINION El nacionalismo y la pol ítica de Estado

Anxo Quintana sostiene que lo suyo es "política de Estado" y defiende que la razón de ser del nacionalismo es el bienestar de los ciudadanos. Es más, el vicepresidente de la Xunta gallega considera que la tal creación de bienestar es “lo que debe hacer” un partido nacionalista. Sostiene Anxo Quintana en una entrevista...

aparecida en el diario El País que el etnicismo busca el bienestar de los ciudadanos:

El proyecto nacionalista y de autogobierno sólo tiene sentido si, además de defender la identidad, se dedica a lo que debe: crear bienestar. (El País, 31.10.08)

En la semana del automóvil que han organizado algunas autonomías, la gallega entre otras, y con la resaca de las reformas millonarias en ciertos despachos, la proposición de Quintana se compadece mal con la realidad.

El gobierno del que forma parte el señor Quintana acaba de destinar a la “difusión internacional da cultura galega” en la feria del libro de La Habana 1,3 millones de euros, buena parte de los cuales, según hemos podido comprobar en el parlamento regional, se han ido en pagar mojitos en el bar del hotel donde se alojaba la ilustrada delegación enviada a la cosa.

El bienestar que proporciona el nacionalismo cuando tiene oportunidad de gestionar los recursos públicos se concreta en la retirada de inversiones de la economía productiva para desviarlas hacia fines innecesarios que además a menudo rozan lo ridículo. El gobierno regional del que Anxo Quintana forma parte es el que pretendió no hace mucho tiempo imponer a los fabricantes de juguetes que quieran vender sus productos en Galicia la obligación de que las muñecas hablen gallego.

El intervencionismo y la imposición de variadas cargas, tasas e impuestos más o menos revolucionarios es consustancial a la gobernación de un partido nacionalista, que tan pronto obliga a malgastar el dinero de los comerciantes con rotulaciones obligatorias, como interpreta que las huelgas se producen en España porque unas cuantas provincias todavía no han alcanzado la independencia.

Durante la última huelga de transportistas, el BNG colgó en su página web una encuesta que preguntaba:

¿Por qué los gallegos y las gallegas tuvieron que sufrir una huelga de transportistas tan larga?

Entre las opciones de respuesta figuraba la siguiente:

Porque Galiza carece dun Estatuto de Nación.

Cada vez más ciudadanos perciben la sinrazón y el despilfarro como las únicas propuestas reales del nacionalismo a la hora de gobernar. Sin embargo sus protagonistas son los tipos con mejor autoestima de todo el continente. Anxo Quintana, en la referida entrevista:

“Queremos hacer política de Estado”. (El País, 31.10.08)

OPINION ¿Subvenciona Carod o lo hacemos tú y yo?

Hoy verá usted muchos dedos mediáticos y políticos señalando a este hombre. Es lo más fácil. Lo más previsible. Pero no se  confunda. El responsable de las barbaridades que la Generalidad catalana comete a la hora de gestionar el dinero público no es

su actual vicepresidente. Ni Carod-Rovira es el único nacionalista que utiliza los recursos de todos para comprar voluntades, ni malgastar el presupuesto es un hábito que empezó en Cataluña hace cinco años.

Josep Lluis Carod es la guinda del pastel etnicista que padecemos en España desde que nuestra timorata transición, protagonizada por una izquierda incapaz de reconocer la realidad (mucho menos de cambiarla) y una derecha absurdamente autoinculpada, decidió regalarle a los cuatro nacionalistas mal contados que aparecieron por aquel entonces el avión, el combustible, la tripulación y hasta el pasaje, o sea, nosotros, los ciudadanos, para que se dedicaran a volar por encima de los intereses generales pillando cuanto encontraban a su paso.

Hoy encontrará usted montones de fotografías de Carod y su nombre será objeto de vivas polémicas en radios y televisiones. Pero no se confunda. El responsable de las peculiares subvenciones que el vicepresidente del gobierno regional catalán reparte de acuerdo con sus exclusivos intereses empezó su andaura hace ya treinta años.

Cuando PSOE y PP, a finales de los años 70, decidieron que los nacionalistas habían sido víctimas del franquismo a las que era preciso proteger, pusieron las bases del sistema clientelar de gestión económica que hoy practican todos los partidos nacionalistas (y algunas franquicias socialistas) en las regiones de nuestro país. Pero tampoco son los partidos mayoritarios los responsables exclusivos de las barbaridades que se comenten con el dinero público en la España actual. Como no lo es el chivo expiatorio habitual, es decir, la ley electoral en vigor.

El primer responsable de que Josep Lluis Carod se atreva a destinar casi 6.000.000 € a promocionar cosas como la federación "nacional" catalana de una cosa llamada "fistball" es el ciudadano que vota, a menudo tapándose la nariz, en favor de un sistema que le hurta su capacidad de decidir en el mismo momento en que deposita su voto en la urna.

Después de treinta años de espectáculo nacionalista no vale lanzar pelotas fuera, ni señalar a Carod como el gran derrochador del país, convirtiéndole en el muñeco diabólico de nuestro sistema político. El vicepresidente catalán es la consecuencia de lo que hemos venido consintiendo todos estos años, es tan solo el símbolo, la caricatura si se quiere, de aquello en lo que hemos convertido a nuestra nación.

OPINION La independencia como v ía para el saqueo de las arcas públicas

Después de marear la perdiz identitaria durante décadas, los nacionalistas muestran su carácter más genuino: el afán depredador. Porque nunca se ha tratado de defender unos derechos históricos más o menos inventados, ni de acabar con la inexistente agresión del "estado español" hacia algunas regiones, siempre las mismas. De lo que se trata en realidad es de quedarse con la mayor cantidad posible del dinero procedente de la caja de todos.

El verdadero fin del nacionalismo se nos ha mostrado en los últimos días en su apariencia más cruda con los 126 coches oficiales de que dispone el gobierno regional catalán, cifra ante la cual el coste del tuneado del automóvil de don Ernest Benach se queda ridículo; o con los dos millones de euros destinados a decorar el despacho del presidente regional gallego; o con los 480 millones de euros destinados al adoctrinamiento nacionalista a través de la televisión regional catalana.

Ancho de tragaderas, el nacionalismo ve la paja en el ojo ajeno pero hace verdaderas filigranas para hacer a un lado la viga del propio. Solo así se puede sobrevivir a tanto cinismo institucional en Cataluña, donde los medios de comunicación se apresuran a defender lo indefendible porque, más allá de la retórica identitaria, lo que se persigue es el expolio de los Presupuestos Generales del Estado.

Para el nacionalismo, los gastos suntuarios de sus dirigentes están más que justificados con la excusa de la "construcción nacional". Así analizan los creadores de opinión etnicistas el despilfarro nacionalista:

En España hay muchas personas que piensan que es una aberración que en Catalunya se hable una lengua oficial diferente de la española. O que es un disparate que tengamos instituciones propias. Y que se sienten ofendidas cuando se les explica que los políticos electos que presiden las instituciones catalanas se desplazan con coches oficiales de un cierto nivel, equipados incluso con una mesita plegable porque puedan teclear el portátil. ¡Qué se han creído estos catalanes malgastadores, que no paran de pedir más dinero y más competencias!

No es extraño pues que los medios españoles echen leña al fuego. La cantidad de tinta que han hecho derramar los extras del coche oficial del Presidente del Parlamento es un índice de la magnitud del problema que ha puesto de manifiesto: la profundidad de nuestra dependencia de España. (Francesc Codina, Extras i luxes)

Este texto fue publicado como un "análisis político" por el periódico barcelonés Avui, medio subvencionado generosamente desde el gobierno regional catalán.

Las balanzas fiscales de las Comunidades Autónomas: una concesión al nacionalismo

"No nos dejemos llevar por la racionalidad abstracta. Lo que verdaderamente está en juego es la integridad y la legitimación del Estado democrático en España, a la vez que la unidad y la dimensión del mercado interior nacional."

Las balanzas fiscales de las Comunidades Autónomas: una concesión al nacionalismo

Mikel Buesa Parece que con entusiasmo desbordante las principales fuerzas políticas de Cataluña, más allá de diferencias ideológicas, se han adscrito a la idea de que las balanzas fiscales son fundamentales para sustentar su actuación política. Sorprende esta unanimidad que nos obliga a evocar la vieja observación de Keynes quien, en las páginas finales de su Teoría general, anotó: «las ideas de los economistas…, tanto cuando son correctas como cuando están equivocadas, son más poderosas de lo que comúnmente se cree». E inmediatamente añadió que «los hombres prácticos, que se creen exentos por completo de cualquier influencia intelectual, son generalmente esclavos de algún economista difunto»; para después aludir a los políticos «que oyen voces en el aire, (y) destilan su frenesí inspirados en algún mal escritor académico de algunos años atrás».

No es difícil encontrar, en este caso, al economista difunto, al mal escritor académico cuyas ideas erróneas han alcanzado un poder inusitado. Su nombre no es otro que el de Ramón Trias Fargas, Catedrático de la Universidad de Barcelona estrechamente vinculado, a través del servicio de estudios del Banco Urquijo, con la promoción en España de la economía regional —antes, naturalmente, de engrosar las filas de Esquerra Democrática de Catalunya, partido que se integraría en la Convergencia de Jordi Pujol—. Fue, en efecto Trias Fargas quien, en 1972, publicó una Introducció a l’economia de Catalunya que se tradujo dos años más tarde al español y tuvo una indudable difusión entre los economistas y políticos de la época.En su obra, el profesor Trias Fargas, partiendo de algunos trabajos anteriores sobre la balanza de pagos de Cataluña, realizados dentro del ámbito académico de la Universidad Central de Barcelona, sostuvo que el ahorro generado en la región superaba a la inversión y que tal situación perjudicaba el desarrollo económico catalán. En vez de razonar el los términos de una economía abierta —y, en consecuencia, constatar que ese desequilibrio se tenía que compensar necesariamente con un superávit comercial—, prefirió hacer caso omiso de la relación externa de la región con los demás territorios de España; es decir, ignoró el verdadero motor de los negocios catalanes que estaba en la base del superior nivel de desarrollo de Cataluña: la venta de las mercaderías manufacturadas en la que ya entonces era la «fábrica de España» en un mercado interior protegido de la competencia internacional. Trias Fragas parecía más bien imbuido de una idea autárquica. Y, por ello, sostuvo que, para impulsar el crecimiento catalán, era necesario «ahorrar más y procurar perder el mínimo posible de nuestro ahorro fuera de Cataluña». Cómo lograrlo era, en su singular análisis económico, muy sencillo: bastaba disminuir al máximo el déficit fiscal regional que, con dudoso rigor contable, estimaba en el 48 por 100 de los ingresos obtenidos por la hacienda del Estado. O sea, se trataba de que los impuestos pagados por los catalanes se gastaran exclusivamente en Cataluña y no se transfirieran al resto de España. Note el lector que esta propuesta —que ha pasado sin variación alguna al pensamiento político común de las diversas variantes del nacionalismo catalán— lleva implícita una idea falsa pero muy atractiva para las personas ignorantes de las florituras del análisis económico: la promesa de hacer ricos a los catalanes sin que éstos tuvieran que hacer nada. Y, sobre esa base, Trias pretendió asentar un «nuevo regionalismo» de carácter populista en el que confluirían los intereses de «la Cataluña de los ricos y la Cataluña de los pobres», pues «cuando decimos que el ahorro catalán debe permanecer en Cataluña, decimos algo que le conviene al empresario… y decimos algo que igualmente conviene al asalariado». Ni que decir tiene que el profesor barcelonés, como todos los demagogos de esta especie, eludió el incómodo problema de la distribución de la riqueza diciendo que «una vez incrementada la renta regional, (ya) veremos cómo la repartimos». Y proclamó, con euforia irrefrenable, que «el catalanismo como exclusiva de la burguesía ha terminado». Dicho de otra manera, es obvio que, en las ensoñaciones de este intelectual, la lucha de clases, el conflicto de intereses entre capitalistas y asalariados, se desvanecía en la armonía universal de la nación reencontrada, de la etnia aislada y libre de las ataduras que, de momento, la mantenían unida a una España concebida como poder opresor ajeno a la tradición catalana. La propuesta del profesor Trias Fargas tuvo un indudable impacto entre las minorías políticas catalanas que, en aquellos años, se afanaban en la lucha contra el franquismo; y dado que esa propuesta impregnó tanto a la derecha como a la izquierda catalanista, no sería sorprendente que, en el imaginario nacionalista, la eliminación del déficit fiscal se identificara con el derrocamiento de la dictadura. Se expandió así un sentimiento victimista, una idea de expolio, el delirio de haber sufrido un despojo legendario, como si el resto de los españoles se hubieran aprovechado siempre de la laboriosidad de los catalanes. Quien con mayor claridad ha expresado esta idea es el también distinguido economista académico Xavier Sala i Martin, para el que «un argumento importante que se tendría que utilizar para valorar los costes y beneficios de la independencia —se refiere a la de Cataluña— es el déficit de la balanza fiscal… El beneficio principal, según dicen, es la “solidaridad interregional”. Pero una cosa es la solidaridad y otra que te roben la cartera». Pues bien, a partir de estas ideas simples y demagógicas, la cuestión de la balanza fiscal se convirtió en uno de los tópicos más relevantes en los que confluyeron los programas políticos de la derecha y la izquierda catalanista, incluyendo más tardíamente al socialismo. Y, puesto que, a partir de ellas, lo que se pretende argumentar es el saqueo de Cataluña, no sorprende que, como ha destacado el profesor Angel de la Fuente, «exista la tentación de utilizar las balanzas fiscales de manera demagógica, manipulándolas para excitar la indignación ciudadana ante agravios reales o supuestos con la esperanza de obtener rendimientos electorales». Llegados a este punto, conviene avisar al lector que, aún cuando en apariencia la discusión sobre las balanzas fiscales sólo versa acerca de la oportunidad de su publicación o de su limitada utilización al no tener en cuenta los flujos reales interregionales de bienes y servicios, las cosas se complican mucho más. Ello es así debido a las dificultades metodológicas que encierra el concepto de balanza fiscal. Éste se presenta muchas veces como un instrumento contable de carácter imparcial u objetivo. Sin embargo, debe aclararse que tal objetividad es también una ilusión, pues los economistas están aún muy lejos de haber establecido un consenso sobre el asunto, una metodología estandarizada para determinar cuál es la contribución de los ciudadanos residentes en cada región a los ingresos de las Administraciones Públicas, y los beneficios que esos mismos ciudadanos obtienen a partir de los gastos que realizan esas Administraciones. En efecto, sin ninguna pretensión de exhaustividad, se puede señalar que los gastos de las Administraciones públicas se pueden imputar a un territorio teniendo en cuenta cuál es la localización geográfica de su realización o bien considerando dónde viven sus beneficiarios. Por poner sólo un ejemplo, según el primero de esos criterios el coste de la base naval de Cartagena se atribuiría a Murcia, pero de acuerdo con el segundo habría que repartirlo entre todas las Comunidades Autónomas debido a que la actividad de ese establecimiento militar proporciona un servicio de defensa a todos los españoles. Pero las complicaciones no acaban ahí, pues, además, para cada partida de gasto hay que tener en cuenta un criterio de reparto regional; y muchas veces son varias las posibilidades entre las que elegir. Y con los ingresos ocurre lo mismo, pues una cosa es dónde se declaran los impuestos y otra muy distinta quién los paga. Todo ello hace que los resultados del cálculo puedan ser divergentes según sea el criterio de imputación empleado. Así, tomando en consideración el caso de Cataluña como ejemplo indicativo, el profesor Ramón Barberán demostró que el saldo fiscal de esta región, estimado según las diferentes reglas de cálculo utilizables, tiene un recorrido que va desde una cifra positiva equivalente al 0,4 por cien del PIB a otra negativa del 7,9 por cien de este agregado macroeconómico. Por tanto, para determinar cuál es el saldo fiscal de una región, son varias las orientaciones metodológicas que pueden seguirse y, paralelamente, varios los resultados que pueden obtenerse. Además, las metodologías se adscriben, en ocasiones, a las simpatías políticas de quien las adopta. Citemos a este respecto al profesor López Casasnovas, catedrático en la Universidad Pompeu Fabra, quien, con toda claridad, señala en uno de sus trabajos su interés en establecer, para el cálculo del saldo catalán, un «escenario soberanista… (con) derechos de recaudación y de participación en beneficios por parte de los diferentes territorios». En definitiva, en el actual estado de la investigación económica sobre este asunto, no es prudente lanzarse a la publicación oficial de las balanzas fiscales de las Comunidades Autónomas, toda vez que aún queda un amplio margen de discusión sobre su metodología contable. Más que realizar precipitadamente esas balanzas, el Ministerio de Economía debería nombrar un comité de expertos para tratar de llegar, en un plazo razonable, a las convenciones necesarias que hagan de esas balanzas un documento aceptable. Y, en ese mismo sentido, debería integrar las balanzas fiscales en un sistema completo de cuentas económicas que refleje la totalidad de los flujos económicos, reales y financieros, entre las diferentes regiones de España.

Pero no nos dejemos llevar por la racionalidad abstracta. Lo que verdaderamente está en juego, en este momento, con la discusión sobre las balanzas fiscales, es la integridad y la legitimación del Estado democrático en España, a la vez que la unidad y la dimensión del mercado interior nacional. Para entender esto, basta con tomar en consideración el hecho de que, como destacó en su día el profesor De la Fuente, tres cuartas partes de los flujos interregionales de ingresos y gastos derivados de la actividad del sector público son atribuibles exclusivamente a la redistribución personal de la renta —en virtud de la cual hay más equidad y se amortiguan las diferencias entre los ricos y los pobres que se derivan del mero funcionamiento del mercado, lo que, a su vez, legitima el sistema político y amplia el tamaño del mercado—; otro ocho por cien financia la creación de bienes públicos de carácter nacional y la regulación de la economía —haciendo que ésta corrija sus fallos de mercado—; y sólo queda una sexta parte para los gastos en los que cabe la aplicación de criterios discrecionales de reparto territorial.En consecuencia, en la práctica, el margen de actuación para aliviar supuestos agravios regionales —salvo que se quiera hacer más desigual la distribución personal— es demasiado estrecho como para satisfacer las aspiraciones nacionalistas. Si éstas, apoyadas en una visión simplista de los saldos fiscales, acabaran triunfando en el diseño de un nuevo sistema de financiación autonómica y se limitaran los flujos interregionales de ingresos y gastos públicos, ese margen puede verse sobrepasado. Entonces, el potencial de desarrollo económico de España, y de todas sus regiones, se estrechará; y, con él, las rentas de los ciudadanos y su nivel de vida. No sería sorprendente, entonces, que se levantaran voces contra el sistema que hubiera propiciado ese cambio, afectando así a la legitimidad de la democracia. Por ello, sería oportuno que quienes ahora nos gobiernan corrigieran el tortuoso rumbo que han emprendido y que nos puede conducir al desastre. (Publicado en ojosdepapel, 2.6.08)